Memoria americana
versión On-line ISSN 1851-3751
Mem. am. n.17-2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jul./dic. 2009
ARTÍCULOS ORIGINALES
La participación indígena en las guerras insurgentes de la nueva España. Guerra y política en el caso de las Huastecas.Indigenous participation in new Spain's war of Independence . War and politics in the Huastecas
Antonio Escobar Ohmstede
Centro en Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México. E-mail: ohmstede@ciesas.edu.mx.
Resumen
El análisis de la segunda década del siglo XIX, momento en que se dan las guerras insurgentes en la Nueva España y comienza la proliferación de ayuntamientos en las zonas rurales debido a la expedición de la Constitución gaditana, ha sido marcado por la historiografía mexicanista a partir de un análisis separado de ambos procesos, sin embargo, ambos influenciaron a las sociedades del México republicano. De esta manera el objetivo de este artículo es observar la manera en que la creación de ayuntamientos en algunos pueblos de las Huastecas, no respondió forzosamente a un hecho político o social sino a una geografía militar por parte de los comandantes realistas, con el fin de acceder a hombres, bastimentos y control de territorios. Aspecto que no descarta las implicaciones del surgimiento del ayuntamiento en los pueblos de indios, donde se readecuaron las jurisdicciones territoriales y políticas-administrativas, además que planteó la reducción de los gobiernos indios. Palabras claves: Indígenas; Constitución; Ayuntamientos; Elites; Conflictos armados.
Abstract
The analysis of the second decade of the Nineteenth Century, the time when there were wars of independence in New Spain and the beginning of the proliferation of ayuntamientos in rural areas because of the Gaditan Constitution, marked the Mexican historical narratives as if they were different processes. Nevertheless, both influenced republican Mexico. The purpose of this article is to observe how the creation of ayuntamientos in some town in the Huastecas didn't respond to a political or social fact but to a military geography well known by the royal commanders so they could men, food, and territorial control. All those aspects also helped to the creation of the indigenous ayuntamientos where the territorial jurisdictions and local administrative policies were reshaped and the indigenous governments reduced. Key words: indigenous people; constitution; ayuntamiento; elites, conflict.
Introducción
A fines de la primera década del siglo XX, las diversas autoridades locales, regionales y nacionales en México, así como los Colegios de profesionales e individuos fueron considerando y planeando qué tipo de actividades se desarrollarían para festejar el Centenario de la "gesta heroica" llevada a cabo por Miguel Hidalgo y José María Morelos, que llevó a la independencia a una de las más ricas colonias que había poseído España en la América (Mayagoitia 2001). El gobierno liberal y positivista de Porfirio Díaz (1876-1910) difundió algunos planteamientos de cómo se deberían desarrollar las celebraciones, formándose Juntas encargadas de coordinar tal acontecimiento. Los Colegios organizaron reuniones para evaluar lo hecho anteriormente en diversas materias, sosteniendo que el gobierno porfirista era el parteaguas en la historia de la "naciente" nación en términos jurídicos, económicos, políticos y sociales. México vivía, desde la perspectiva de muchos intelectuales y de los hombres del gobierno, un momento de progreso y tranquilidad, visión que en 1910 se confrontaría con una realidad muy diferente, cuando se inició la que se ha considerado la primera revolución social del mundo, llamativamente 100 años después que se levantaran las huestes encabezadas por Hidalgo y Morelos. Los procesos independentistas de los diversos países que hoy conforman la América Latina han sido profusamente estudiados desde décadas1; en México no solamente por las obras de aquellos considerados como los historiadores decimonónicos: Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala, Carlos María de Bustamante, Niceto de Zamacois y la historia positivista que produjo México a través de los siglos2, sino por la historiografía contemporánea mexicanista (Ávila y Guedea 2007). Paulatinamente se han ido dejando los modelos de la historia nacional y los diversos estudiosos comenzaron a buscar explicaciones en lo "regional", teniendo como marco los procesos generales de la independencia. Lo que podemos considerar ahora es que realmente no hubo una independencia en lo que posteriormente conoceremos como México, sino muchas y con diversos matices, aunque varios autores prefieren hablar de "guerras de independencia". No debemos dejar de lado que las estructuras mentales de aquellos actores sociales que vivieron las primeras tres décadas del siglo XIX habían sido formadas durante el periodo colonial tardío y, aunque fueron sensibles a los cambios de la época, los discursos y concepciones de la realidad o de las realidades fueron poco cambiantes.
Con base en lo anterior, el objetivo de este artículo es mostrar una explicación regional respecto a lo acontecido en las primeras décadas del siglo XIX en torno al papel de los indígenas en la insurgencia y la formación de ayuntamientos emanados de la Constitución de 1812, tomando como escenario las actuales Huastecas hidalguense, potosina y veracruzana, ubicadas al noreste de la capital mexicana (véase mapa). Se encuentra dividido, por lo tanto, en tres apartados que mostrarán una visión sobre cómo se ha abordado la temática en la historiografía, el tipo de población y finalmente el estudio de caso.
Debo aclarar que la idea antes mencionada, con sus respectivos matices, ha sido abordada por Antonio Annino (1995), Claudia Guarisco (2003), Virginia Guedea (1996), Moisés Guzmán (2000 y 2003) y José Antonio Serrano (1999 y 2001), quienes han mostrado la necesidad de vincular lo acontecido en el momento gaditano (1812-1814 y 1820-1821) con la guerra, las condiciones materiales de la Nueva España , el comercio, la conformación de una "nueva" cultura política y la autonomía. Sin embargo, habría que matizar la insistencia sobre la búsqueda de la autonomía, palabra que parece abarcar cualquier intento de control de los recursos naturales, procesos y estructuras políticas, actividades económicas, etc., por parte de los actores sociales; en sí, el concepto de autonomía abarca cualquier aspecto de separación más no de independencia. Hay que considerar que en los pueblos de indios, las formas de gobernabilidad en muchos casos estaban fuera del control y acceso por parte de los funcionarios reales locales, por lo que administraban sus bienes y sus formas de gobierno con bastante "autonomía" aun antes de las implicaciones del proceso gaditano, la reorganización y nueva jerarquización territorial y de los conflictos armados dados en la Nueva España.
Las Huastecas en el periodo colonial tardío Elaborado por: Ricardo A. Fagoaga Hernández
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Tendencias dentro de la historiografía
Se ha considerado que las reformas borbónicas impactaron de diversa manera en el continente americano. En el caso de la población indígena, se buscó que contribuyeran de una manera más eficaz en el sustento fiscal de la Corona por medio de los tributos y. en 1792, a través de la alcabala (Silva y Escobar Ohmstede 2000; Escobar Ohmstede y Fagoaga 2005). En casi todo el territorio americano los pueblos de indios realizaron una defensa de las costumbres y tradiciones recreadas desde "tiempo inmemorial", en el sentido de observarlas como una respuesta a las alteraciones y cambios de las reformas acaecidas a fines del siglo XVIII. Muchas de estas sobrevivieron al menos durante la primera mitad del siglo XIX, aun cuando en el momento en que se pusieron en marcha los parámetros gaditanos para la reorganización político-administrativa y, posiblemente por el momento de guerra que estaba viviendo la Nueva España encontramos poca resistencia a este proceso. Como una herencia de la constitución gaditana, los indígenas pasaron de ser "súbditos" a "ciudadanos" o "conciudadanos", aunque este último concepto llevaba consigo varias características, entre ellas la de ser propietarios privados, ser practicantes y conocer las normas de la religión católica, así como el saber leer y escribir, lo que implicaba no solamente una actitud política sino de integración a una sociedad que pretendía ser igualitaria. Sin embargo, esta igualdad ciudadana, se dio básicamente en el papel, aun cuando no podemos obviar la que realmente permeó a las sociedades novohispanas, que fue la igualdad fiscal (Jáuregui 2006; Escobar Ohmstede 2007a).
Hay que considerar que en los momentos previos y durante el desarrollo de las guerras insurgentes, España enfrentó una invasión y la imposición de un emperador, así como la oposición y resistencia a éste de diversos sectores de la península. A su vez, se recrearon a la par órganos políticos como las Juntas y después las Cortes, las que plasmaron a través de la Constitución (1812 y 1820) formas de organización política (ayuntamientos) que existían en algunas ciudades, pero no en ámbitos fuera de ellas, caracterizados por una realidad compleja, variable y tensa. Con esto no queremos decir que no hayan existido formas de gobernabilidad en los pueblos de indios o en los pueblos mixtos de la Nueva España. Por el contrario, intentamos observar qué papel tuvieron los ayuntamientos y las fuerzas beligerantes en la conformación de los primeros, así como identificar los elementos que estuvieron presentes en una geopolítica militar, tomando en cuenta el papel de los gobiernos indios y de los miembros de los grupos locales de poder.
Con base en lo anterior, tanto Alicia Hernández (1993) como Juan Ortiz y José Antonio Serrano (2007), han considerado que el proceso de "reunir" a mil habitantes y la creación de los ayuntamientos fueron las piezas claves para la estabilidad social, expresándose las tensiones económicas y sociales a través de la política. Pareciese que la hipótesis de estos autores es que a la población o al "pueblo" le interesó participar en las elecciones de manera casi masiva concentrándose en las localidades, así como a aquellos sectores de "notables" acceder a un control y manejo local "político", el cual seguramente les redituaba menos que el comercio, la tierra y las redes clientelares. Posiblemente este hecho se dio en las zonas que han estudiado estos autores, aunque en el caso del espacio social que aquí presentamos, podríamos considerar la hipótesis de que los ayuntamientos se sobrepusieron a las formas organizativas indígenas, utilizándolas no solamente para la acción política, sino para la militar. También para acceder a los diversos bastimentos y dinero que necesitaban las tropas realistas y que no se obtenían de manera expedita a través de los subdelegados o gobernadores indios. Sin embargo, la nueva organización política-administrativa no constituyó en sí misma una forma de control sobre la población ni sobre los recursos naturales.
Llama la atención que no solamente aquellas cabeceras indias de las Huastecas donde existían el número pertinente de almas, sino también las que se encontraban incrustadas estratégicamente en caminos, rutas y zonas productivas -aun cuando no contaran con el requisito de población- fueron las que obtuvieron la categoría de ayuntamiento, inclusive las que estaban alejadas de cualquier camino, pero que se encontraban en rutas alternas frente a las principales. Asimismo, los destacamentos realistas y los organizados a través de los hacendados, funcionarios civiles y eclesiásticos tuvieron como encomienda mantener los flujos comerciales y proteger las remesas de productos manufacturados, además de las propiedades que tenían un alto potencial agrícola y ganadero, por lo que surge la interrogante de si la proliferación de los ayuntamientos rurales novohispanos respondió a la construcción de una geografía militar más que responder de manera directa a lo dictado por la Constitución de 1812 en términos políticos y de igualdad. Una primera respuesta es que más allá del aspecto de la construcción de una cultura o sociabilidad política observada a través de las elecciones para las nuevas instancias de gobernabilidad, para las Diputaciones Provinciales o para los representantes a las Cortes, los ayuntamientos también ocasionaron una nueva manera de concebir la territorialidad y el espacio en donde se movían los diversos actores sociales, aspecto que parece desarrollarse y atenuarse más después de la segunda etapa gaditana y con la independencia política de la Nueva España con respecto a la metrópoli (Salinas 2007).
En el proceso histórico que estamos abordando, un aspecto central fue el denominado "pueblo", no en términos de lo que implicaba para los pensadores políticos sino en lo que era su expresión social. En este sentido, un elemento importante para el análisis de las insurgencias y de la proliferación de los ayuntamientos gaditanos es lo que se entendía por "pueblo" y quiénes lo componían. Sin embargo ¿de dónde surge esta necesidad de entender el papel de los diversos sectores en los variados momentos y fases de las insurgencias novohispanas? Debemos considerar que una de las grandes preocupaciones de la historiografía, al menos desde la década de 1950 en adelante, fue entender lo que se denominó como "pueblo"3. Un buen ejemplo del inicio de esta situación fue el trabajo de Luis Villoro (1953), quien revalorizando lo acontecido en 1808 en la Nueva España les dio un lugar importante a los sectores populares, desligándolos de lo que únicamente se había considerado hasta entonces, esto es, las elites criollas inconformes por el sistema colonial. Sin embargo, han sido los estudios de la llamada historia regional los que han aportado mucho más en torno a la participación popular en las insurgencias novohispanas. Los trabajos, entre otros, de Brian Hamnett (1990), John Tutino (1990)4, Juan Ortiz Escamilla (1997) y Eric van Young (1992 y 2006) le dieron un relieve a lo "popular" y al análisis de las motivaciones de los insurgentes y realistas en la guerra; mientras que los dos primeros interpretaron el (los) movimiento(s) insurgente(s) desde diversos espacios que confluyeron en experiencias sociales de diversos sectores sociales, políticos, económicos y culturales. Ortiz Escamilla observa los intentos de participación política de los pueblos, por lo que su objetivo se centra en el papel de las elites regionales, tanto en la conformación de las milicias como en el discurso autonomista de los pueblos, apuntando a la negociación que se dio entre las elites a través de una creciente "concientización regional". Por su parte, Van Young analiza las motivaciones de los actores sociales y el por qué ciertos individuos se ligaron a los insurgentes o a los realistas o sencillamente trataron de mantenerse neutrales. Los cuatro autores identifican qué pueblos de indios con características semejantes e inmersos en una misma dinámica económica optaron por vías diferentes a la hora de decidir si se unían a la rebelión o mantenían su lealtad a la Corona , como reiteradamente lo hicieron en la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y en otras poblaciones importantes de la Nueva España5.
Es así que lo que lo que nos muestran dichos autores es que la mayoría de los indígenas -fuera de manera individual o como importantes grupos de los pueblos- que formaban parte de los contingentes insurgentes tenían objetivos más locales y materiales que "nacionales", tales como mantener cierta coherencia y orden dentro de sus localidades frente a los agentes externos e internos. Esta tendencia la han seguido, entre otros, los trabajos de Peter Guardino (1996 y 2007), Antonio Escobar Ohmstede (1998 y 2002), Michael Ducey (2004), Edgar Mendoza (2004) y José Alfredo Rangel (2006), quienes desde perspectivas regionales muestran como en el caso de los actuales estados de Guerrero, Oaxaca y las Huastecas los pueblos lograron establecer alianzas con otras localidades, inclusive con miembros de los grupos de poder, como fue el caso del actual estado de Guerrero, o cuando llegaron a proponer nuevas formas de protesta política como en las Huastecas. Las visiones de estos autores, a la vez que complementarias, permiten entender la movilización en áreas que fueron consideradas periféricas o de "frontera", no solamente por la historiografía sino también por los mismos actores históricos, lo que conduce a comprender las causas y las motivaciones de los indígenas de pueblo y de misión, así como de los trabajadores -indígenas o no- de las haciendas y ranchos para sumarse o rechazar la insurgencia. Los trabajos de los tres últimos pondrían en duda la aseveración de Alfredo Ávila y Virginia Guedea (2007: 275), en el sentido de que el Golfo de México, es en buena medida, junto con el norte novohispano, " terra ignota ".
Respecto a la Constitución de 1812, parecería que diversos autores coinciden en que aunque no desaparecieron los gobiernos indios, si se decapitó una parte de las estructuras políticas indias; en el caso novohispano, con la supuesta desaparición de los gobernadores indios; en los Andes, dándose un desconocimiento de los derechos de los señores naturales, y reconociendo básicamente a un tipo de autoridad ciudadana6. En ambos casos, los hacendados, rancheros, comerciantes, curas, antiguos funcionarios coloniales y militares intentaron ocupar a través de los ayuntamientos una parte de las antiguas redes políticas de los pueblos, lo que llevaría a que los insurgentes perdieran paulatinamente parte de la logística sustentada en el apoyo de los gobiernos indígenas. Si esto sucedió, ¿cómo es qué en el México y los Andes del siglo XIX las autoridades étnicas, sea cuál fuese su denominación, tuvieron un papel importante en el cobro del tributo, contribución personal, liderando rebeliones o sencillamente, siendo los intermediarios entre los Estados y sus localidades? En el primer contexto, la permanencia de la estructura política indígena permitió, aunque pareciese contradictorio, acceder y solicitar la ciudadanía gaditana, esgrimiendo argumentos liberales, pero también solicitando la conservación del status otorgado por la Corona española, con lo cual a la par que usaban un lenguaje agresivo y beligerante en el que exigían sus derechos, también solicitaban de manera "humilde" la protección de las "nuevas" autoridades asentadas en las capitales provinciales o en la ciudad de México.
Respecto a los Andes y después de la rebelión de Tupac Amaru, los antiguos señores étnicos nombrados como caciques y principales comenzaron a desaparecer, nombrándose en su lugar a gobernadores, varas y alcaldes; funcionarios étnicos que tendrán un rol más fiscal -en el sentido de cobrar nuevamente el tributo republicano- que el de representar a sus pueblos al exterior. Lo anterior no ha evitado que autores como Silvia Palomeque (1991), Víctor Peralta (1991)7, Nuria Sala (1996 y 2009), Mark Thurner (1996), Xiomara Avendaño (1997), Cecilia Méndez (1997) y Charles Walker (1999) resalten el papel de los funcionarios étnicos, no sólo como recaudadores, sino como intermediarios reales entre sus comunidades y el Estado.
Volviendo a México, los estudios que han pretendido desmitificar la idea de que durante y posterior al proceso gaditano los indígenas no lograron conservar su estructura política han ido aumentando (Escobar Ohmstede 1996 y 2007b; Ducey 2001 y 2007; Mendoza García 2004; Cortés 2007; Guardino 2007; Güemez 2007; Serrano 2007). Después de que la historiografía de la década de los ochenta del siglo XX siguió al pie de la letra los documentos, las posteriores investigaciones han demostrado cómo los pueblos de indios lograron mantener, ya sin la figura del gobernador, gran parte de sus redes políticas, teniendo en muchas regiones un papel real de intermediario y defensor frente a las diversas instancias gubernamentales (por ejemplo, las Huastecas, Estado de México, Nayarit, Sonora, Yucatán, Oaxaca, entre algunos).
Si bien los últimos años coloniales conmocionaron a la sociedad novohispana, parece ser dudoso que la Constitución gaditana haya impactado tan fuerte a las sociedades indias del continente, aunque sí a las futuras formas políticas de gobernabilidad que adquirieron los gobiernos después de sus correspondientes independencias. Lo que queda claro del proceso gaditano es que fue el primer intento de homogeneizar a la población, al menos en el ámbito político, ya que a todos los nacidos en el Imperio se les consideró españoles y se les otorgó la ciudadanía -aunque los "originarios de África" quedaron excluidos de este "beneficio"-. Sin embargo, siempre existieron las dudas de parte de los funcionarios locales acerca de si los indígenas debían tener "los derechos de ciudadanos", principalmente aquellos que se encontraban en la jurisdicción de las misiones franciscanas, como era el caso de varios pueblos de la Huasteca potosina y veracruzana8.
El fin del período colonial no solo trajo consigo las independencias, sino también una cada vez más fuerte estratificación social dentro de los pueblos de indios, junto con una modificación de los patrones sociales internos, alterándose el orden de jerarquización y de equilibrio de fuerzas; todo esto originado por las insurgencias y las lealtades realistas en diversas poblaciones de las Huastecas, así como por la creación de los ayuntamientos. Los indios podían librarse de su "etiqueta" mediante la movilidad social o geográfica y perderse dentro del grupo de población étnicamente no diferenciado y sobre todo urbano, que normalmente se denominaba para mayor comodidad como mestizo, como fue el caso de Lima y la ciudad de México.
Tendencias dentro de la historiografía
El crecimiento demográfico del sector mestizo y mulato fue aumentando en detrimento de la población originaria en las cabeceras indias, en algunos barrios y en las que aun funcionaban como misiones franciscanas, aunque hubo un incremento de indígenas en las propiedades privadas. Durante el siglo XVIII vemos un relativo crecimiento de la población india en las Huastecas, hecho que tentativamente podríamos suponer por picos de mortalidad y ritmos de crecimiento cada vez menores, junto con los efectos originados por fenómenos naturales adversos y epidemias (Monroy y Calvillo Unna 1997; Escobar Ohmstede 1998; Escobar Ohmstede y Fagoaga 2004 y 2006); sin embargo, respecto a los pames observamos un importante decrecimiento en las zonas misionales, en algunos casos, debido a suicidios y abortos inducidos9, así como cuando los llevaron en "colleras" a mediados del siglo XVIII con el fin de re-fundar las colonias y misiones del Nuevo Santander (al norte de las Huastecas). Los ritmos negativos que llegaron a tener los no indios nos llevaría a pensar en su incorporación a sectores indígenas, sobre todo porque era la única manera en que grupos de mestizos y mulatos pudieran tener acceso a la tierra. Con el incremento demográfico también observamos cómo las propiedades privadas, llámense haciendas o ranchos, van absorbiendo individuos como arrendatarios, peones, vaqueros o medieros, muchos de los cuáles no sólo son miembros de los pueblos de indios sino también mestizos, mulatos y blancos; proceso en el cual el dualismo indios versus no indios se va diluyendo, aunque permeado por una fuerte diferenciación "racial". Para fines del período colonial e inicios del monárquico y republicano observamos una paulatina ruptura de la sociedad estamental y étnica y una apertura hacia una de tipo de sociedad de clase, aunque marcada por tintes étnicos, en términos de una diferenciación en términos de "raza", con la existencia de núcleos uni-étnicos desde el siglo XVIII.
En las localidades de la Huasteca veracruzana existían nahuas y otomíes en la sierra, mientras que en una parte de la planicie costera se encontraban poblaciones mulatas asentadas en algunas propiedades privadas y pueblos de indios. Asimismo, hacia el norte de Tuxpan, casi llegando a Pánuco, las misiones franciscanas habían logrado congregar a pames, quienes según los informes misionales también se habían ido suicidando paulatinamente (Escobar Ohmstede 1995). Sin embargo, debido al poblamiento que se dio desde el contacto con los españoles y al tipo de ocupación de la tierra, esta era una zona más mestiza y mulata que india. Conforme avanzamos de la costa a la sierra encontramos población nahua en Chicontepec y su jurisdicción; asimismo, cruzando la sierra, en lo que hoy correspondería a la Huasteca hidalguense, las jurisdicciones de Huejutla y Yahualica contenían una importante población de nahuas y otomíes que vivían en los pueblos, barrios, haciendas y ranchos, la cual compartía dicho espacio con mulatos, mestizos y criollos, muchos de ellos asentados en las cabeceras y en las haciendas. Partiendo de Huejutla hacia el norte encontramos una Huasteca potosina con nahuas, teenek y pames, donde las haciendas, ranchos, pueblos de indios, barrios, así como las misiones-pueblo contenían una población diversa. Sin embargo, los mulatos y pardos jugaron un papel preponderante al desempeñarse como milicianos, como ocurrió en Tuxpan, así como en algunas haciendas de Huejutla y de Villa de Valles.
Guerra y política
La política A mediados del siglo XIX, un prominente mexicano escribió que: "Si el objeto de todas las leyes ha de ser mejorar la condición de los individuos con ninguna se logró menos este tipo de fin que con la constitución de 1812, especialmente respecto a los indios que tanto afectaba compadecer" (Alamán 1849-1852: 126). El comentario de Lucas Alamán refleja la transición del antiguo régimen corporativista a uno nuevo con tendencias individualistas, así como una crítica al liberalismo que comenzaba a imperar en su época, donde el ayuntamiento era el encargado de administrar los fondos de los pueblos de indios, con las características de una corporación. Como mencionamos anteriormente, la Constitución gaditana permitió un incremento de nuevas instancias de poder local, que significaría la apertura de nuevos espacios políticos-administrativos y de justicia a muchos sectores novohispanos que se habían visto relegados por los antiguos privilegios y la desigualdad jurídico-social. Con base en un marco constitucional, se definió al ayuntamiento como la forma ideal para la administración interna de todo tipo de pueblos (Dublán y Lozano 1876). La estructura de este órgano político-administrativo estaría conformado por alcaldes, regidores y procuradores-síndicos, quienes serían elegidos de manera indirecta, esto es, se reunirían una vez al año los ciudadanos de cada pueblo, los cuales seleccionarían un determinado número de electores y éstos a la vez a los miembros del ayuntamiento, que se crearía en los pueblos "que por sí o en su comarca lleguen a mil habitantes" o a 200 vecinos. Para el caso de San Luis Potosí se consideró que cuatro almas podían corresponder a un vecino, según el artículo 4 del Bando del 5 de octubre de 1812 que salió de la ciudad de México firmado por el virrey Venegas, que ordenaba la elección de ayuntamientos constitucionales y que después de publicarse en las capitales de las Intendencias fue enviado y difundido en las diversas jurisdicciones.
Sin duda, la proliferación de ayuntamientos a partir de 1812-1813 y su posterior consolidación, y en algunos casos desaparición en 1820 afectó a corto y largo plazo a los pueblos de indios, tanto a nivel de la estructura política como en la territorial. Considerando que existían, de manera aproximada, casi sesenta gobiernos indios en las actuales Huastecas hidalguense, potosina y veracruzana, y que para 1820 se erigieron 42 ayuntamientos, se puede considerar que los indígenas (principalmente miembros de los gobiernos) tuvieron una participación en varios de ellos y que continuaron en el juego político, teniendo presencia en los concejos constitucionales, tanto de manera colectiva como individual10.
El surgimiento de esta instancia política-administrativa en localidades en que no existía, no fue totalmente contraproducente para las sociedades huastecas, ya que permitió que nuevos actores sociales entraran en la escena, lo cual hubiera sido imposible si hubiera continuado la estructura borbónica de puestos (subdelegados, tenientes de justicia, etcétera.). Los componentes sociales que ingresaron a la arena fueron aquellos que se conformaron a través del comercio, de la actividad militar en las guerras insurgentes, la adquisición de tierras o por haber sido o ser mayordomos de cofradías o apoderados de los pueblos, sin olvidar a aquellas familias que habían consolidado un status y poder a través de diversas redes sociales durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX (por ejemplo los Ortiz de Zárate, los Jonguitud, los Castellanos, los Rivera, los Espinosa, los Peña y los Barragán en la Huasteca potosina; los Jáuregui, los Herrera y los Llorente en la Huasteca veracruzana; los Andrade, los Sáenz y los Santos en la Huasteca hidalguense). Por sus antecedentes los sectores emergentes se encontraban plenamente identificados en y con el espacio social, eliminando de manera parcial el parentesco como forma de ascender en los puestos públicos, es decir, estamos viendo el crecimiento y consolidación de lo que posteriormente serían las elites huastecas.
Podemos considerar que la promulgación de la Constitución gaditana y la proliferación de ayuntamientos en los lugares donde antes no existían, pudo ser, al menos en las zonas rurales, un buen intento de sustituir gobiernos indios por organismos políticos no indios, que querrían aprovechar las redes de control indígena, disminuir el posible apoyo a los insurgentes, así como contar con los bienes materiales necesarios para financiar a las tropas realistas11, además de cobijarse posteriormente en las leyes emanadas de la Constitución , los decretos de las Diputaciones Provinciales y en las leyes de los congresos estatales o el Congreso Nacional. En regiones donde la población era preponderantemente indígena, algunos de los nuevos ayuntamientos quedaron en poder de los indios, al menos durante los primeros años post-gaditanos; pero en las que la población india no fue mayoritaria o se encontraba dispersa, los ocuparon gente no india o tuvieron una conformación multiétnica (mestizos, blancos, mulatos e indios), lo que no implica que forzosamente los indígenas tuvieran un mayor peso en los ayuntamientos. Por otra parte, hay que considerar que existieron situaciones muy diferentes desde la planicie costera hasta la sierra.
En las Huastecas el régimen constitucional se implementó desde agosto-septiembre de 1813, momento difícil por la existencia de grupos insurgentes. Muchos de estos no participaron en el proceso de elección, por lo tanto la selección de los miembros de los ayuntamientos dependió de los sectores que apoyaban a la Corona o de los pueblos controlados por tropas realistas12.
Entre agosto y diciembre de 1812 las fuerzas combatientes se mantuvieron en sus respectivas posiciones; hasta que a principios de 1813 el comandante de Tampico, Antonio Pedriola, informó que Tantima, Tuxpan y Santa Catarina Chontla estaban rodeados por insurgentes, por lo que se enviaron soldados para evitar la toma de estos pueblos. Habría que resaltar que de esas tres localidades, solamente Tuxpan contó con ayuntamiento, aunque no sin grandes dudas por parte de las autoridades, básicamente porque había un número considerable de mulatos, aunque los tres finalmente obtuvieron sus ayuntamientos en 1820. Para 1814, los rebeldes, que ya no son consignados como insurgentes, llevaron a cabo tácticas de guerrillas, no presentando ningún frente formal debido a la guerra de "tierra arrasada" que habían practicado las tropas realistas desde los inicios de la guerra. Los oficiales milicianos se quejaban amargamente de que no se podían tener enfrentamientos directos, "ya que ni hicieron más que pegar fuego y retirarse a los montes"13. Los opositores al régimen novohispano pronto aprendieron de sus contrarios, por lo que varios pueblos y haciendas huastecas fueron incendiados y sus cosechas, animales y bienes robados14.
A diferencia de los primeros tres años en que los insurgentes buscaron levantar pueblos completos, a partir de 1814 formaron pequeñas rancherías en los montes, casi inaccesibles para las tropas realistas, lo cual permitió a los rebeldes una mayor movilidad, ya que no tenían que trasladarse con sus familias si eran atacados o atacaban, o que fueran utilizadas sus mujeres e hijos para que optaran por la amnistía. Los comandantes realistas mencionaban cómo se habían construido trojes, casas y se contaba con una población formada por familias en las "sierras".
Como respuesta a la huida a los montes de los habitantes de los pueblos y para poder controlar la región, los comandantes realistas iniciaron una política de "aldeas estratégicas" (cantones de armas), donde la población era concentrada y adiestrada para la autodefensa. Así tenemos que a mediados de 1814 se "congregaron" a la mayoría de los pobladores indígenas de Tantoyuca y Huejutla, los cuales habían estado refugiados en los montes. La idea fue concentrar y formar dos Compañías de Patriotas para que vivieran en los pueblos, pero no se les iba a armar por temor a que huyeran con las armas y las utilizaran en contra de los realistas. Este hecho contrastaba con lo acontecido los primeros meses de 1811, cuando el subdelegado de Tantoyuca armó a los indígenas con arcos y flechas, con el fin de que defendieran la "justa causa"15. Sin embargo, aun no tenemos claro si este hecho permitió que los "concentrados" hayan participado de manera activa en la elección de ayuntamientos. La meta de esta nueva política de congregación, fue aislar a los rebeldes de posibles fuentes de abastecimiento, de hombres y de información. De esta manera las tropas realistas en las Huastecas se fortalecieron en pueblos estratégicos, lo que les permitió realizar recorridos esporádicos para ir controlando zonas más extensas. La ubicación de "cantones de armas" en Chicontepec, Ozuluama, Tantima, Tantoyuca y Tuxpan (Huasteca veracruzana), Huejutla (Huasteca hidalguense), Rioverde (valles medios potosinos), Ciudad del Maíz, Tamazunchale y Tancanhuitz (Huasteca potosina) permitió a las fuerzas del gobierno español ir sofocando puntos insurgentes, siendo a la vez erigidos en ayuntamientos.
En toda esta vorágine que implicó la re-estructuración de los espacios sociales y militares, los ayuntamientos surgidos en 1813, buscaron ser actores autónomos de la vida social y política, intentando convertirse en actores políticos casi insustituibles, donde la igualdad jurídica trataría de encontrar su fundamento, pensando en la "democracia" de las elecciones de los miembros municipales, aspecto que no era novedoso si tomamos en cuenta que este proceso era conocido por un alto número de novohispanos que participaban en cofradías, archicofradías y hermandades16.
Con base en las actas de elección, la mayoría de los ayuntamientos de las Huastecas tuvieron una diversidad socio-étnica, esto es, mulatos, indios de "campana", indios de fuera de poblados, blancos (criollos y españoles) y mestizos; que comenzaron a ocupar una vía alterna de relación con los indígenas a través de la que utilizaban las autoridades étnicas o misionales antes del periodo constitucional. Otros estuvieron conformados por miembros de las estructuras políticas indígenas, sobre todo en aquellos pueblos en que la presencia mestiza no era tan fuerte. En los ayuntamientos de Huautla (Huasteca hidalguense), Ilamatlán, Ixcatlán e Ixhuatlán (Huasteca veracruzana), los miembros de las nuevas instituciones políticas eran casi todos indios (cada ayuntamiento llegó a tener entre cinco y ocho individuos), aspecto que podemos considerar por los apellidos, o la carencia de éstos, de la gente que llegó a componer en una primera instancia el ayuntamiento, así como de aquellos que participaron como electores. En los de Pahuatlán-Tehuetlan (cuya sede sería el primero), Xaltocan y Macuxtepetla los alcaldes, regidores y síndicos eran todos indígenas, esto a pesar de la cercanía que tenían los pueblos con Huejutla (Huasteca hidalguense) que era considerada una cabecera mestiza. La presencia india en los recién formados ayuntamientos se debía al número de habitantes indígenas que albergaban estos lugares. Este aspecto no fue un hecho aislado, en Villa de Valles (Huasteca potosina), en julio de 1813, estuvieron presentes como electores de partido el gobernador actual de Huehuetlán, el gobernador pasado de Tamazunchale y el alcalde pasado de Aquismón. Sin embargo, en el caso de la Huasteca potosina, en enero de 1814 se informaba al intendente de San Luis Potosí que si bien se habían elegido ayuntamientos en Rioverde y en la Misión de la Divina Pastora , no se había realizado en Alaquines, Gamotes, Pinihuan y Lagunillas, debido a que el "vecindario de gente de razón es reducido" y crecido el número de indígenas pames, los que eran "tan ignorantes que los más no hablan castellano ni están instruidos en la religión". Asimismo, se temía que se unieran a los insurgentes "creídos de que reciben agravio aboliendo su antiguo gobierno que quieren que continúe"17. De esta manera, solamente se sugirió nombrar un encargado de justicia, propuesta que fue llevada a cabo hasta 1820.
La guerra
Durante los momentos de la insurgencia, los gobiernos indios fueron un actor de primer nivel, apoyando de manera indistinta a insurgentes y a realistas . En las cabeceras huastecas en que existió un mayor control sobre la población, los indígenas apoyaron al gobierno español, por ejemplo, el teniente general de Yahualica (Huasteca hidalguense) informaba a las autoridades virreinales del "entusiasmo de los nobles indios" en el plan de defensa de Huejutla, a pesar del "pánico" que representaba para el subdelegado de Huejutla el levantamiento de Tamazunchale y Tancanhuitz (Huasteca potosina). El temor se debía a la concentración indígena en los alrededores de Huejutla, misma situación que se había presentado en Tamazunchale antes de ser atacado por las fuerzas insurgentes compuestas básicamente de indígenas.
Casos contrarios a los de Huejutla fueron los de Chicontepec y Papantla (actualmente Veracruz). En el primero, que es uno de los más ilustrativos sobre las dirigencias insurgentes en la región, el subdelegado avisaba desde mayo de 1811, que gracias a los informes del gobernador indio de Zontecomatlán, se tenía noticias de "partidas" importantes de rebeldes, y se quejaba que José Llorente, comandante de Temapache, no le enviaba los auxilios pertinentes 18. En ese mismo mes, los indígenas de la ranchería de Tecopia habían capturado a un correo del insurgente José Manuel Cisneros, quien desde Tianguistengo solicitaba a los gobernadores indios de Chicontepec, Huayacocotla y Zontecomatlán apresaran a las autoridades españoles y de todos aquellos que se opusieran "a la Nación Americana ". La respuesta de los gobernadores fue inmediata, mandaron mensajeros a los alcaldes de Ixhuatlán, Xochioloco, Huayacocotla e Ilamatlán para que cuidaran los caminos y capturaran al subdelegado que había huido de la cabecera19. A la llegada de Lorenzo Espinoza, quien era el capitán insurgente enviado por Cisneros, el gobierno indígena delegó su autoridad, dándole la vara de mando. Días después los indígenas se levantaron ocupando Chicontepec. El subdelegado y el teniente de justicia, que habían huido, solicitaron ayuda a Temapache, Tuxpan y Tampico. La rebelión duró menos de un mes al ser apresado Lorenzo Espinoza, José Espinoza, Vicente Ortega y Ana Villegas (madre de los Espinoza) por un grupo de criollos-mestizos-españoles. En el aviso que se mandó se informó que no se capturó a los miembros del gobierno indígena por temor a que se levantaran de nuevo, aunque se iban a mantener bajo una rigurosa vigilancia los indios. Para controlar el pueblo se enviaron tropas veteranas de la Primera División de Milicias de la Costa Norte con el fin de que capturaran a los principales "cabecillas". Aún con la aprehensión de los rebeldes, la situación continuó tensa, ya que el comandante de las milicias eligió una nueva república, a lo que los indígenas se opusieron por considerar que eran individuos ajenos a los intereses del pueblo, aunque quizá muy capaces de seguir las órdenes del comandante. El teniente que condujo a los prisioneros de Chicontepec a Tuxpan dijo en su informe militar que tuvo que castigar a dos indios con la picota, que uno de ellos comentó: "Han prendido al gobernador pues hay verán las resultas: y el otro por haber amenazado con la muerte a uno de razón; diciéndole: que él y los demás de su clase eran la causa de la prisión de los indios"20. Sin duda, este tipo de comentarios arrojarían el "odio racial" que podría haberse dado entre los diversos contrincantes, pero desafortunadamente el comentario del teniente pudo haber sido una auto justificación por haber castigado tan severamente a dos indígenas.
Los oficiales de la milicia constituyeron en las Huastecas la base de las fuerzas militares y políticas que le eran leales al gobierno asentado en la ciudad de México 21. Muchos de ellos pertenecían a un grupo de propietarios y administradores de propiedades, que en varios casos se dedicaban al comercio, lo que les permitía tener amplias y variadas redes sociales 22. También formaban parte de este sector, al que podríamos considerar como elite regional, los funcionarios civiles y eclesiásticos. Los sacerdotes, fueran regulares o seculares, jugaron un papel ambivalente; mientras que unos apoyaron abierta y decididamente al orden establecido, otros se inclinaron hacia la insurgencia o permanecieron neutrales o totalmente al margen del conflicto23; sin embargo, muchos de los que por "calidad racial" deberían estar de lado de la Corona , esto es, españoles y criollos, prefirieron mantenerse al margen.
Los principales oficiales de la milicia huasteca eran importantes propietarios privados. Tanto Carlos María Llorente como sus subordinados, Andrés Luciano y Jesús Jáuregui, así como Juan V. Vidal contaban con importantes extensiones de tierra, los primeros en Ozuluama y el segundo en Papantla. En esta misma situación estaba Juan Antonio Cuervo, quien además de ser el apoderado de los indígenas de Chicontepec era el administrador de la hacienda de Camaytlán, de donde armó a 50 peones para ayudar a Huejutla en 1811. Cuervo fue ascendido a capitán de realistas y tuvo a su cargo la pacificación de la zona de Chicontepec desde 1812 hasta 181724. Otro caso es el de Andrés Jáuregui, hacendado de Ozuluama, que fue comandante realista en Tantoyuca de 1810 a 1817. Combatió y pacificó la zona de Chontla y Tantima. En otros casos los hacendados prefirieron pagar un tipo de protección a los insurgentes para que sus propiedades no fueran atacadas.
Durante los primeros años de guerra, las Huastecas no tuvieron mucha tranquilidad, especialmente en el momento de las elecciones para los ayuntamientos, en donde en algunos casos se observaba todavía un tipo de visión política de antiguo régimen, en la que el parentesco era una parte vital del sistema. Por ejemplo, el subdelegado de Huejutla informó el 17 de septiembre de 1813 que el cura de la parroquia había manipulado las elecciones para que saliera electo alcalde un pariente político, por lo que pensaba que era necesario realizar una nueva elección25. Aspecto que llama la atención, ya que en las elecciones de Villa del Maíz, Rioverde, Tamazunchale, Tancanhuitz, Tampamolón y Villa de Valles, la repetición de apellidos en un mismo concejo municipal no ocasionó ninguna protesta, ni de los funcionarios ni de las autoridades ubicadas en la capital potosina. Hipotéticamente podríamos sugerir que las redes sociales creadas por los grupos potosinos llegaron hasta la capital de la intendencia y del virreinato, lo que permitió que las diversas actas de elección fueran avaladas por los subdelegados interinos, los alcaldes salientes, la Diputación Provincial y el intendente.
Con el regreso de Fernando VII de su enclaustramiento parisino, las leyes expedidas por las cortes fueron abolidas y la efervescencia política originada por la apertura política tuvo que esperar hasta 1820 para expresarse. El 22 de septiembre de 1814, el virrey Calleja avisaba del Real decreto del 4 de mayo del mismo año en el cual se anulaban los empleos concedidos por las Cortes. Tres meses después el mismo Calleja ordenaba disolver los ayuntamientos y restablecer el orden político-administrativo anterior. De esta manera se volvieron a cobrar los tributos y a elegir autoridades étnicas en los diversos pueblos de las Huastecas. La experiencia gaditana parecía que había sido borrada casi inmediatamente de las mentes de los diversos componentes socio-étnicos de la sociedad, sin que se diera ninguna protesta.
Entre 1815 y 1817 la existencia de rancherías rebeldes en las regiones montañosas obligó a los comandantes realistas a adoptar un tipo de guerra móvil. Las tropas del gobierno comenzaron a atacar los puntos rebeldes, donde se había consolidado una vida de pueblo estable. En 1817 existían rebeldes solamente en Santa Catarina y Tantoyuca26; a la par, la amnistía a los sublevados había provocado que familias enteras regresaran a sus pueblos de origen. Sin embargo, la presencia de Francisco Javier Mina en la Huasteca potosina llevó a una nueva movilización de insurgentes y realistas. Muchos de los primeros se unieron a los franceses, españoles, italianos, griegos e ingleses que conformaban la división de Mina. Los realistas llamaron nuevamente a las milicias de los pueblos y solicitaron recursos monetarios y animales para enfrentar el nuevo foco de insurrección, el cual se unía al que ya existía en el centro de Veracruz 27.
El proceso de sustitución de las estructuras políticas tuvo un inicio incierto, sobre todo por la corta duración y aplicación de la Constitución de 1812. Sin embargo, luego de su restauración, el proceso se comenzó a acentuar aunque no a consolidar. Por ejemplo, en septiembre de 1820 el subdelegado interino de Tancanhuitz, comentó respecto a los gobiernos indios que "unos se han suprimido y otros no; es materia que no me atrevo a resolver: en este pueblo está suprimido para el alcalde constitucional, y me parece que puede haber algún trastorno, pues los indios no están en estado de darles solturas"28. Si bien los miembros del ayuntamiento tenían algún ascendente sobre la población, en muchos casos los ayuntamientos se enfrentaron a problemas heredados por los conflictos entre las cabeceras indias y los pueblos-sujetos 29, o debieron decidir a que pueblo pertenecían las misiones y resolver cuestiones jurisdiccionales originadas por las confusiones heredadas de la organización política administrativa colonial30. Los ayuntamientos de las Huastecas comenzaron a exigir los servicios que los pueblos-sujetos antes prestaban a la cabecera india, negándose éstos de una manera constante, argumentando que en nada les beneficiaba.
El 31 de mayo de 1820, el virrey, conde del Venadito, ordenaba se jurara la Constitución de la Monarquía española. En agosto volvieron a realizarse las elecciones en los pueblos huastecos. El proceso electoral había sido bien aprendido, no solamente por la experiencia anterior, sino porque muchos de los funcionarios constitucionales habían realizado elecciones en las diversas cofradías de la región durante gran parte del siglo XVIII, por lo que ahora de manera más expedita comenzaron a llegar las diversas actas a las capitales de las intendencias. En el caso de la Huasteca potosina y de la actual hidalguense, los miembros que fueron elegidos, en muchos casos, habían ocupado los mismos puestos que en el año de 1813. Así, volvemos a ver los mismos apellidos e individuos; pero a diferencia de la segunda década decimonónica, en esta ocasión ninguna junta parroquial o de electores pasó de las diecisiete personas. Asimismo, solamente en Tamazunchale se nombró a un "indio principal" como elector, siendo de esta manera casi excluidos los indígenas del proceso electoral, ya que solamente se erigieron ayuntamientos en los lugares que se habían establecido en 1813-14, aun cuando se consideraron a los ayuntamientos que se habían formado en pueblos de indios, su existencia fue efímera, básicamente por la oposición de los mestizos a perder los servicios que les prestaban los indígenas31.
Consideraciones finales
Los ayuntamientos gaditanos asumieron una parte del dominio sobre los diversos asuntos locales que habían recaído durante el periodo colonial en los alcaldes mayores, subdelegados o gobiernos indígenas. El problema es que si bien lo intentaron llevar a cabo, en muchas ocasiones les fue imposible ejercerlos por la resistencia de los pueblos a que se viera socavada una organización que les había permitido cohesionarse. La creación de ayuntamientos en las antiguas cabeceras político-administrativas, provocó que estos heredaran los antiguos conflictos entre los pueblos-sujetos y las cabeceras indias, tanto en la forma de extracción del excedente de los sujetos, como en los servicios que estos tenían que dar, ahora ya no a individuos (funcionarios civiles y eclesiásticos, miembros del gobierno indio), sino a una nueva corporación que se sobrepuso a la estructura político-comercial colonial existente.
La manera en que respondieron los diversos grupos a las guerras insurgentes que se desataron a mediados de septiembre de 1810 y los procesos de elección en los dos momentos en que estuvo vigente la Constitución gaditana, mucho reflejó su acontecer de los años previos, fuera frente a la pérdida de niveles mínimos de subsistencia debido a fenómenos naturales adversos, a la carencia de tierra por un crecimiento poblacional natural o que algunas propiedades privadas hayan privado a los pueblos de aquellos terrenos que se consideraron susceptibles para la alimentación o futuro asentamiento de los habitantes de las localidades. Las razones de participar de manera activa o pasiva en la insurgencia de lado de alguno de los bandos beligerantes respondieron al tipo de antecedentes que se desarrollaron en cada uno de los espacios sociales aquí estudiados, así como la influencia de líderes étnicos o mestizos, comerciantes, hacendados o militares respecto a quienes conformarían sus tropas. Pareciese que en varios casos, los seguidores insurgentes o las tropas realistas fueron reclutadas de manera obligatoria, sin el consentimiento de aquél que iba a cargar y disparar las armas. Eso sin duda también pudo haber gestado inconformidades y en muchos casos el cambio de apoyo a un bando o a otro; situación similar en el momento en que los combatientes solicitaban de manera pacífica o no los bastimentos alimentarios y de armas necesarios para continuar en la lucha, sobre todo de aquellas localidades que se consideraban importantes dentro del desarrollo económico novohispano y regional.
Asimismo, las lealtades fueron "forzadas" por los diversos acontecimientos sucedidos en las jurisdicciones huastecas, sobre todo en pueblos donde la presencia española se circunscribía a algunos funcionarios civiles o eclesiásticos, o localidades que se encontraban alejadas de rutas de comercio importante. En este sentido observamos cómo las luchas por poblaciones implicaron la búsqueda del control, manejo y acceso de redes comerciales y de subsistencia para cada uno de los grupos que se encontraban con las armas en la mano; posteriormente, conforme avanzó el nivel de inestabilidad en la áreas rurales, surgieron fuerzas armadas que no pertenecían formalmente a ningún bando, pero que utilizaron la guerra para obtener ganancias personales. Sobre estos grupos que parecían no tener ninguna "bandera" se sabe poco, pero fueron importantes aliados de individuos que aprovecharon el mucho o poco control gubernamental y que se dedicaron a incrementar el movimiento de mercancías que no pagaban las alcabalas españolas o insurgentes.
La supervivencia del ayuntamiento no sólo se basaba en su presencia política, sino en los medios económicos que le permitieran afianzarse. La constitución gaditana definió múltiples funciones político-administrativas para los ayuntamientos. Estarían a cargo de la recaudación de las contribuciones, del fomento de las obras públicas, de la beneficencia, de la salubridad, de la conservación de la seguridad pública y de la instrucción pública; asimismo tenían que promover la economía y administrar los propios y arbitrios. Todo esto tenía que estar bajo la supervisión de la Diputación provincial. En suma, la legislación y los hechos permiten suponer que los ayuntamientos gozaron de una relativa autonomía financiera y presencia territorial a través de las obras y servicios que debían brindar.
A partir del paulatino establecimiento de los cuerpos constitucionales en 1820, comenzaron a llegar a las diputaciones provinciales quejas sobre los abusos que cometían los individuos encargados del "nuevo" orden administrativo-político local. Asimismo, a partir de esta fecha se acentuó el creciente abismo político que separaba a los pueblos de indios, gobernados de manera "tradicional", de los pueblos cabeceras, ya regulados constitucionalmente y controlados por "gente de razón". La constitución gaditana y la participación indígena en las guerras insurgentes marcó una experiencia que fue bien aprendida por los diversos actores sociales, y que en muchos casos servirían para levantar banderas de reivindicación sobre diversos aspectos en la primera mitad del siglo XIX, pero principalmente, llevó a cabo una fragmentación del territorio político y económico que fue manejado por aquellos que lideraron a realistas o insurgentes y que sobrevivieron a las guerras, quienes paulatinamente compitieron por lealtades y beneficios de aquellos que formaron sus tropas y que posteriormente se convirtieron en una especie de clientela. Sin embargo, el haber pertenecido a algún bando beligerante o después haberse cambiado, fue guardado en la memoria de los actores, quienes en muchos casos resaltaban ese hecho en sus futuras confrontaciones o apoyos en algún momento de conflicto sin violencia o a través de ella.
El momento gaditano y las insurgencias tampoco marcaron el fin o la posible solución de problemas sociales, agrarios, económicos o ideológicos en las Huastecas, muchos de ellos perduraron y tampoco fueron totalmente solucionados después de la revolución que inició en 1910, es más, algunos de ellos siguen vigentes.
Notas
1. Podemos considerar que no solamente se dieron diversas insurgencias en el caso novohispano, sino también en el resto de la América española. Consúltese entre otros, los trabajos que se encuentran en Terán y Serrano (eds.) 2002; Rodríguez (coord.) 2005 y Álvarez y Sánchez (eds.) 2003, así como los estudios que recopilaron Chust y Serrano (eds.) 2007, donde se encuentran revisiones sobre Argentina, México, Uruguay, Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador y Bolivia, Venezuela, Guatemala y El Salvador; para el caso de Cuba, Puerto Rico, Río de Janeiro, México, Nueva Granada y Perú a Chust y Frasquet (eds.) 2009. Asimismo, con una tendencia diferente, en el sentido que son estudios de caso sobre las diversas independencias, a Cardozo Galué y Urdaneta (comps.) 2005.
2. Obra publicada entre 1884 y 1889 que narraba la historia de México desde la época prehispánica hasta los inicios del Porfiriato. Se ha considerado la obra explicativa más importante en torno a la "evolución" de la sociedad y la obtención de la paz y el progreso que pretendía tener la sociedad porfiriana. Fue escrita por los principales intelectuales de la época y ricamente ilustrada con diversas láminas de personajes y paisajes de México. Véase Riva Palacio 2007.
3. Los intentos de nominación y definición del "pueblo" no han sido exclusivos de la historiografía mexicana, sino también de la que se estaba desarrollando en muchos países de América Latina. Véase Chust y Serrano 2007; para el caso argentino, Fradkin 2008.
4. Tutino (2000) considera que las elites y "comunidades indígenas" desarrollaron sus propias visiones sobre la independencia y disputaron la idea de nación con las elites criollas. Muy parecido argumento presenta Stern (2000).
5. De alguna manera, los tres autores siguen una propuesta realizada por Hamill (1980), quien muestra los esfuerzos de los realistas para atraer a "las clases humildes" a la "justa causa". Anteriormente había salido a la luz un trabajo de Di Tella (1978), en el que analizaba las motivaciones de los trabajadores de minas, artesanos y campesinos por participar en la insurgencia . Un buen ejemplo para el caso pampeano es el de Ratto (2008) donde se mencionan las negociaciones entre indígenas, patriotas y españoles.
6. En el caso guatemalteco se dio una supervivencia, en condiciones de desigualdad frente al Estado, de los dos cuerpos municipales: uno ladino (mestizo) y otro indígena, así como de las organizaciones de autoridad indígena, cofradías, sistema de principales, etc. Para una visión general de la primera mitad del siglo XIX en Guatemala, remitimos a Pinto Soria (1997). Para el caso de Quezaltenango, entre 1812 y 1813 y de 1820 a 1870 funcionó un ayuntamiento indio, el cual era paralelo al mestizo, aunque en este último se eligieron indígenas como regidores y en ocasiones como alcaldes primeros.
7. Menciona el papel de los varayocs, como aquellas personas que son elegidas en consenso por las comunidades en el Cusco, mientras que la legitimidad de los alcaldes se originaba en la legislación estatal.
8. En 1814 el subdelegado de Rioverde comentaba que en Alaquines, Gamotes, Pinihuan y Lagunillas hay "un crecido número de indios pames, tan ignorantes que los más no hablan castellano ni están instruidos en la religión", por lo que decidió no erigir ningún ayuntamiento. En 1820 el tono sobre otra etnia se moderaba, cuando precisaba sobre los huastecos que "aunque los indios no desmerecerán el honor de ciudadanos, por tener una civilización regular y ser de idioma castellano y que muchos saben leer y escribir, hay algunos de otros pueblos que se han agregado a las haciendas y ranchos que no pueden prescindir de su idioma huasteco". Archivo Histórico del estado de San Luis Potosí (en adelante AHESLP), Intendencia , leg. 1814 (3), exp. 1; leg. 1820 (1), exp. 9; Archivo General de la Nación (AGN), Ayuntamientos , vol. 285, exp. 85.
9. En 1820 el alcalde segundo de Valle del Maíz (jurisdicción de Villa de Valles, Huasteca potosina) comentaba sobre los pames: "de su ignorancia antes de ahora acostumbraban a menudo ahorcarse solos, en estos tiempos ya no se repiten a menudo esta mala verzación [sic], aunque hace tres meses se ahorcó una india dentro del cuarto de la comunidad que entre otras se hallaban encerradas por su gobernador", en AHESLP, Intendencia , leg. 1820-1823 (1), exp. 7.
10. Ejemplos de los ayuntamientos que tuvieron una fuerte presencia indígena en 1813-14 y 1820, fueron en la Huasteca potosina: Misión de San José del Valle del Maíz, Axtla, Huehuetlán, Gamotes, Misión de la Divina Pastora , Villa de Santa Elena, Tampamolón, Tancanhuitz y Tanlajas; en la hidalguense: Pahuatlán-Tehuetlán, Huazalingo, Yahualica e Ixcatlán; en la veracruzana: Ilamatlán y Chontla. De manera individual, existieron indígenas en Tamazunchale, Aquismón, Chicontepec y Huautla, entre otros.
11. Ducey (2007) comenta que en el caso de Misantla y Papantla (Veracruz), los ayuntamientos se opusieron a apoyar a los comandantes realistas, ocasionando conflictos entre los militares y las autoridades civiles.
12. Un ejemplo interesante, es el comentario del intendente-corregidor de San Luis Potosí, quien en mayo de 1813, avisaba que debido a que en ese momento se encontraban libres de "rebeldes" diez o doce pueblos de la jurisdicción de Villa de Valles, saldría a ese lugar para realizar las elecciones parroquiales y de partido. AHESLP, Intendencia, leg. 1813 (1), exp. 12.
13. Sobre la guerra de guerrillas en el Alto Perú, Mata (2008).
14. Este no fue un hecho exclusivo de las guerras en la Nueva España ; véase como ejemplo lo acaecido en el Alto Perú en Mata (2008).
15. AGN, Operaciones de guerra , t. 687, fs. 130-145; AGN, Operaciones de guerra , t. 976, f . 197 y f. 207; AGN, Operaciones de guerra , t. 668. En Huejutla, el subdelegado se negó a que se levantaran compañías de milicias en todos los pueblos indios, ya que esto ocasionaría una sublevación generalizada y no por localidades.
16. En el caso de la Huasteca potosina, la participación de aquellos que podíamos considerar como "notables" de los pueblos fue bastante considerable. Entre 1813 y 1814, los subdelegados de Rioverde y Villa de Valles informaban como se realizaba la elección de electores, así como de quienes salían elegidos. Véase AHESLP, Intendencia, leg. 1813 (1), exps. 7, 12, 17, 19. En el caso de la Huasteca potosina entre febrero y junio de 1814, con base en el artículo 6 de la Real Orden del 13 de mayo de 1812, se formaron los ayuntamientos de Huehuetlán (agregado Xilitla y Guichiguatlán), Tancanhuitz, San Antonio y Tanlajás, todos por el teniente de patriotas José de la Paz. Los de Aquismón, Tampamolón y Coxcatlán (agregado Axtla) lo fueron por el capitán de patriotas José Manuel Castellanos. Resulta interesante el que hayan sido militares quienes hayan encabezado la formación de los ayuntamientos en las Huastecas veracruzana y potosina. AHESLP, Intendencia, leg. 1814 (3), exp. 1.
El proceso de elección de los miembros del ayuntamiento de Tuxpan (Huasteca veracruzana) duró casi cuatro meses, siendo elegidos el 19 de diciembre de 1813. AGN, Ayuntamientos, vol. 163. El problema se debía a la alta proporción de población mulata.
17. AHESLP, Intendencia , leg. 1814 (3), exp. 1.
18. AGN, Historia , t. 411, s.n.e., f. 76.
19. AGN, Infidencias , t. 17, exp. 10; AGN, Infidencias , t. 17, exp. 7, fs. 138-158; AGN, Infidencias , t. 17, exp. 8.
20. AGN, Historia , vol. 411, s.n.e., ff. 136-137r.; AGN, Infidencias , t. 17, exp. 9, ff. 234-253. AGN, Infidencias , t. 17, exp. 11.
21. Se mandaban listas al virrey, donde se proponían a los oficiales de las compañías de Patriotas. AGN, Operaciones de guerra , t. 668.
22. Sin embargo, existieron dueños de haciendas, como el de Xococapa, que en 1813 levantó a los indígenas de Ilamatlán. AGN, Criminal , vol. 280, exp. 1 bis , ff. 29-36.
23. AGN, Operaciones de guerra , t. 668; AGN, Operaciones de guerra , t. 4, ff. 234-236.
24. AGN, Infidencias , t. 17, exp. 11, ff. 265-307.
25. AGN, Ayuntamientos , vol. 187.
26. En 1816 fue atacada Huejutla, y en 1817 Chicontepec. En ambos casos se hablaba de numerosas "partidas de indiada". AGN, Operaciones de guerra , t. 68, ff. 4-25.
27. El partido de Tancanhuitz donó de los fondos patrióticos casi 11 mil pesos. AHESLP, Intendencia , leg. 1818 (1), exp. 3.
28. AHESLP, Intendencia , leg. 1821 (1), exp. 2.
29. La estructura territorial y política de los pueblos de indios colonial y decimonónica se conformaba de pueblos cabecera, pueblos sujetos, barrios, ranchos y rancherías. De esta manera, en términos de jerarquía los pueblos-sujetos eran unidades territoriales que estaban debajo de la cabecera y en algunos casos contaban con tierras. Con la aparición de los ayuntamientos, algunos pueblos-sujetos se separaron de sus cabeceras, aunque este proceso no era nuevo, ya en el periodo colonial varios sujetos solicitaban su separación y conformarse en cabeceras.
30. AGN, Ayuntamientos , vol. 183; AHESLP, Diputación Provincial de SLP , leg. 8.
31. AHESLP, Intendencia , leg. 1820 (1), exp. 9; leg. 1820 (2), exp. 6; 1820 (8), exp. 22; 1820-23 (1), exp. 7; 1820-23 (3), exp. 2.
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Fecha de recepción: 15 de julio de 2009.
Fecha de aceptación: 20 de agosto de 2009.
Sección Etnohistoria
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