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16 de marzo de 2013 Número 66 Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Suplemento Informativo de La Jornada |
VenezuelaHugo Chávez y las utopías campesindias
 FOTO: Bernardo Londoy |
María del Sol Atencio y Gabriel Hernández García ENAH
Uno
de los grandes proyectos históricos del gobierno de Hugo Chávez fue la
erradicación del latifundio agrario, con un plan basado en la
profundización y ampliación de las condiciones para garantizar la
seguridad y soberanía alimentarias. A partir de la promulgación de la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en 2001, se ha buscado asegurar el
acceso de los alimentos a la población por medio de la regulación, el
seguimiento y la evaluación de políticas en materia de comercio,
industria, mercadeo y distribución de alimentos.
Esta política agraria ha tenido, entre la población venezolana, una aceptación de casi 80 por ciento
a lo largo de 14 años de gobierno, pero a la vez provocó la
movilización de las fuerzas opositoras provenientes, por supuesto, de la
oligarquía y la derecha política que vieron afectados sus privilegios
sobre miles de hectáreas de tierras en condiciones improductivas. La
política de repartición paulatina de tierra a los campesinos y a los
afrodescendientes, y sobre todo la restitución de los territorios
ancestrales arrebatados en tantos años de colonialismo e imperialismo a
los pueblos indígenas, fue uno de los motivos que llevó a la oposición
a llevar a cabo un golpe de Estado en abril del 2002.
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En los años del gobierno
chavista, se recuperaron más de seis millones de hectáreas de tierras
en manos del llamado latifundio improductivo, las cuales fueron
convertidas en unidades de producción social, principalmente
cooperativas rurales. La meta del gobierno chavista a mediano y largo
plazos era reconstruir la capacidad productiva del campesinado
venezolano, para así avanzar hacia el autoabastecimiento nacional y la
ruptura de la dependencia alimentaria a las grandes corporaciones
trasnacionales. Y más allá de ello, inspirado en los ideales
bolivarianos, generar excedentes para apoyar solidariamente a otros
países latinoamericanos que no hubieran desarrollado su capacidad de
autoabasto.
Como la historia nos lo ha mostrado, todo proceso revolucionario es perfectible
y lo que ocurre en Venezuela no es la excepción. A pesar de que en
amplios sectores de la izquierda venezolana se asumía que las
transformaciones agrarias impulsadas por Chávez significaban un profundo
avance en el programa de la justicia social, era para todos sabido que
en el seno de la revolución bolivariana se expresaba una profunda
contradicción y que dichas transformaciones no podrían ser
materializadas al interior de los límites del capitalismo. La
revolución popular y el chavismo navegaron en el arte político de
administrar esta contradicción estructural; al respecto, señaló Alan
Woods: “La distribución de la tierra es una vieja aspiración de los
pobres en el campo venezolano. Los campesinos desean trabajar la tierra
y mejorar su nivel de vida. Pero esta aspiración justificada se
enfrenta a la feroz resistencia de los grandes terratenientes, que,
junto con los banqueros y los grandes capitalistas, constituyen la
piedra angular de la oligarquía venezolana. En Venezuela no es posible
ningún avance real hasta que se haya roto el poder de esta oligarquía.
Esa es la importancia real de la revolución agraria”. (La revolución agraria en Venezuela, 2005).
Para ciertos sectores de
la izquierda, estos avances eran considerados como modestos y
reformistas, mientras que simultáneamente, la derecha acusaba al Estado
de adoptar medidas comunistas e invadir el sacrosanto e inherente
derecho a la propiedad privada. El chavismo regularmente avanzó en
medio de estos dos fuegos, pero siempre de la mano de un pueblo que
supo cómo organizarse, aprovechando el carisma de un dirigente nacional
cercano a las causas populares.
Apenas en 2010, con el
objetivo de fortalecer la producción del campesinado, el gobierno de
Hugo Chávez creó la Gran Misión AgroVenezuela, cuyo objetivo ha sido
fortalecer la producción nacional y la actividad agraria en el país,
por medio del apoyo técnico, financiero y logístico destinado a los
sujetos rurales. Pero más que “un programa social”, se trata de un
proceso que incluye a quienes históricamente fueron excluidos y que da
voz a los que siempre fueron callados. Según la postura oficial: “Esta
misión surge en el contexto de los efectos del cambio climático y del
desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela; con ella se busca
otorgar a los productores agrarios los medios y la tecnología necesaria
para terminar con la dependencia a las trasnacionales y los grandes
capitales, logrando un cambio del modelo de producción capitalista en
el campo por un modelo de producción social y con conciencia
ambiental”.
Por otro lado, en lo que
respecta a los derechos históricamente negados de los pueblos indígenas
venezolanos, es digno de mencionarse que en 1999 se reconoció por
primera vez en la historia de Venezuela su carácter multiétnico y
pluricultural, incluyéndose en la Constitución Bolivariana de ese año
un capítulo dedicado a los derechos de estos pueblos. En 2001 entró en
vigor la Ley Orgánica de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras
de los Pueblos Indígenas y en 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas, que ampliaron el marco de los derechos humanos a
los pueblos originarios, según lo reconoció el Grupo Internacional de
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
Pero la gran resistencia de los latifundistas del país al proceso revolucionario
se ha expresado en feroces e incesantes ataques a los pueblos
indígenas organizados. Un ejemplo de esta situación es el caso del
líder de la resistencia del pueblo yukpa, Sabino Romero, quien
luego de arduas luchas por los territorios ancestrales de su pueblo,
fue asesinado el pasado 3 de marzo por los grandes terratenientes del
estado de Zulia, quienes detentan el poder económico y político de la
región. Este hecho, que no es aislado, significa un gran reto para el
gobierno venidero y que amerita la seria atención del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, las autoridades judiciales y
el gobierno nacional.
En el futuro escenario de
un gobierno chavista ya sin Chávez, corresponde a quienes conducen el
proceso revolucionario y sobre todo a los amplios sectores populares
que se han convertido en sujetos de su propia historia, profundizar el
proceso de transformación y depurar las contradicciones que podrían
poner en riesgo las conquistas innegables que ha logrado el socialismo
bolivariano. La moneda está en el aire: la producción y reproducción de
la vida o la imposición de la muerte que deja a su paso el mundo
capitalista.
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