oy hace tres años, unoperativo realizado en Texcoco, estado de México, para desalojar a un grupo de floricultores apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, derivó en uno de los más vergonzosos episodios de represión y abuso de la violencia por parte del Estado de cuantos se registran en la historia reciente de nuestro país. A la madrugada siguiente, 4 de mayo de 2006, la brutalidad policiaca se abatió sobre los habitantes de San Salvador Atenco: más de tres mil miembros de las fuerzas de seguridad estatal y federal irrumpieron en esa localidad, apalearon salvajemente a decenas de pobladores –hombres y mujeres–, ingresaron ilegalmente a domicilios particulares y los saquearon, destrozaron cuanto encontraron a su paso y detuvieron de manera por demás arbitraria a decenas de personas. En los días posteriores, organismos de defensa de los derechos humanos, activistas sociales y pobladores de Atenco documentaron y denunciaron cientos de atropellos cometidos por las autoridades policiacas: golpizas, allanamientos, violaciones y otros abusos sexuales, incomunicaciones carcelarias, fabricación de delitos, tortura física y sicológica, y un posible homicidio.
La brutalidad exhibida en la localidad mexiquense terminó por evidenciar el carácter represor de los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, y mostró la proclividad del primero a erigirse en violador sistemático de los derechos humanos; así se había manifestado ya en la siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se confirmó en las postrimerías del anterior sexenio en la capital oaxaqueña. Hoy prevalece la percepción generalizada de que la violencia en Atenco no fue un intento por restablecer el orden
, como se pretendió en su momento, sino un acto de venganza política contra una población insumisa que entre 2001 y 2002 se opuso férrea y exitosamente al designio de construir un aeropuerto en sus tierras.
A tres años de estos acontecimientos, Atenco es una herida abierta que transpira impunidad. Hasta ahora, las instancias de procuración e impartición de justicia nada han hecho por sancionar a los responsables políticos, intelectuales y materiales de los graves atropellos sufridos por centenares de personas, miembros o no del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: por el contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en febrero pasado, cerrar la discusión en torno al episodio de represión y barbarie en el poblado mexiquense y, por consiguiente, exculpó a Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México; Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal en el foxismo y actual procurador general de la República; Wilfrido Robledo, entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense; Abel Villicaña, ex procurador estatal, y Miguel Ángel Yunes, quien se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal, entre otros integrantes de los gobiernos federal y estatal.
Este fallo del máximo tribunal contrasta con el encarnizamiento judicial de que han sido objeto algunos de los dirigentes e integrantes del movimiento atenquense, quienes han enfrentado procesos irregulares y han sido víctimas de un uso faccioso de la ley, como se refleja en la invención de aberraciones jurídicas en su contra, como el delito desecuestro equiparado
, así como la aplicación, en algunos casos, de condenas excesivas y medidas de control carcelario como las que se aplican a homicidas y narcotraficantes. Los hechos de Atenco han venido a confirmar la continuidad de una línea –que data, al igual que la impunidad, desde tiempos del priísmo– de criminalización de la protesta social, ensañamiento contra disidentes y subordinación del Poder Judicial a los designios del Ejecutivo.
Sin embargo, a pesar de las intimidaciones y la persecución; de la represión y la fabricación de delitos; de la violencia y el hostigamiento, el movimiento atenquense sigue vivo, los habitantes de esa comunidad continúan reivindicando las demandas de libertad y justicia para sus presos políticos, y un amplio sector de la población mantiene vivo el repudio y la indignación que generaron los sucesos de mayo de 2006.
En los 36 meses recientes, la sociedad mexicana ha presenciado mediante la lente de Atenco el encumbramiento de la injusticia y la impunidad, el derrumbe de la credibilidad de las instituciones y la confirmación de un sistema político que brinda protección a los sospechosos más poderosos e influyentes; pero todo ello acabará, tarde o temprano, por pasar factura a un gobierno que se ha mostrado inoperante para desactivar conflictos sociales; insensible, represor y falto de capacidad o de voluntad para hacer valer la ley, la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho.
¡NI UN VOTO AL PAN!
¡NI UN VOTO AL PRI!
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