copiado de REVOLUCIONES MÉXICO http://revolucionesmx.blogspot.mx/
Expansión vaticana
Libertad religiosa
B16: ¿pederastia, guerra?
AMLO: no a otro 2006
Julio Hernández López / Astillero
El jefe máximo de la Iglesia católica llega hoy a México para cumplir una agenda cuya principal finalidad es empujar la tesis de la libertad religiosa, que en lo inmediato busca que se le permita la propiedad de medios masivos de comunicación, la posibilidad de emitir opiniones sin cortapisas sobre asuntos públicos, la facultad de realizar rituales al aire libre sin necesidad de contar con permisos especiales y la formalización del derecho de los padres de familia de optar por educación expresamente religiosa.
Benedicto 16 se abre paso para efectos diplomáticos como jefe del Estado vaticano, pero en los hechos solamente actuará como líder religioso en plan de expansión. Hablará con Felipe Calderón sobre libertad religiosa y tendrá políticamente a sus pies a los tres principales candidatos a la Presidencia del país, a quienes no se dignó convocar a algún acto político o de Estado (nada de encuentros privados), sino solamente a la misa multitudinaria bajo la imagen de Cristo Rey, sometidos así expresamente al poder eclesiástico, dos por vocación y cálculo electoral (Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto) y uno más específicamente por lo segundo (Andrés Manuel López Obrador).
La visita del Papa cumplirá en lo inmediato al menos tres objetivos: impulsará y fortalecerá los ánimos derechistas cuando faltan 100 días para las elecciones mexicanas, en las que el calderonismo juega todas sus fichas a la posibilidad de la continuidad, y el priísmo persignado de Peña Nieto apuesta a retornar a Los Pinos con proyectos políticos solamente diferenciados del panismo en cuanto a matices; consolidará el proceso de reformas a los artículos constitucionales 24 y 40 que abren el paso a la concreción de la libertad religiosa que la Iglesia entiende como el segundo gran paso de contrarreforma después de las cesiones salinistas de 20 años atrás; y demuestra su gran poder político al congregar bajo su manto a los principales personajes mexicanos.
Aun cuando el vocero del Vaticano y el nuncio apostólico en México han precisado sin secretismo alguno el verdadero propósito del viaje papal, que es el de impulsar la mencionada libertad religiosa, es de esperarse que el señor Ratzinger agregue a los previstos discursos de voracidad política algunas referencias firmes e importantes sobre temas que a los practicantes de su fe, pero también a la sociedad entera, preocupan: por ejemplo, la pederastia y los abusos de poder que en México han tenido como máxima expresión abominable la del antaño tan venerado Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo (pero no solamente él, la geografía mexicana ofrece múltiples ejemplos de esos curas criminales, en expedientes silenciados como los que en su momento acusaron al propio cardenal Norberto Rivera de protección a pederastas).
Aun cuando el poder vaticano ha pretendido ignorar groseramente a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, como serían los múltiples denunciantes de Maciel, hay otros feligreses que esperan que Benedicto 16 sea capaz de zafarse de los arreglos políticos que lo trajeron a México y pronuncie palabras de aliento a las decenas de miles de mexicanos que han sufrido pérdidas familiares en la guerra felipista, e incluso de condena al uso persistente de la fuerza armada contra la población civil. Javier Sicilia y otros practicantes de la fe católica han equiparado lo que hoy sucede en un país con vejaciones, secuestros, torturas y asesinatos, con el cuerpo lastimado del propio Cristo.
Los aires clericales estilo retro (B16 viene montado en el recuerdo de las visitas de Juan Pablo Segundo y su ideario y propuestas hacen pensar a algunos en una especie de restablecimiento de la Edad Media) se acompañan por los recuerdos mexicanos del pasado que parece estar muy presente. Andrés Manuel López Obrador cerró un ciclo de persistencia política en condiciones terriblemente desventajosas, al registrarse como candidato de la izquierda electoral ante el IFE, luego del fraude de 2006 que, a pesar de la amorosidad con tendencias a la desmemoria que hoy usa el tabasqueño como estrategia de recomposición, fue puntualmente mencionado ayer.
López Obrador demandó a los integrantes de la actual cúpula del IFE que impidan los diversos factores que seis años atrás viciaron el proceso electoral y desembocaron en la construcción de un desenlace numérico que no fue aceptado por una activa franja social y que sumió a la nación en la actual crisis, con una división social intencionalmente creada, un retroceso en cuanto a desarrollo y una sostenida política de cercenamiento de derechos políticos y civiles, instalación del miedo como mecanismo de control social, y la guerra contra el narcotráfico (su utilización política y electoral, su pretexto para el uso de partidas presupuestales enormes bajo sospecha de manejo corrupto y la militarización bajo asesoría gringa del país entero).
A la huidiza Josefina Vázquez Mota también la persigue el pasado. Fue a Argentina y allá le reprocharon con mantas y consignas su beneplácito anterior hacia las políticas de Pinochet y Thatcher. Y ayer el rector de la UNAM, José Narro, le preguntó abiertamente si sigue considerando a la máxima casa de estudios como un monstruo, tal como escribió casi dos décadas atrás en su tesis profesional.
El ministro José Ramón Cossío, convertido en una especie de vocero oficioso de los sentimientos de Los Pinos, vaticinó que en el horizonte inmediato no está la liberación de Florence Cassez y advirtió que votará contra un eventual proyecto que prepare la ministra Sánchez Cordero con la intención de que la francesa salga de la cárcel por las mismas consideraciones ya desechadas en la sesión de este miércoles.
Y, mientras Calderón sigue coleccionando exoneraciones del IFE, ¡feliz fin de semana, con el tema tuitero #DesnudateparaelPapa reivindicando el derecho de cada quien al uso y disfrute de su cuerpo, contra tabús y pensamiento retrógrada!
B16: ¿pederastia, guerra?
AMLO: no a otro 2006
Julio Hernández López / Astillero
El jefe máximo de la Iglesia católica llega hoy a México para cumplir una agenda cuya principal finalidad es empujar la tesis de la libertad religiosa, que en lo inmediato busca que se le permita la propiedad de medios masivos de comunicación, la posibilidad de emitir opiniones sin cortapisas sobre asuntos públicos, la facultad de realizar rituales al aire libre sin necesidad de contar con permisos especiales y la formalización del derecho de los padres de familia de optar por educación expresamente religiosa.
Benedicto 16 se abre paso para efectos diplomáticos como jefe del Estado vaticano, pero en los hechos solamente actuará como líder religioso en plan de expansión. Hablará con Felipe Calderón sobre libertad religiosa y tendrá políticamente a sus pies a los tres principales candidatos a la Presidencia del país, a quienes no se dignó convocar a algún acto político o de Estado (nada de encuentros privados), sino solamente a la misa multitudinaria bajo la imagen de Cristo Rey, sometidos así expresamente al poder eclesiástico, dos por vocación y cálculo electoral (Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto) y uno más específicamente por lo segundo (Andrés Manuel López Obrador).
La visita del Papa cumplirá en lo inmediato al menos tres objetivos: impulsará y fortalecerá los ánimos derechistas cuando faltan 100 días para las elecciones mexicanas, en las que el calderonismo juega todas sus fichas a la posibilidad de la continuidad, y el priísmo persignado de Peña Nieto apuesta a retornar a Los Pinos con proyectos políticos solamente diferenciados del panismo en cuanto a matices; consolidará el proceso de reformas a los artículos constitucionales 24 y 40 que abren el paso a la concreción de la libertad religiosa que la Iglesia entiende como el segundo gran paso de contrarreforma después de las cesiones salinistas de 20 años atrás; y demuestra su gran poder político al congregar bajo su manto a los principales personajes mexicanos.
Aun cuando el vocero del Vaticano y el nuncio apostólico en México han precisado sin secretismo alguno el verdadero propósito del viaje papal, que es el de impulsar la mencionada libertad religiosa, es de esperarse que el señor Ratzinger agregue a los previstos discursos de voracidad política algunas referencias firmes e importantes sobre temas que a los practicantes de su fe, pero también a la sociedad entera, preocupan: por ejemplo, la pederastia y los abusos de poder que en México han tenido como máxima expresión abominable la del antaño tan venerado Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo (pero no solamente él, la geografía mexicana ofrece múltiples ejemplos de esos curas criminales, en expedientes silenciados como los que en su momento acusaron al propio cardenal Norberto Rivera de protección a pederastas).
Aun cuando el poder vaticano ha pretendido ignorar groseramente a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, como serían los múltiples denunciantes de Maciel, hay otros feligreses que esperan que Benedicto 16 sea capaz de zafarse de los arreglos políticos que lo trajeron a México y pronuncie palabras de aliento a las decenas de miles de mexicanos que han sufrido pérdidas familiares en la guerra felipista, e incluso de condena al uso persistente de la fuerza armada contra la población civil. Javier Sicilia y otros practicantes de la fe católica han equiparado lo que hoy sucede en un país con vejaciones, secuestros, torturas y asesinatos, con el cuerpo lastimado del propio Cristo.
Los aires clericales estilo retro (B16 viene montado en el recuerdo de las visitas de Juan Pablo Segundo y su ideario y propuestas hacen pensar a algunos en una especie de restablecimiento de la Edad Media) se acompañan por los recuerdos mexicanos del pasado que parece estar muy presente. Andrés Manuel López Obrador cerró un ciclo de persistencia política en condiciones terriblemente desventajosas, al registrarse como candidato de la izquierda electoral ante el IFE, luego del fraude de 2006 que, a pesar de la amorosidad con tendencias a la desmemoria que hoy usa el tabasqueño como estrategia de recomposición, fue puntualmente mencionado ayer.
López Obrador demandó a los integrantes de la actual cúpula del IFE que impidan los diversos factores que seis años atrás viciaron el proceso electoral y desembocaron en la construcción de un desenlace numérico que no fue aceptado por una activa franja social y que sumió a la nación en la actual crisis, con una división social intencionalmente creada, un retroceso en cuanto a desarrollo y una sostenida política de cercenamiento de derechos políticos y civiles, instalación del miedo como mecanismo de control social, y la guerra contra el narcotráfico (su utilización política y electoral, su pretexto para el uso de partidas presupuestales enormes bajo sospecha de manejo corrupto y la militarización bajo asesoría gringa del país entero).
A la huidiza Josefina Vázquez Mota también la persigue el pasado. Fue a Argentina y allá le reprocharon con mantas y consignas su beneplácito anterior hacia las políticas de Pinochet y Thatcher. Y ayer el rector de la UNAM, José Narro, le preguntó abiertamente si sigue considerando a la máxima casa de estudios como un monstruo, tal como escribió casi dos décadas atrás en su tesis profesional.
El ministro José Ramón Cossío, convertido en una especie de vocero oficioso de los sentimientos de Los Pinos, vaticinó que en el horizonte inmediato no está la liberación de Florence Cassez y advirtió que votará contra un eventual proyecto que prepare la ministra Sánchez Cordero con la intención de que la francesa salga de la cárcel por las mismas consideraciones ya desechadas en la sesión de este miércoles.
Y, mientras Calderón sigue coleccionando exoneraciones del IFE, ¡feliz fin de semana, con el tema tuitero #DesnudateparaelPapa reivindicando el derecho de cada quien al uso y disfrute de su cuerpo, contra tabús y pensamiento retrógrada!
Etiquetas: análisis nacional, Julio Hernández 
¿Do está el oro?: privatizado
Saqueo minero: manos libres
Pingües ganancias al capital
Carlos Fernández-Vega / México SA
Es inconcebible que nadie mueva un dedo para detener el salvaje saqueo minero que registra el país. Esta incalculable riqueza pertenece a los mexicanos pero, a la vista de todos y en connivencia con el gobierno federal, cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios nacionales y las de unas cuantas empresas foráneas, canadienses la mayoría de ellas, sin que a cambio la nación reciba beneficio alguno. Millones y millones de hectáreas concesionadas al gran capital del ramo, miles y miles de kilogramos de metales preciosos extraídos, enormes daños ecológicos provocados, miserables salarios pagados y condiciones laborales infrahumanas, a cambio de migajas, si bien va, para el denominado cuerno de la abundancia y sus habitantes.
Resulta aberrante lo que sucede. El gobierno federal consiente que ese pequeño grupo de consorcios, nacionales y extranjeros, devasten millones de hectáreas para que expriman al subsuelo de oro, plata y minerales diversos, abundantes en la geografía nacional, y quedarse íntegramente con esa riqueza. A cambio, tales empresas pagan (si en realidad lo hacen) entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, mientras los estados de la República ricos en recursos minerales no reciben un peso. ¿Hasta cuándo? Urge una modificación a la ley respectiva, para que la enorme riqueza minera del país beneficie a sus dueños originales. Se estima que 95 por ciento de la minería en el país corresponde a los grandes consorcios, y son ellos quienes se quedan con el pastel completo.
Un par de días atrás La Jornada (Juan Antonio Zúñiga) publicó un espeluznante recuento: en un negocio sin par, las empresas mineras extranjeras y nacionales que operan en México extrajeron 79 mil 388 kilogramos de oro puro en 2011, la mayor producción anual de este metal en por lo menos 31 años, según informó el Inegi. Paradójicamente, el país se convirtió ese año en el principal comprador de oro en el mundo, al adquirir 98 mil kilogramos de ese metal por un monto de 5 mil 300 millones de dólares, de acuerdo con cifras del FMI. La cantidad de oro extraído del subsuelo mexicano durante el año pasado fue 121 por ciento mayor a la obtenida al iniciar sus funciones el segundo gobierno surgido del PAN, cuando la producción anual fue de 35 mil 899 kilogramos en 2006. Pero el valor a precios del mercado internacional del oro extraído en 2011 fue superior en 476 por ciento al de cinco años antes. El precio de la onza troy de este metal se situaba en 629.79 dólares en diciembre de 2006, mientras en el mismo mes de 2011 se pagaban mil 640 dólares, lo cual implicó un incremento de 160 por ciento en la cotización del metal que desde hace 600 años constituye el delirio del mercantilismo. Así, el valor de la producción de oro mexicano en 2011 puede estimarse en alrededor de 4 mil 592 millones de dólares, mientras que la de hace cinco años se calcula en unos 797.5 millones de dólares, equivalentes a 17 por ciento de aquella con la que iniciara esta administración.
Como en este espacio se ha comentado, alrededor de 26 por ciento del territorio nacional (52 millones de hectáreas) ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, que pagan, si lo hacen, entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada. De acuerdo con la Cámara Minera de México, la empresa canadiense Goldcorp es la mayor productora de oro en el país, la cual no sólo se beneficia del metal nacional, sino del sostenido aumento del precio internacional (alrededor de 700 por ciento en los últimos ocho años) hasta llegar a un nivel histórico, al que ahora compra el gobierno federal, el mismo que concesiona las zonas mineras. Para dar una idea de qué se trata, la industria minera en México ha dejado atrás la industria turística en lo que a captación de divisas se refiere (en 2010, 15 mil 500 millones de dólares y 11 mil 900 millones, respectivamente), y se ubica sólo por debajo de las remesas (21 mil 300 millones). Casi 26 por ciento de la extracción minera en México es oro (alrededor de 4 mil millones de dólares sólo en 2010), y toda ella queda en manos de particulares concesionados, a quienes el gobierno federal les compra el oro mexicano con dinero de los mexicanos.
Ni de lejos parece ser el mejor de los negocios para los habitantes de este país, pero el calderonato insiste en la tesis, verdaderamente escalofriante, de que vamos por el camino correcto: con dinero de los mexicanos, atesora oro mexicano, extraído de minas mexicanas por trabajadores mexicanos, y lo compra a precios históricamente elevados a… empresas privadas, mayoritariamente extranjeras, concesionadas por el propio gobierno federal, para que extraigan el oro mexicano y lo exporten, en cantidades crecientes, a sus naciones de origen. ¿Qué tal?
Meses atrás, La Jornada también publicó lo siguiente: “tanto ha dado y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la citada estadística. En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila”.
Entonces, no será el gobierno calderonista el que detenga el saqueo. Por el contrario. Pero tampoco el Congreso mexicano, que nada ha hecho para detener el atraco. Menos los partidos políticos. De hecho, la única iniciativa para intentar que la nación obtuviera algún provecho de la riqueza minera (presentado en 2009 por el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra) fue rápida y directamente remitida al bote de la basura, aunque algunos ilusos creen que sólo está congelada. ¿Hasta cuándo?
Las rebanadas del pastel
El rector de la UNAM, José Narro Robles, propone que Josefina Vázquez Mota diga si la máxima casa de estudios es un monstruo. Bien, pero ¿qué la pregunta no debe ser al revés?
Pingües ganancias al capital
Carlos Fernández-Vega / México SA
Es inconcebible que nadie mueva un dedo para detener el salvaje saqueo minero que registra el país. Esta incalculable riqueza pertenece a los mexicanos pero, a la vista de todos y en connivencia con el gobierno federal, cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios nacionales y las de unas cuantas empresas foráneas, canadienses la mayoría de ellas, sin que a cambio la nación reciba beneficio alguno. Millones y millones de hectáreas concesionadas al gran capital del ramo, miles y miles de kilogramos de metales preciosos extraídos, enormes daños ecológicos provocados, miserables salarios pagados y condiciones laborales infrahumanas, a cambio de migajas, si bien va, para el denominado cuerno de la abundancia y sus habitantes.
Resulta aberrante lo que sucede. El gobierno federal consiente que ese pequeño grupo de consorcios, nacionales y extranjeros, devasten millones de hectáreas para que expriman al subsuelo de oro, plata y minerales diversos, abundantes en la geografía nacional, y quedarse íntegramente con esa riqueza. A cambio, tales empresas pagan (si en realidad lo hacen) entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, mientras los estados de la República ricos en recursos minerales no reciben un peso. ¿Hasta cuándo? Urge una modificación a la ley respectiva, para que la enorme riqueza minera del país beneficie a sus dueños originales. Se estima que 95 por ciento de la minería en el país corresponde a los grandes consorcios, y son ellos quienes se quedan con el pastel completo.
Un par de días atrás La Jornada (Juan Antonio Zúñiga) publicó un espeluznante recuento: en un negocio sin par, las empresas mineras extranjeras y nacionales que operan en México extrajeron 79 mil 388 kilogramos de oro puro en 2011, la mayor producción anual de este metal en por lo menos 31 años, según informó el Inegi. Paradójicamente, el país se convirtió ese año en el principal comprador de oro en el mundo, al adquirir 98 mil kilogramos de ese metal por un monto de 5 mil 300 millones de dólares, de acuerdo con cifras del FMI. La cantidad de oro extraído del subsuelo mexicano durante el año pasado fue 121 por ciento mayor a la obtenida al iniciar sus funciones el segundo gobierno surgido del PAN, cuando la producción anual fue de 35 mil 899 kilogramos en 2006. Pero el valor a precios del mercado internacional del oro extraído en 2011 fue superior en 476 por ciento al de cinco años antes. El precio de la onza troy de este metal se situaba en 629.79 dólares en diciembre de 2006, mientras en el mismo mes de 2011 se pagaban mil 640 dólares, lo cual implicó un incremento de 160 por ciento en la cotización del metal que desde hace 600 años constituye el delirio del mercantilismo. Así, el valor de la producción de oro mexicano en 2011 puede estimarse en alrededor de 4 mil 592 millones de dólares, mientras que la de hace cinco años se calcula en unos 797.5 millones de dólares, equivalentes a 17 por ciento de aquella con la que iniciara esta administración.
Como en este espacio se ha comentado, alrededor de 26 por ciento del territorio nacional (52 millones de hectáreas) ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, que pagan, si lo hacen, entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada. De acuerdo con la Cámara Minera de México, la empresa canadiense Goldcorp es la mayor productora de oro en el país, la cual no sólo se beneficia del metal nacional, sino del sostenido aumento del precio internacional (alrededor de 700 por ciento en los últimos ocho años) hasta llegar a un nivel histórico, al que ahora compra el gobierno federal, el mismo que concesiona las zonas mineras. Para dar una idea de qué se trata, la industria minera en México ha dejado atrás la industria turística en lo que a captación de divisas se refiere (en 2010, 15 mil 500 millones de dólares y 11 mil 900 millones, respectivamente), y se ubica sólo por debajo de las remesas (21 mil 300 millones). Casi 26 por ciento de la extracción minera en México es oro (alrededor de 4 mil millones de dólares sólo en 2010), y toda ella queda en manos de particulares concesionados, a quienes el gobierno federal les compra el oro mexicano con dinero de los mexicanos.
Ni de lejos parece ser el mejor de los negocios para los habitantes de este país, pero el calderonato insiste en la tesis, verdaderamente escalofriante, de que vamos por el camino correcto: con dinero de los mexicanos, atesora oro mexicano, extraído de minas mexicanas por trabajadores mexicanos, y lo compra a precios históricamente elevados a… empresas privadas, mayoritariamente extranjeras, concesionadas por el propio gobierno federal, para que extraigan el oro mexicano y lo exporten, en cantidades crecientes, a sus naciones de origen. ¿Qué tal?
Meses atrás, La Jornada también publicó lo siguiente: “tanto ha dado y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la citada estadística. En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila”.
Entonces, no será el gobierno calderonista el que detenga el saqueo. Por el contrario. Pero tampoco el Congreso mexicano, que nada ha hecho para detener el atraco. Menos los partidos políticos. De hecho, la única iniciativa para intentar que la nación obtuviera algún provecho de la riqueza minera (presentado en 2009 por el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra) fue rápida y directamente remitida al bote de la basura, aunque algunos ilusos creen que sólo está congelada. ¿Hasta cuándo?
Las rebanadas del pastel
El rector de la UNAM, José Narro Robles, propone que Josefina Vázquez Mota diga si la máxima casa de estudios es un monstruo. Bien, pero ¿qué la pregunta no debe ser al revés?
Etiquetas: análisis nacional, Carlos Fernández-Vega, economía
El trabajo sucio de García Luna
Jorge Carrasco
Durante el régimen del PRI, cada gobierno tuvo sus encargados de hacer el trabajo sucio para la defensa del sistema autoritario y que se disfrazaba con el nombre de seguridad del Estado. Eso mismo es lo que han hecho los dos gobiernos del PAN con Genaro García Luna.
Cuando Vicente Fox, en 2001, le entregó la corrupta y temida policía de la Procuraduría General de la República –la Policía Judicial Federal– para convertirla en la Agencia Federal de Investigación (AFI) no hizo más que simular, con un simple cambio de nombre, la transformación de esa vieja corporación a una “policía científica e investigadora”.
Como en su momento hicieron los directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) o el más conocido jefe de la Policía del DF, Arturo El Negro Durazo, García Luna se encargó de defender los intereses de los gobernantes en turno, también a nombre de la seguridad del país.
Con la diferencia de que ya no se trata de corporaciones perdidas en oscuros organigramas –pues eso cambió en el último tramo del sistema priista– las actuales instituciones de seguridad no difieren mucho en los métodos de “investigación” del antiguo régimen. García Luna se ha encargado de preservarlos.
Los montajes sobre detención de delincuentes y no delincuentes no los inventó el ahora secretario de Seguridad Público. Lo que sí, los perfeccionó acorde con la era mediática.
Durante el sexenio pasado, con un repunte del secuestro a cuestas y una fuerte presión en la opinión pública sobre las actividades de su esposa, Marta Sahagún, y los hijos de ésta, Fox le dio libertad a García Luna y a sus hombres para operar a sus anchas.
Durante la pasado administración, cada que arreciaban las críticas al gobierno foxista o se encontraba en medio de una crisis, el ingeniero salía a dar “resultados”.
El más evidente ocurrió en septiembre de 2005. Cuando el gobierno de Fox estaba rebasado por la caída del helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el ingeniero sacó un as de la manga: la liberación del exfutbolista argentino Rubén Omar Romano.
El rescate a cargo de la AFI se dio a conocer en el momento oportuno. Las versiones sobre un atentado por parte de la delincuencia organizada dominaban entre la opinión pública. Así es que había que salir, rápido, con una demostración de autoridad, de fuerza. García Luna hizo ese trabajo y de paso ponía a su corporación como una policía efectiva y eficiente.
En ese impulso político mediático fue que urdió el montaje de la detención de Florence Cassez. Era diciembre de 2005 y el gobierno de Fox requería dar muestras de tener el control de la seguridad del país porque en ese año había comenzado la vorágine de la violencia del narcotráfico.
Durante la campaña presidencial, el ingeniero le hizo el trabajo a Calderón. Servidor de un gobierno del PAN estaba interesado en mantener el control del poder por parte de ese partido.
Calderón lo premió y quiso encumbrarlo como superpolicía. Le dio la secretaría de Seguridad Pública, le entregó 36 mil hombres para la Policía Federal y le puso “los juguetes” de “una superpolicía científica e investigadora”. Pero no pudo darle el control de todas las policías del país a través del Mando Único ni la unificación de mandos entre las corporaciones policiacas federales.
García Luna tuvo casi todo, incluido el caro favor del duopolio televisivo. Pero ahora se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera policial. Ha quedado expuesto como violador no sólo del debido proceso judicial, sino de la Constitución.
Ese señalamiento, hecho en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz del caso Cassez, le puede hacer más daño que las intrigas palaciegas, las malquerencias de los militares o de las filtraciones periodísticas sobre sus alegados acuerdos con la delincuencia.
El ingeniero no entendió que por más hombres, recursos tecnológicos o protección política a su favor, en una separación de Poderes, sus actos como policía tarde o temprano serían revisados por otro Poder. Su jefe, Felipe Calderón, tampoco creyó que eso pudiera pasar.
Aunque no hay nada definitivo respecto al asunto Cassez, ya hay evidencias públicas de la actuación abusiva y manipuladora de la policía que comando García Luna. Y ya hay una mayoría legal de ministros que resolvió sobre la existencia de violaciones constitucionales, lo que prefigura, por lo menos, malos ratos para el secretario.
Durante el régimen del PRI, cada gobierno tuvo sus encargados de hacer el trabajo sucio para la defensa del sistema autoritario y que se disfrazaba con el nombre de seguridad del Estado. Eso mismo es lo que han hecho los dos gobiernos del PAN con Genaro García Luna.
Cuando Vicente Fox, en 2001, le entregó la corrupta y temida policía de la Procuraduría General de la República –la Policía Judicial Federal– para convertirla en la Agencia Federal de Investigación (AFI) no hizo más que simular, con un simple cambio de nombre, la transformación de esa vieja corporación a una “policía científica e investigadora”.
Como en su momento hicieron los directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) o el más conocido jefe de la Policía del DF, Arturo El Negro Durazo, García Luna se encargó de defender los intereses de los gobernantes en turno, también a nombre de la seguridad del país.
Con la diferencia de que ya no se trata de corporaciones perdidas en oscuros organigramas –pues eso cambió en el último tramo del sistema priista– las actuales instituciones de seguridad no difieren mucho en los métodos de “investigación” del antiguo régimen. García Luna se ha encargado de preservarlos.
Los montajes sobre detención de delincuentes y no delincuentes no los inventó el ahora secretario de Seguridad Público. Lo que sí, los perfeccionó acorde con la era mediática.
Durante el sexenio pasado, con un repunte del secuestro a cuestas y una fuerte presión en la opinión pública sobre las actividades de su esposa, Marta Sahagún, y los hijos de ésta, Fox le dio libertad a García Luna y a sus hombres para operar a sus anchas.
Durante la pasado administración, cada que arreciaban las críticas al gobierno foxista o se encontraba en medio de una crisis, el ingeniero salía a dar “resultados”.
El más evidente ocurrió en septiembre de 2005. Cuando el gobierno de Fox estaba rebasado por la caída del helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el ingeniero sacó un as de la manga: la liberación del exfutbolista argentino Rubén Omar Romano.
El rescate a cargo de la AFI se dio a conocer en el momento oportuno. Las versiones sobre un atentado por parte de la delincuencia organizada dominaban entre la opinión pública. Así es que había que salir, rápido, con una demostración de autoridad, de fuerza. García Luna hizo ese trabajo y de paso ponía a su corporación como una policía efectiva y eficiente.
En ese impulso político mediático fue que urdió el montaje de la detención de Florence Cassez. Era diciembre de 2005 y el gobierno de Fox requería dar muestras de tener el control de la seguridad del país porque en ese año había comenzado la vorágine de la violencia del narcotráfico.
Durante la campaña presidencial, el ingeniero le hizo el trabajo a Calderón. Servidor de un gobierno del PAN estaba interesado en mantener el control del poder por parte de ese partido.
Calderón lo premió y quiso encumbrarlo como superpolicía. Le dio la secretaría de Seguridad Pública, le entregó 36 mil hombres para la Policía Federal y le puso “los juguetes” de “una superpolicía científica e investigadora”. Pero no pudo darle el control de todas las policías del país a través del Mando Único ni la unificación de mandos entre las corporaciones policiacas federales.
García Luna tuvo casi todo, incluido el caro favor del duopolio televisivo. Pero ahora se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera policial. Ha quedado expuesto como violador no sólo del debido proceso judicial, sino de la Constitución.
Ese señalamiento, hecho en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz del caso Cassez, le puede hacer más daño que las intrigas palaciegas, las malquerencias de los militares o de las filtraciones periodísticas sobre sus alegados acuerdos con la delincuencia.
El ingeniero no entendió que por más hombres, recursos tecnológicos o protección política a su favor, en una separación de Poderes, sus actos como policía tarde o temprano serían revisados por otro Poder. Su jefe, Felipe Calderón, tampoco creyó que eso pudiera pasar.
Aunque no hay nada definitivo respecto al asunto Cassez, ya hay evidencias públicas de la actuación abusiva y manipuladora de la policía que comando García Luna. Y ya hay una mayoría legal de ministros que resolvió sobre la existencia de violaciones constitucionales, lo que prefigura, por lo menos, malos ratos para el secretario.
