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sábado, 21 de abril de 2012

MARIO ARTURO ACOSTA CHAPARRO, UNO DE LOS MILITARES MÁS CORRUPTOS, SANGUINARIOS Y CRUELES QUE HA HABIDO EN LA HISTORIA DE MÉXICO, MURIÓ HOY ASESINADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO


copiado de LA JORNADA   http://www.jornada.unam.mx

Ejecutan en el DF al general Mario Acosta Chaparro

México, DF. Desde una motocicleta hombres armados dispararon en la cabeza del general Mario Arturo Acosta Chaparreo Escapite, uno de los encargados de realizar operaciones represivas en contra de la guerrilla de Lucio Cabañas y otros grupos opositores al gobierno en las décadas de los 80 y 90.
De acuerdo con información de fuentes militares, el atentado en contra de Acosta Chaparro se realizó en calles de la colonia Anáhuac, en el Distrito Federal, cuando viajaba a bordo de su camioneta y desde una motocicleta un hombre abrió fuego en su contra.


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La Cruz Roja Mexicana confirmó en un comunicado la muerte de Mario Arturo Acosta Chaparro, quien al momento de brindarle los primeros auxilios “e encontraba aún con signos de vida.
El organismo informó recibió una llamada alrededor de las18:21 horas para atender a una persona reportada con impactos de bala en las calles de Lago Como y Lago Trasimeno de la colonia Anáhuac. Al llegar al lugar, señaló, Acosta Chaparro se encontraba aún con vida; sin embargo, durante su traslado al área de Urgencias del Hospital Central de Cruz Roja Mexicana falleció.
Acosta Chaparro fue indiciado en el año 2002 por delitos contra la salud por su presunta vinculación con grupos del crimen organizado, especialmente con el cártel de Juárez que dirigía Amado carrillo Fuentes, pero fue exonerado al igual que el general Antonio Quiroz Hermosillo.

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copiado de PROCESO   http://www.proceso.com.mx

Vinculado a hechos oscuros, dejó múltiples pendientes con la justicia



MÉXICO, D.F. (apro).- El general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro quedó con muchos pendientes con la justicia.
Fue acusado de la desaparición forzada de 143 personas en la guerra sucia en Guerrero durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356).
Además de tortura, se le acusó de haber participado en “los vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), disuelta a finales del sexenio de Vicente Fox y encabezada entonces por Ignacio Carrillo Prieto, abrió una averiguación previa contra el militar por su presunta responsabilidad en esas desapariciones, pero declinó a favor del fuero militar. Los tribunales castrenses absolvieron al acusado.
En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre al menos 482 casos de desaparecidos durante la guerra sucia, la mayoría de Guerrero, aparecían 50 personas que colaboraron con Acosta Chaparro cuando era director de todas las corporaciones policiacas del estado.
El general todavía operó oficialmente en el sexenio de Carlos Salinas, cuando fue integrado a la efímera coordinación de Seguridad Nacional, al mando del ya fallecido Arsenio Farell Cubillas.
En el sexenio de Ernesto Zedillo se le vinculó con la matanza de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, donde décadas antes fue jefe policial del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas en 1974.
El entonces secretario de asuntos jurídicos del PRD y posteriormente procurador de Justicia de la Ciudad de México, Samuel del Villar, exigió la declaración del general brigadier con base en un video con las declaraciones de Virgilia Galeana García, quien señala la presencia de Acosta Chaparro en el lugar de la matanza, y al que señaló de haber estado “camuflado” con un traje de la Policía Judicial del Estado. La denuncia no prosperó.
En 1990, el general brigadier plasmó sus conocimientos sobre la guerrilla en el estudio titulado Movimiento subversivo en México, de más de 300 páginas, con listas, gráficas y análisis sucintos de la guerrilla mexicana, que abarcaba algo más de tres décadas.
Según su escrito, hasta 1981 los cuerpos de seguridad e investigación, encargados de mantener el control sobre los factores subversivos en el país, desempeñaron una labor de neutralización efectiva, ya que prácticamente fueron exterminados los focos de insurrección que representaron una serie de problemas entre 1973 y 1977.
Como general brigadier, en 1995 entregó sus archivos al Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la que luego editó en un tomo de 300 páginas como Manual de ambientación sobre el levantamiento zapatista(Proceso 978).
La parte final, de 30 páginas, a manera de epílogo, la dedicó al EZLN y criticó la incapacidad de los servicios de inteligencia por no haber detectado las maniobras de entrenamiento de los zapatistas.
El escritor Ricardo Garibay, en su libro Fascinante y terrible Acapulco, describió así a Acosta Chaparro:
“El teniente coronel no bebe gota de alcohol; su gente dice que es durísimo pero justiciero; sabe la Biblia sobre los delincuentes, mafias de drogas y activistas de todas denominaciones; le va a sus manos y a nadie más, lo cual significa que confía sólo en su memoria y destreza, y es capaz de sacarle el hilo en unos cuantos minutos a un intríngulis criminal, o de ver conexiones secretas entre 20 sucesos aislados de una maraña guerrillera…”
Desde 1984 su nombre comenzó a ser vinculado al narcotráfico, primero en documentos de la DEA y del FBI (Proceso 483), y después por el Departamento de Justicia estadunidense, cuando se le señaló como protector del presunto tráfico de estupefacientes y lavado de dinero destinado a las cuentas de Mario Ruiz Massieu en el Texas Comerce Bank.
La carrera de Acosta Chaparro como militar experto en antisubversión se interrumpió cuando fue encarcelado en el 2000, acusado de narcotráfico.
El 30 de agosto de ese año fue detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra, bajo el cargo de tener vínculos con el narcotráfico.
Ambos habían participado en la Brigada Blanca antiguerrillera a principios de la década de los setenta. Antes habían estado en la Escuela de Paracaidistas y posteriormente en la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial.
Tiempo después, fueron comisionados en la Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta encargada el espionaje, la represión y la tortura de las personas considerada subversivas.
En 1974, como miembros de un agrupamiento especial creado para resolver el secuestro del entonces senador Rubén Figueroa, fueron enviados al estado de Guerrero.
Para entonces, llevaban ya 10 años de trabajar de manera estrecha en Inteligencia Militar. Posteriormente Acosta Chaparro se quedó como jefe de la policía del gobernador Rubén Figueroa hijo, era, decían “la pistola de Figueroa Figueroa”.
Fue en el crepúsculo del gobierno de Ernesto Zedillo, y cuando el gran amigo de ambos, el general Enrique Cervantes Aguirre, era secretario de la Defensa, fueron acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez.
La Procuraduría de Justicia Militar los detuvo resultado de una investigación iniciada en 1988 por la Procuraduría General de la República –averiguación previa PGR/056/96–, cuyo desglose fue turnado a la Procuraduría Militar en julio de 1999.
Tanto Quirós Hermosillo como Acosta Chaparro aparecían en la indagatoria SC/003/99/E de la Procuraduría de Justicia Militar como presuntos responsables de haber brindado protección al cártel de Juárez, entonces encabezado por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
En el desglose turnado a la Procuraduría de Justicia Militar, además de los señalamientos que los involucró con el narcotráfico, se les culpó de ejecuciones extrajudiciales que datan de cuando estuvo al frente de las policías de Guerrero, con Figueroa Figueroa, donde actuó contra lo que quedaba de la guerrilla, y de su paso por la Brigada Blanca.
Testimonios de militares y civiles a la Procuraduría General de Justicia Militar, integrados al expediente SC/034/2000/IV/IE-Bis, confirmaron la forma como en los años setenta los guerrilleros o sus simpatizantes, capturados por militares, eran tiroteados y arrojados al mar desde un avión, algunos de ellos todavía con vida.
Los cadáveres eran depositados en bolsas de lona, rellenas de piedras, y subidos a un avión tipo Arava, matrícula 2005, del entonces escuadrón 301.
El expediente les fue abierto por el delito de homicidio calificado de 143 personas por las campañas armadas en Guerrero, cuando Acosta Chaparro estaba adscrito a la Brigada de Fusileros Paracaidistas y, posteriormente, comisionado en la dirección de la policía estatal.
Era de conocimiento popular que en los pozos de Copacabana o debajo del desarrollo turístico de Punta Diamante, construido sobre lo que fue el fraccionamiento Copacabana, en Acapulco, había cadáveres de personas que nunca fueron identificadas y cuyas muertes fueron atribuidas a los colaboradores de Acosta Chaparro.
“Todo mundo sabía que los que hacían eso eran judiciales, al mando de Mario Arturo Acosta Chaparro, como (Herminio Díaz) Tumalán y otro llamado Mario Hernández, apodado Zorrillo”, recordaba entonces Salvador Zacarías Flores, líder del PRD que en su juventud fue aficionado al surfing y que tuvo la oportunidad de ver restos humanos en esa área.
Para fundamentar las acusaciones contra los militares por hechos sucedidos durante la guerra sucia –concretamente en el periodo en el que Acosta Chaparro fue el encargado de las corporaciones policiacas en Guerrero, cuando era gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981)–, la investigación castrense recurrió al menos a diez militares que declararon haber sido testigos de los asesinatos presuntamente cometidos por ellos.
El testigo protegido, Gustavo Tarín Chávez, exmilitar que colaboró con Acosta en Guerrero, y después en Veracruz, contó: que Quirós y Acosta escogían a los detenidos que eran sentados en una silla, donde se les decía que les iban a sacar la “foto del recuerdo”. Y que se les disparaba en la nuca con una pistola calibre .380, a la que Quirós nombró “la espada justiciera”. Que los cuerpos eran metidos en bolsas de lona y se colocaban en el Arava, a veces 12, 14 o 16 cadáveres, y eran lanzados al mar.
El declarante acusó directamente a Acosta Chaparro: “Habrá ejecutado personalmente a unas 200 personas, por supuesto, con la autorización del general Quirós Hermosillo”.
Para los familiares de desaparecidos el general es el demonio.
La fundadora del Comité Eureka Prodefensa de Presos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, Rosario Ibarra de Piedra, lo señalaba por la saña con que torturaba.
“Ellos saben exactamente dónde están los desaparecidos; ellos tienen que responder a la nación. De nuevo los señalamos con índice acusador y queremos que todo el pueblo lo haga junto con nosotros”, dijo entonces a
Proceso.

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