Es preocupante la pretensión de la Secretaría de Gobernación de recuperar un texto donde la Cocopa revisaba su iniciativa de ley elaborada el 29 de noviembre de 1996, un documento que no existe formalmente, toda vez que la comisión legislativa lo retiró el 9 de enero de 1997 y nunca lo dio a conocer al EZLN. Aunque la Secretaría de Gobernación lo incorporó a la discusión porque lo considera útil como una segunda vía, lo cierto es que su efecto es contraproducente, puesto que enrarece el debate y desgasta a la Cocopa.
De la misma manera, en poco ayuda a crear un clima favorable para el proceso de paz el presentar como un acuerdo entre la Cocopa y el coordinador del diálogo y la negociación el discutir las observaciones del gobierno federal al texto jurídico de la Cocopa. Tal y como lo han señalado distintos integrantes de la comisión legislativa, no le corresponde a ésta debatir el contenido de las observaciones gubernamentales ni hacer llegar la propuesta gubernamental al EZLN, puesto que esto es función de la Conai. Colocar a la Cocopa en una posición en la que tenga que revisar la iniciativa de ley que elaboró de común acuerdo entre las partes, y en estricto apego a lo pactado en San Andrés, implica hacerla perder tanto autoridad como la posibilidad de que funcione como aval.
Para no incrementar la crispación política y la desconfianza entre las partes, se requiere de transparencia en el diálogo. En un tema tan debatido en la opinión pública como este, sería conveniente que el gobierno federal hiciera públicas sus nuevas observaciones al texto de la comisión legislativa y que explicara si éstas se ajustan o no a lo acordado en San Andrés. Asimismo, se hace necesario no caer en la tentación de repetir la vieja política de tratar de achicar a la Cocopa y a la Conai, porque cualquier negociación de paz -y la referida a Chiapas no es la excepción- requiere de instancias mediadoras y coadyuvantes fuertes, prestigiadas y coordinadas. Ellas son la garantía de que ninguna de las partes pueda omitir sus compromisos y regresar a las armas, y operan como un indispensable canal de comunicación entre los contendientes.
En este sentido, resulta inevitable notar una contradicción en el discurso del gobierno federal, el cual, por una parte, rechaza tajantemente la posibilidad de aceptar entidades mediadoras internacionales para el conflicto chiapaneco, pero por otra, resta eficacia y obstaculiza la tarea de la Conai y la Cocopa, acaso sin considerar que, rebasadas estas instancias, no quedaría más remedio que recurrir a la mediación extranjera.
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