Veracruz
Minería tóxica*
Eckart Boege y Emilio Rodríguez
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA
El
“boom minero” implica, desde el punto de vista de las economías
nacionales, la cabal recreación de “economías de enclave”, como
expresión extrema de espacios socioproductivos estructuralmente
dependientes
Horacio Machado, Maristella Svampa y otros en 15 mitos y realidades de la minería trasnacional en Argentina
El
desarrollo es un banquete con escasos invitados, aunque sus
resplandores engañan, y los platos principales están reservados a las
mandíbulas extranjeras
Eduardo Galeano
A mediados de 2010 se logró constituir la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental
como un espacio de discusión, análisis y defensa del ambiente en el
estado de Veracruz. No partimos de cero. Redes, grupos, organizaciones y
comunidades sostenían ya desde tiempo atrás la defensa ambiental de
sus territorios. La lucha urbana popular, la academia comprometida con
la sociedad, la creatividad artística y estudiantil también formaban
parte importante en nuestras filas. Ese mismo año asumimos en colectivo
la tarea de frenar el Proyecto Minero Caballo Blanco de la empresa
canadiense Goldgroup Mining Inc que se perfilaba como la primera mina a
cielo abierto de oro y plata en nuestra entidad, y la primera en el
mundo frente a una planta nuclear.
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Parte vital de esta lucha
fue acercarnos a redes y organizaciones con experiencia en el campo.
Como integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales,
buscamos y encontramos a organizaciones que nos compartieran su
experiencia y conocimientos; a la postre, esa búsqueda nos llevó a
formar parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y
del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).
Teníamos una labor complicada:
la empresa minera acababa de adquirir el cien por ciento de las
acciones del proyecto, y con ello, el trabajo que por 12 años las
empresas mineras antecesoras habían realizado con el gobierno del
estado y con las comunidades aledañas al proyecto, para adquirir la
licencia social ofreciendo empleos y desarrollo. Ese mismo año Fidel
Herrera Beltrán se iba de la gubernatura declarando “Veracruz tiene
tanta suerte pues además de ganarse el premio mayor de la Lotería,
ahora nos sacamos la mejor mina de oro del mundo”.
FOTO: Archivo
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A inicios de 2011 se
presentó una coyuntura que nos llevó a elevar el perfil del caso para
sostenerlo en la opinión pública estatal, acercarnos a la Cámara de
Senadores para exponer el problema y crecer en número como opositores
al proyecto minero. Mientras el accidente nuclear en Fukushima, Japón,
llevó a varios países a clausurar sus programas en la materia, para
nuestro país significó voltear a ver el desempeño de la Central Nuclear
Laguna Verde (CNLV).
Descubrimos que la empresa minera trabaja de manera ilegal,
pues no cuenta con los permisos ambientales para la apertura de
caminos y traslocación de especies. Los académicos se dieron cuenta de
que la empresa le mintió a la autoridad ambiental con el tipo de clima
de la zona, con lo que hizo caso omiso de la NOM-120 y no presentó una
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de exploración. Ingresamos una
denuncia ciudadana contundente en febrero de 2012 pero hasta el
momento no tenemos respuesta.
Sabíamos que la MIA de
explotación era inminente; la empresa declaraba a sus inversores como
año de extracción del mineral el 2012. A finales de 2011, después de que
la empresa presentó el estudio en las oficinas centrales de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
articulamos esfuerzos en torno al limitado proceso de consulta pública y
reunión pública informativa que ofrece la autoridad ambiental.
Los argumentos de los
científicos que analizaron la MIA para opinar la no conveniencia de
aprobar el proyecto fueron contundentes. La empresa no mostró los
riesgos acumulativos al devastar un macizo forestal importante para el
centro de Veracruz. El lugar en que se abriría un enorme tajo de 320
metros de profundidad alberga un santuario de cícadas protegidas con
ejemplares adultos que podrían tener unos dos mil 500 años de edad.
Estas plantas están asociadas con vegetación relictual de encinos
tropicales del pleistoceno y con sitios arqueológicos (fortalezas
prehispánicas) por lo que el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) ha definido este sitio de interés arqueo-botánico, lo
que convierte a esta zona como “restrictiva” para cualquier cambio de
uso del suelo.
Los especialistas
señalaron que estos ensambles ecosistémicos no pueden ser sustituidos
por simples procesos de traslocación y reforestación en otros sitios.
En la zona además se encuentra uno de los fenómenos biológicos más
importantes del planeta: en un estrecho 20 kilómetros entre la montaña y
la costa, todos los años migran hasta cinco millones de aves en el
llamado “Río de rapaces”. La perturbación de la actividad minera sobre
los ecosistemas y las aves sería mayúscula.
Especial preocupación se expresó por la cercanía del proyecto a la infraestructura de servicios
ya existente en la zona: tres kilómetros respecto de la
nucleoeléctrica Laguna Verde, dos kilómetros respecto de los gasoductos
de Petroleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y
a 500 metros de distancia de las líneas de alta tensión de la Comisión
Federal de Electricidad, así como de la única carretera estratégica
que une el norte con el sur del país.
Ninguna nación en el mundo
ha aprobado un proyecto de esta envergadura junto a una
nucleoeléctrica y menos dentro de una zona donde llegan todos los años
varios huracanes de intensidad creciente por el cambio climático. Desde
varios sectores académicos, de la sociedad y del gobierno se ha opinado
que, de aprobarse el proyecto, la seguridad nacional estaría en
riesgo.
En resumen, para obtener
menos de un metro cúbico de oro en total, se abriría un tajo de la
magnitud de ocho estadios Azteca, se depositarían 80 mil toneladas de
material “inerte” (residuos tóxicos) en un lugar llamado tepetatera, se
utilizarían 70 hectáreas para el procesamiento de los minerales, se
emplearían seis mil 500 toneladas de cianuro y 35 mil toneladas de
explosivos. Esta industria extractiva no genera cadenas de producción
permanentes, condición para poder detonar algún proceso de desarrollo
económico para la región, en este caso Goldgroup promete 350 empleos
directos por siete años, dejando a la deriva los seis mil empleos que
brinda la ganadería, principal actividad económica de la zona. Tampoco
hay ingresos directos para el municipio y el estado en materia de
regalías.
Ante el peligro y los riesgos para la sociedad y los ecosistemas que implica la minería tóxica
y en especial junto a la nucleoeléctrica, logramos convencer a la
sociedad que este tipo de proyectos no son viables para Veracruz ni
para México en conjunto. La argumentación fue contundente, y la
sociedad civil, estudiantes, artistas, la academia, el Congreso y el
gobierno del estado se manifestaron en contra del proyecto minero. La
presión política social que se generó hizo que la Semarnat llevara a
tope el plazo legal para dar el resolutivo. Un día antes de que se
agotara el tiempo Goldgroup decidió retirar el estudio, para no tener un
resolutivo negativo y así mantener la confianza con sus inversores,
misma que pende de un hilo, pues sus acciones cayeron 80 por ciento
durante el proceso de la consulta pública y evaluación del proyecto.
Hoy día nos mantenemos
alertas al reingreso de la MIA por parte de la empresa canadiense y sus
promotores en México, Minera Cardel y Candymin, y sostenemos nuestras
exigencias a la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) y Secretaría de Economía:
1.- Reparación de los
daños ambientales por la exploración del proyecto. 2.- Cancelación del
proyecto minero por seguridad nacional y protección del patrimonio
histórico natural. 3.- Declarar una veda minera-tóxica en el estado,
por razones ambientales, sociales y económicas. A pesar de las altas
ganancias de las empresas trasnacionales no hay ningún beneficio a la
población local, regional, estatal ni nacional. 4.- Detener y cancelar
el otorgamiento de concesiones en territorios indígenas y de Áreas
Naturales Protegidas.
Los veracruzanos hemos
vivido la transformación ambiental del estado, hoy día nos queda cerca
del cinco por ciento de la cobertura forestal original. La industria
petrolera, motor principal de nuestra economía, se ha sostenido con un
costo ambiental muy alto. Nuestro estado, como el país, no soportaría
una actividad tan riesgosa y costosa. Existen poco más de 206 mil
hectáreas concesionadas de minería tóxica (oro, plata, cobre, fierro,
azufre, etcétera) en el estado, en la sierra de Chiconquiaco y Sur.
Inaugurar esta actividad en el territorio veracruzano sería poner en
entredicho el futuro de las generaciones actuales y futuras. Veracruz
no tiene vocación minera.
*La minería tóxica utiliza, libera y genera tóxicos, y puede ser a cielo abierto, subterránea o submarina.
Baja California Sur
Breve historia del movimiento
contra la minería tóxica*
Juan Ángel Trasviña Aguilar
Presidente de Medio Ambiente y Sociedad, AC / Rema
Baja
California Sur (BCS) es un paraíso con bellezas singulares y lo
demuestra categóricamente la fortaleza del sector turístico en la
estructura económica local; sin embargo, nuestro estado está amenazado
por las trasnacionales mineras que han puesto su mira en la zona sur:
la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna y sus alrededores, donde
pretenden instalarse varios mega proyectos de minería tóxica.
En esta Sierra, se
encuentra el único bosque de pino-encino del estado, así como gran
diversidad de especies de flora y fauna, incluidas endémicas, amenazadas
y en peligro de extinción. A ello se suma la riqueza más importante de
la Sierra: el agua que abastece las necesidades de casi 80 por ciento
de los habitantes del estado, pues mientras que en el resto de los
municipios de La Paz y Los Cabos se reciben de 10 a 15 centímetros
anuales, en la Sierra se registra hasta más de un metro de lluvia. Por
ello, la Sierra La Laguna es de importancia vital para nuestra
existencia, y por todas estas razones, el 6 de junio de 1994, en el Diario Oficial de la Federación
se publicó el “Decreto por el que se declara como área natural
protegida con el carácter de reserva de la biósfera, la región conocida
como Sierra La Laguna, ubicada en los municipios de La Paz y Los
Cabos, Estado de Baja California Sur.”
Sin embargo, el 22 de
mayo de 1997, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (Semanap), hizo caso omiso del decreto que, entre
otras condicionantes, establece: “(…) queda prohibido verter o
descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de
corriente o depósitos de agua, y desarrollar actividades
contaminantes.” De manera ilegal y subrepticia, esta Secretaría emitió
autorización en materia de impacto ambiental a favor de la empresa
Paredones Amarillos, propiedad de la canadiense Vista Gold, a fin de
que llevara a cabo el proyecto a cielo abierto denominado Paredones
Amarillos, ubicado dentro del Área Natural Protegida Sierra La Laguna,
para extraer un total de 202 millones de toneladas de mineral, con un
promedio de 80 mil toneladas diarias, de las cuales 11 mil las
lixiviarían con cianuro y las 69 mil restantes las desecharían a un
costado de la mega excavación, por ser material “estéril”, esto es,
pobre en oro, pero rico en arsénico y metales pesados.
A partir de esa
fecha se emitieron una serie de extensiones, prórrogas y permisos,
igualmente ilegales. Afortunadamente, debido a la baja en el precio del
oro, no resultó rentable iniciar la explotación y la empresa postergó
los trabajos, con la anuencia y el silencio de todos los implicados.
En 2009, al
percatarnos que los grupos recientemente constituidos no contaban con
información completa sobre el tema, integramos a expertos en diversas
áreas de minería y medio ambiente, y constituimos Medio Ambiente y
Sociedad, AC, con el objetivo de informar, educar y concientizar, con
datos oficiales y fundamentos técnico-científicos que mostraran en
imágenes y cifras el grave impacto ambiental, social y económico que
representarían éste y otros mega proyectos de minería tóxica.
Con tal bagaje, accedimos a funcionarios, políticos y estudiantes
de todos los niveles, asociaciones, clubes, y población en general, y
la información empezó a generar un cambio radical en la percepción de
estos proyectos, incluyendo al entonces gobernador, la presidenta
municipal y algunos funcionarios y legisladores. Un claro ejemplo es el
de la actual presidente municipal de La Paz, en ese entonces diputada
federal, quien al enterarse de los impactos negativos del proyecto
Paredones Amarillos, presentó un punto de acuerdo en contra. También,
esto propició que, de una u otra manera, se manifestaran en contra
diversas organizaciones empresariales: cámaras de comercio y de
turismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)
Los Cabos, el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de la
Construcción; asociaciones de médicos, abogados, ingenieros y
arquitectos; sindicatos, como la Sección Democrática del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el de Telefonistas, y
Clubes, como Leones, Madrugadores y otros.
Ante la creciente
oposición de la población, la empresa minera trató de “limpiar” su
imagen, organizando una asociación civil (AC) con pro mineros de la
zona, cambiando a Concordia el nombre del proyecto, y sustituyendo al
ex delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), quien fungía como director del proyecto. Pero eso
no hizo ninguna mella en el movimiento y continuamos con más de 200
conferencias y pláticas en todos los ámbitos, repartiendo folletos
informativos y algunas entrevistas en radio y televisión.
También, en
coordinación con otros grupos, organizamos talleres, foros, festivales,
tianguis de productores regionales en colonias populares y un proyecto
gráfico de “Muros contra minas”, al que se han sumado artistas y
voluntarios. En enero de 2010, la coalición de grupos convocó a la
población para formar un SOS en una playa de Los Cabos, evento al que
asistieron más de 10 mil personas, cifra muy significativa, ya que en
todo el estado apenas superamos los 600 mil habitantes. Posteriormente
se realizó una marcha de Los Cabos a La Paz, y en el periodo de
elecciones logramos que los cuatro candidatos a gobernador firmaran una
carta-compromiso de rechazo total a estos proyectos en BCS.
En el 2011, en un
encuentro técnico-científico de nuestro grupo con los expertos de Vista
Gold, en dos sesiones evidenciamos las fallas en sus estudios y su
imposibilidad para probar que eran una empresa sustentable; con ello se
consolidó la posición de no otorgarles los permisos locales.
Como resultado de
nuestras pláticas en las comunidades rurales, se constituyó la AC
llamada En Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable,
con habitantes de todas las poblaciones de la Delegación de Los Planes,
quienes están directamente amenazados por dos proyectos: San Antonio,
de Minera La Pitalla, propiedad de Meridian Gold, y Picacho Blanco, de
Minera Cacachilas y La Cieneguita, al parecer, propiedad de una
inversionista extranjera ligada a Walmart.
En febrero del 2012,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) convocó
la reunión pública de La Pitalla, pero previamente habíamos reunido
casi siete mil firmas para exigirla; además de que la reunión tuvo una
asistencia récord en el país. La población llegó hasta la distante sede
y al final la farsa de quienes representaban a la empresa hartó a la
ciudadanía y el grito de “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!” hizo que los
directivos salieran por la puerta trasera.
EXIGE CONOC NUEVA POLÍTICA AGROALIMENTARIA
El pasado 9 de abril poco más de 2 mil campesinas y campesinos agrupados en el Consejo Nacional de Organizaciones
Campesinas (CONOC) realizaron una movilización que marchó del Monumento a la Revolución a la Secretaría de
Gobernación para demandar “un cambio de fondo en la política agroalimentaria que revalore la agricultura campesina”. FOTO: Enrique Pérez Suárez / ANEC
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En un nuevo intento, Vista Gold se asoció con Invecture Group,
empresa supuestamente “nacional”, pero con presidente canadiense, y
rebautizaron el proyecto como Los Cardones. Iniciaron una agresiva
campaña publicitaria con información engañosa tratando de convencer a
la población, pero ésta no ha caído en la trampa, ya que conoce las
consecuencias de la mega minería tóxica. Una muestra fue la reciente
consulta pública, donde a pesar del dinero que invirtieron, reunieron
pocas personas y tuvieron que llevar a los niños de primaria y
secundaria de las antiguas poblaciones mineras (El Triunfo, San
Antonio). Aún así continuaron siendo minoría y la población asistente
los abucheó y apabulló, incluido a quien presentó el proyecto de la
minera y fue desmentido por los expertos y científicos, y cuestionado
razonadamente por la población en general.
Para finalizar:
Sabemos que esta es una lucha a largo plazo, y por ello es de
importancia vital la educación y concientización de las jóvenes
generaciones para que asuman y continúen la defensa de la Sierra La
Laguna y rechacen los proyectos de mega minería tóxica; pues mientras
no se modifique la leonina y apátrida legislación, totalmente favorable
a estos proyectos y violatoria de nuestros derechos constitucionales,
no se deberá bajar la guardia ante la creciente amenaza de estas
empresas, ya sean trasnacionales o “nacionales”, pues sus negativos
impactos son similares.
*La
explicación de por qué se la llama tóxica, se debe a que usan millones
de litros de sustancias tóxicas y peligrosas como el cianuro, sosa
cáustica, ácido sulfúrico, etcétera y a la vez liberan millones de
kilos de arsénico, plomo, cadmio, cromo, etcétera, tóxicos que se
encuentran de manera natural en el mineral aurífero, pero que si no se
fracturara la matriz pétrea que los ha retenido durante millones de
años, se quedarían en donde siempre han estado. |
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