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    | 01-12-2009 |
De como las cosas nunca son lo que parecen
Ruanda, Congo, ONU y revanchismo
Según un informe realizado por encargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la fundación mallorquina L’Olivar y la catalana Inshuti, habrían desviado dinero procedente de subvenciones públicas para financiar una de las milicias que lucha desde hace años en la frontera entre el Congo y Ruanda. El comité de investigación de la ONU basa sus acusaciones en llamadas telefónicas, e-mails y diversas transferencias realizadas por parte de las ONG a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).
Los responsables de ambas fundaciones niegan los cargos, estiman que las pruebas aportadas son “ridículas” e insuficientes y acusan a la ONU de tomar represalias contra ellos por haber interpuesto una querella en la Audiencia Nacional contra cuarenta cargos políticos ruandeses.
El contexto juega un papel fundamental en esta noticia. Los hechos exigen echar la vista atrás y estudiar los antecedentes de la guerra que, desde hace tiempo, azota la frontera entre ambos países africanos. Incluso un poco más atrás.
Once años después del genocidio de los tutsis ruandeses, en 2003, Paul Kagame se convierte en el primer presidente elegido democráticamente de Ruanda. Hoy, quince años después, cuando todavía escuecen las heridas, la situación del país de las mil colinas no ha cambiado demasiado.
El gobierno tutsi de Kagame sigue en el poder, y aunque reina en el interior del país una aparente calma, varias organizaciones internacionales han denunciado persecuciones, desapariciones forzadas y una larga lista de otros atentados contra los Derechos Humanos. El revanchismo es actualmente una realidad enmascarada .
Las Fuerzas de Defensa Ruandesas (FDR) luchan en la frontera con el Congo, donde junto con las fuerzas del actual presidente congoleño Kabila, se enfrentan a los insurgentes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, principal grupo rebelde ruandés hutu. Las FDLR están compuestas por 6.500 efectivos: antiguos miembros del ejército ruandés y de la milicia Interhamwe -guerrilla radical hutu-, responsables del genocidio de los tutsis ruandeses en 1994. Estas son acusadas por las autoridades congoleñas de saquear los recursos de la República Democrática del Congo y de masacrar a las poblaciones tutsis del área; y por las autoridades ruandesas de cruzar la frontera y fomentar actos de desestabilización en su territorio, donde se encuentran al menos 200.000 refugiados.
La fundación catalana Inshuti y la mallorquina l’Olivar vienen denunciando desde hace años (tantos como cuenta el gobierno de Kagame) diversas irregularidades que dificultan una profunda reconciliación entre ambas tribus: el empeño por restituir la dignidad de las víctimas y ajusticiar a todos los culpables sólo está sirviendo para hacer supurar las llagas. Quizás habría que asumir que eso sería del todo imposible; después de cargar con el peso de 800.000 muertos y millones de refugiados, la coexistencia pacífica es lo máximo a lo que podemos aspirar. Sin embargo, utópica o no, la reconciliación debería ser el mayor anhelo del gobierno ruandés, su única guía. Y no la política del “ojo por ojo, diente por diente”.
Eso precisamente es lo que denuncian las ONG españolas, que ven cómo el gobierno ruandés atenta impunemente contra los Derechos Humanos, amparándose en el derecho de “réplica”. Así, el año pasado, los responsables de ambas fundaciones, presentaron una querella en la Audiencia Nacional, que tramita el juez Fernando Andreu, contra 40 dirigentes de Ruanda. Entre ellos se encuentran el presidente ruandés Paul Kagame, quien no ha podido ser procesado porque como jefe de Estado, goza de inmunidad. Otros 5 acusados son militares que participan actualmente en misiones de la ONU, principalmente en Darfur.
Ésta sería la causa, según los acusados Joan Casòliva y Joan Carrero, de que la ONU intente, mediante pruebas “ridículas”, acusarles de apoyar a los rebeldes hutus, con el fin de desacreditar su discurso contra el gobierno de Ruanda. Así, niegan la supuesta financiación de la FDLR y argumentan que las ayudas obtenidas sólo han servido para financiar a los “cooperantes, proyectos y organizaciones que trabajan en la zona asistiendo a los necesitados”.
El informe se debatirá el próximo miércoles 3 de diciembre por el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras esperamos, debemos tomar algo de distancia para reflexionar sobre un punto esencial que los medios están dejando de lado, la dura realidad de los que sobrevivieron al genocidio de 1994. Las palabras de la periodista belga Colette Braeckman poco después de la masacre, cobran un nuevo sentido:
“¿Cómo vivirán juntos, los que han sobrevidido y los que han consentido, los que quieren disculparse y los que no quieren escuchar, los refugiados de hoy y los de ayer?“
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa de la autora, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Los responsables de ambas fundaciones niegan los cargos, estiman que las pruebas aportadas son “ridículas” e insuficientes y acusan a la ONU de tomar represalias contra ellos por haber interpuesto una querella en la Audiencia Nacional contra cuarenta cargos políticos ruandeses.
El contexto juega un papel fundamental en esta noticia. Los hechos exigen echar la vista atrás y estudiar los antecedentes de la guerra que, desde hace tiempo, azota la frontera entre ambos países africanos. Incluso un poco más atrás.
Once años después del genocidio de los tutsis ruandeses, en 2003, Paul Kagame se convierte en el primer presidente elegido democráticamente de Ruanda. Hoy, quince años después, cuando todavía escuecen las heridas, la situación del país de las mil colinas no ha cambiado demasiado.
El gobierno tutsi de Kagame sigue en el poder, y aunque reina en el interior del país una aparente calma, varias organizaciones internacionales han denunciado persecuciones, desapariciones forzadas y una larga lista de otros atentados contra los Derechos Humanos. El revanchismo es actualmente una realidad enmascarada .
Las Fuerzas de Defensa Ruandesas (FDR) luchan en la frontera con el Congo, donde junto con las fuerzas del actual presidente congoleño Kabila, se enfrentan a los insurgentes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, principal grupo rebelde ruandés hutu. Las FDLR están compuestas por 6.500 efectivos: antiguos miembros del ejército ruandés y de la milicia Interhamwe -guerrilla radical hutu-, responsables del genocidio de los tutsis ruandeses en 1994. Estas son acusadas por las autoridades congoleñas de saquear los recursos de la República Democrática del Congo y de masacrar a las poblaciones tutsis del área; y por las autoridades ruandesas de cruzar la frontera y fomentar actos de desestabilización en su territorio, donde se encuentran al menos 200.000 refugiados.
La fundación catalana Inshuti y la mallorquina l’Olivar vienen denunciando desde hace años (tantos como cuenta el gobierno de Kagame) diversas irregularidades que dificultan una profunda reconciliación entre ambas tribus: el empeño por restituir la dignidad de las víctimas y ajusticiar a todos los culpables sólo está sirviendo para hacer supurar las llagas. Quizás habría que asumir que eso sería del todo imposible; después de cargar con el peso de 800.000 muertos y millones de refugiados, la coexistencia pacífica es lo máximo a lo que podemos aspirar. Sin embargo, utópica o no, la reconciliación debería ser el mayor anhelo del gobierno ruandés, su única guía. Y no la política del “ojo por ojo, diente por diente”.
Eso precisamente es lo que denuncian las ONG españolas, que ven cómo el gobierno ruandés atenta impunemente contra los Derechos Humanos, amparándose en el derecho de “réplica”. Así, el año pasado, los responsables de ambas fundaciones, presentaron una querella en la Audiencia Nacional, que tramita el juez Fernando Andreu, contra 40 dirigentes de Ruanda. Entre ellos se encuentran el presidente ruandés Paul Kagame, quien no ha podido ser procesado porque como jefe de Estado, goza de inmunidad. Otros 5 acusados son militares que participan actualmente en misiones de la ONU, principalmente en Darfur.
Ésta sería la causa, según los acusados Joan Casòliva y Joan Carrero, de que la ONU intente, mediante pruebas “ridículas”, acusarles de apoyar a los rebeldes hutus, con el fin de desacreditar su discurso contra el gobierno de Ruanda. Así, niegan la supuesta financiación de la FDLR y argumentan que las ayudas obtenidas sólo han servido para financiar a los “cooperantes, proyectos y organizaciones que trabajan en la zona asistiendo a los necesitados”.
El informe se debatirá el próximo miércoles 3 de diciembre por el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras esperamos, debemos tomar algo de distancia para reflexionar sobre un punto esencial que los medios están dejando de lado, la dura realidad de los que sobrevivieron al genocidio de 1994. Las palabras de la periodista belga Colette Braeckman poco después de la masacre, cobran un nuevo sentido:
“¿Cómo vivirán juntos, los que han sobrevidido y los que han consentido, los que quieren disculparse y los que no quieren escuchar, los refugiados de hoy y los de ayer?“
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa de la autora, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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