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Rubén Jaramillo, crimen de Estado: DFS

Un legajo de 316 páginas da cuenta del seguimiento y acoso al líder campesino Rubén Jaramillo por parte de las policías políticas del Estado mexicano. Luego de que el agrarista rebelde dejara las armas para sostener una lucha civil pacífica por el reparto de tierras, fue ejecutado junto con sus hijos y su mujer por militares. “Solamente se habrían cumplido órdenes del presidente de la República”, se asienta en un memorándum.

Zósimo Camacho

Rubén Jaramillo es un elemento que fue consejero en la institución del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, tuvo contacto e influencia dentro de los campesinos (…) también ha figurado en dos ocasiones como levantado; actualmente todavía conserva su personalidad (…) No cuenta económicamente con nada (…).”

Se trata de una de las primeras definiciones de Rubén Jaramillo Némez que ofrecen los espías de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Involuntariamente, es la más objetiva en medio de denuestos que lo mismo lo califican de “gavillero” y “revoltoso”, que de “cacique” y “estafador”.

En la misma tarjeta –fechada por el agente infiltrado Eliseo Cristiani de la Cruz el 4 de octubre de 1951, dirigida a Pablo de la Fuente, jefe de Redacción de Noticias de los Estados de la Secretaría de Gobernación– se asientan los pueblos y municipios que integran “la zona controlada” por Rubén Jaramillo:

Santa Rosa 30, Tlaltizapán; Atlacholuaya, Xochitepec; Xoxocotla, Puente de Ixtla; Zacatepec, Tetelpa y Galeana, Zacatepec; Higuerón, Jojutla; Tlaquiltenango y Huautla, Tlaquiltenango. Todos, del estado de Morelos. La tercera vez que se levantara en armas lograría ampliar su influencia a otros 20 pueblos y municipios del estado, pero también de Guerrero y Puebla. Entonces se iría a la sierra con más de 600 campesinos armados; una vez amnistiado, se pondría al frente de más de 3 mil labriegos indígenas y mestizos, según datos de la propia DFS.

Órdenes del señor presidente

El 24 de mayo de 1962, un día después del asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, el titular de la DFS, el coronel del Estado Mayor Manuel Rangel Escamilla, elaboró un memorándum en el que no se especifica destinatario. 

En él se asienta que Rubén Jaramillo, su esposa y sus tres hijos fueron sacados de su casa, en Tlaquiltenango, Morelos, por agentes que llegaron en “dos carros y un jeep”.

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Entonces el líder agrario cumplía cuatro años de aceptar la amnistía del gobierno federal para incorporarse a la lucha civil y pacífica y su movimiento se encontraba en pláticas con el gobierno federal –en las que participaba el presidente de la República– para resolver las demandas de tierra.

El capitán Gustavo Ortega Rojas, jefe del Servicio de Seguridad Pública del estado, dijo a algunos subordinados –según el memorándum de la DFS– que los asesinos habían sido “los Agentes de la Policía Judicial Federal que desde la ciudad de México fueron a aprehender a Jaramillo”.

El documento agrega que el teniente coronel Héctor Hernández Tello, subjefe de la Policía Judicial Federal, dijo a Ortega Rojas que “solamente se habrían cumplido órdenes del señor presidente de la República”. Un día después, Ortega ratificaría: “(…) los responsables fueron elementos de la Policía Militar, que realizaron el hecho acatando órdenes superiores”.

Más adelante, el expediente de la DFS describe la escena: “(…) en una desviación que se encuentra a unos cien metros de la ruinas, sobre la carretera que conduce a ellas y en una barranca que se localiza a la izquierda de dicha desviación de terracería (…) cinco cadáveres correspondientes a cuatro personas del sexo masculino y una del sexo femenino, al parecer esta última (el plumón negro censor impide que se lean alrededor de cinco palabras, y continúa) en la siguiente forma: tres personas jóvenes juntas, más adelante un hombre como de sesenta años de edad y la mujer separada de ellos como unos cinco metros, todos presentando herida de armas de fuego, pudiéndose apreciar al de mayor edad como el que recibió más impactos”.

Los jóvenes eran los hijos de Rubén: Enrique, de 20 años; Filemón, de 24 y Ricardo, de 28. La mujer, Epifania, su esposa, estaba embarazada, contaba con 47 años. El hombre “de mayor edad (y) que recibió más impactos” era Rubén Jaramillo, de 62 años.

El presidente era Adolfo López Mateos; el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, y el subsecretario de Gobierno, Luis Echeverría Álvarez. Fernando Gutiérrez Barrios figuraba como subdirector de la DFS. Apenas unas semanas antes, Jaramillo se había entrevistado con el presidente para exponer las demandas de su movimiento. El mandatario lo había recibido efusivamente y le había dado un abrazo, “el abrazo de Judas”, dicen aún los campesinos de Tlaquiltenango.

Dos años después de la masacre, el presidente concluiría su periodo y se empeñaría en combatir una enfermedad que lo llevaría a la muerte poco tiempo después. Los demás personajes ascenderían un escalafón en el gobierno: Díaz Ordaz, a la Presidencia; Echeverría, a la Secretaría de Gobernación, y Gutiérrez Barrios, a la titularidad de la DFS. Había comenzado la guerra sucia.

Casi al final del informe, el director de la DFS, Manuel Rangel Escamilla, da cuenta del temor gubernamental:

“Aunque la situación hasta las 19.00 horas era normal, el señor Miguel Contreras, presidente municipal de Tetecala, y los elementos de la Policía Judicial del estado que se encuentran en esa población declararon que los habitantes del lugar, al identificar los cadáveres, pueden acusarlos a ellos de ser los autores de los hechos y por ello ser objeto de represalias, lo que originó que Félix Vázquez Peña y los elementos pertenecientes a su grupo de la Judicial del estado abandonaran Tetecala sin conocerse su paradero, ya que no se han reportado a sus jefes.”

De acuerdo con un memorándum del 26 de mayo de 1968, firmado por el titular de la DFS, al sepelio de Rubén Jaramillo –realizado “ante un reducido grupo de personas”– habrían asistido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en representación del Movimiento de Liberación Nacional, y Jorge Rosillo, representante de la embajada de Cuba en México.

Cuatro lustros tras Jaramillo

El expediente acerca de Rubén Jaramillo fue integrado, a solicitud deContralínea, con documentos de la DFS en poder de la Galería 1 del Archivo General de la Nación. Una copia del mismo fue entregada a esta publicación por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El legajo consta de 316 copias fotostáticas de tarjetas informativas, memorandos, informes manuscritos, volantes de propaganda y transcripciones de conversaciones y hasta corridos; además de una fotografía.

El material es de difícil lectura. Hojas enteras son ilegibles y la única fotografía que se integró es difusa e ininteligible. Se advierte que es un archivo incompleto, pues no integra nada acerca de las amnistías a las que se acogió el líder rebelde en dos ocasiones ni menciona el Operativo Xochicalco –en el que fue asesinado–, tampoco incluye los informes que se rindieron sobre éste.

El expediente fue integrado por Vicente Capello y Rocha, exagente de la Dirección Federal de Seguridad, a la que ingresó en 1961, y director del Archivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hasta 2001, cuando fue trasladado en calidad de “apoyo” a la Galería 1 del Archivo General de la Nación. Capello –como todo el personal de la galera que controla– sigue adscrito al Cisen, cuyo antecedente es la propia DFS (Contralínea 92). El funcionario proporcionó posteriormente una segunda foto de Jaramillo “que se les pasó integrar”.

El periodo del seguimiento a las actividades de Rubén Jaramillo –registradas en el legajo– comprende 19 años, desde 1943 hasta 1962, cuando es asesinado. Sin embargo, los espías de la Secretaría de Gobernación continuarían acosando a las personas que conmemoran su muerte y cantan corridos jaramillistas. El último reporte corresponde al 23 de mayo de 1978, 16 años después del Operativo Xochicalco.

Candidato a gobernador

El Estado mexicano no podía tolerar que existiera una disidencia, civil y pacífica, con posibilidades de ganar una gubernatura al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante los albores de la campaña lanzada por Jaramillo para ganar el gobierno de Morelos, los espías lamentan: no se puede averiguar cuántos son los simpatizantes de Jaramillo “(…) debido a que éstos no actúan tan descaradamente ni demuestran su situación”.

Los agentes de la DFS buscan vincular todas las actividades de Rubén Jaramillo con el movimiento del general Miguel Henríquez Guzmán, quien rompió con el partido de Estado y contendió por la Presidencia de la República en 1952. Un telegrama del 18 de octubre de 1951 da cuenta de una reunión entre Jaramillo y Henríquez en la que se habría acordado el mutuo respaldo para la gubernatura de Morelos y la Presidencia de la República, respectivamente.

El programa de gobierno jaramillista quedó registrado en un telegrama que envió el agente A. C. Esponda, a Pablo de la Fuente, el 15 de abril de 1952: “Rubén Jaramillo ofrece en su programa tierra para todos, derecho de huelga, (que) la Junta Central de Conciliación sea dirigida por obreros; aplicación de servicios sociales en cada ejido, modificar impuestos condonando deudas fiscales. Habrá libertad de reunión, expresión, imprenta y creencias religiosas.”

Además, un manuscrito –de quien es autor el “agente 107”– contiene extractos de un discurso de Jaramillo, el cual habría pronunciado ante simpatizantes el 17 de abril de 1952: “(…) como candidato y como ciudadano revolucionario no me apena manifestar ante mi pueblo que no soy universitario ni catedrático ni cosa por el estilo. Soy un trabajador de origen campesino, y en las luchas revolucionarias de mi clase he adquirido modesta preparación (…).”

Más adelante, en el mismo discurso, Jaramillo identifica a sus enemigos: la mala situación del estado se debe a “(…) quienes, alardeando de ser cultos, tan sólo se dedican a la carrera funesta de la politiquería para enriquecerse sirviendo a los intereses de quienes explotan la fuerza de trabajo de los obreros y de los campesinos (…).”

Luego de las elecciones del 6 de julio de 1952, en las que supuestamente los ganadores fueron los candidatos del PRI, el seguimiento a Rubén Jaramillo se hizo más puntual. El encargado de seguir sus movimientos es Rafael Solís de la Fuente, el “agente 153”, quien elabora informes dirigidos al titular de la DFS.

Uno de ellos, fechado en Cuernavaca el 6 de agosto de 1952, señala: “Por el momento se encuentra toda la región que es partidaria de Rubén Jaramillo en completa calma (…), éste (Jaramillo) se encuentra en Uruapan, Michoacán, (…) por consejo del general Lázaro Cárdenas por temor de que en el estado (Morelos) lo maten o lo encarcelen (…)”.

El informe del espía Rafael Solís del 15 de octubre de ese año no deja lugar a dudas de la intención de asesinar a Jaramillo: “(Rubén) se encuentra en Oaxaca y en el transcurso de esta semana pasará a la sierra de Puebla (…) no vendrá a Morelos porque sabe que hay una orden de matarlo al verlo”. La palabra “matarlo” fue tachada con plumón en el original –tal vez por el propio director Federal de Seguridad–, y en su lugar se escribió: “eliminarlo”.

La popularidad de Jaramillo mantenía nervioso al gobierno de Ruiz Cortines. El presidente pidió informes a la DFS acerca de las actividades del líder campesino y el titular de ésta, el coronel Leandro Castillo Venegas, y el segundo comandante de agentes de la misma dependencia, Fernando Gutiérrez Barrios, elaboraron siete memorandos dirigidos al presidente de la República entre el 23 de abril y el 24 de julio de 1953.

En el segundo memorando, fechado el 2 de mayo de 1957, el director de la DFS se regodea ante el presidente: “Con motivo de que he podido incrustar un elemento de esta Dirección dentro de las filas del alto mando henriquista, pongo en el muy superior conocimiento de usted los datos que ha recogido (…)”. Se trata de los supuestos preparativos del general Henríquez para levantarse en armas, junto con Jaramillo y otros líderes de los estados, hecho que nunca ocurrió.

Quien sí se levantaría en armas sería Rubén Jaramillo. En un memorándum de la DFS, firmado por su titular, Castillo Venegas, se informa que el líder agrarista se internó en la sierra con 500 campesinos armados. Está fechado el 16 de octubre de 1953. Un memorándum posterior (del 3 de noviembre de ese año) señala que 100 campesinos más se han sumado a Jaramillo.

Para el 5 de enero de 1954, en un informe sin destinatario, el director federal de Seguridad se lamenta del respaldo que mantiene Jaramillo: “(…) cuenta con una amplia red de espionaje, integrada principalmente por vendedores ambulantes y limosneros, los cuales le tienen al tanto de todo en los gobiernos de esas entidades (Morelos y Guerrero) y se evita caer en manos de las autoridades (…)”.

De la represión sobre los pueblos de Morelos, Guerrero y Puebla, apenas unas líneas: “(…) el Servicio Secreto, dependiente de la Jefatura de Policía, detuvo el sábado por la tarde a tres lugartenientes de Rubén Jaramillo, los cuales fueron llevados con rumbo desconocido (…)”, se asienta en un memorándum el 18 de enero de 1954.

Cinco días después, según los informes de la DFS, “(…) el Servicio Secreto (…) detuvo a (…) Maximino González a quien lo estuvieron interrogando largamente sobre Rubén Jaramillo”.

Vicente Capello y Rocha, encargado de integrar el expediente del queContralínea posee copia, supuestamente no encontró informes ni ningún otro documento acerca de los interrogatorios.

El 22 de marzo de 1954, cuando el henriquismo se había deslindado formalmente de Jaramillo y había condenado su levantamiento en armas, Castillo Venegas debe reconocer ante el presidente de la República: “Rubén Jaramillo viaja constantemente de Zacatepec a Jojutla y (…) cuenta con el respaldo del 80 por ciento de la población de esa entidad (Morelos), debido al descontento que hay contra el gobierno local.”

También firmado por el director Federal de Seguridad, otro informe del 8 de mayo de ese año da cuenta de que “(…) en la tarde del día de hoy hubo un encuentro entre tropas federales y la gavilla del líder henriquista Rubén Jaramillo, resultando varios muertos, tanto de un bando como de otro (…).”

Los informes se suspenden. Supuestamente, la DFS no registró nada acerca de la amnistía ofrecida por el gobierno de López Mateos ni de las condiciones en que se realizaron las negociaciones. Los memorandos se remontan hasta 1961, cuando Rubén, al frente de 3 mil campesinos –según datos de la oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación–, ocupa los campos de El Guarín y Michiapa, en Morelos. La movilización es pacífica y tiene como objetivo crear cooperativas en tierras ociosas. El gobierno ofrece otros terrenos y los campesinos desalojan las tierras.

Antes de ser asesinado, Jaramillo venía realizando una intensa actividad política pacífica. El día del Operativo Xochicalco, los Jaramillo no fueron las únicas víctimas:

“Severiano Analco, vigilante de las ruinas de Xochicalco, observó ayer como a las 18.00 horas la llegada de dos carros negros y un jeep a ese lugar y que cuando se dirigió a los visitantes para ver qué se les ofrecía, un elemento en mangas de camisa lo encañonó con una ametralladora ordenándole que se retirara del sitio (…). Severiano y su hijo Andrés no han sido localizados (…)”, señala el memorándum del 24 de mayo de 1962.

El informe de un día después, asienta: “Severiano y Andrés Analco, testigos presenciales de la muerte de Jaramillo, se encuentran detenidos e incomunicados en las oficinas de la Policía Judicial del Estado (…)”.

Las fichas y los memorandos continúan hasta 1978. En ellos se consignan los nombres de quienes conmemoran la muerte del líder agrarista y de los niños que cantan corridos jaramillistas.