| A partir de hoy, Grijalbo pondrá a la venta el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, La Gran Tentación. El petróleo de México. El texto que presentamos a continuación, por cortesía del sello editorial que lo publica, fue tomado del capítulo “La política irresponsable” |
Los gobiernos neoliberales le han confiscado a Pemex todos sus ingresos. Tan sólo de 2000 a la fecha, mientras esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 442 mil millones de pesos, ha pagado y enterado impuestos por 4 billones 467 mil millones de pesos, cifra que significa 75.8 por ciento de sus ventas. En contraste, en este mismo periodo la inversión pública directa en Pemex (sin incluir deuda) fue de 162 mil millones de pesos, cifra que representa apenas 2.5 por ciento de sus ventas totales.
Los ingresos obtenidos por petróleo han sido utilizados para financiar el presupuesto público, al grado que de cada peso del presupuesto, cuarenta centavos provienen del petróleo. Esta política fiscal que sangra a Pemex, ha sido utilizada para compensar el déficit que registra la recaudación, debido a que en nuestro país las grandes empresas prácticamente no pagan impuestos.
Por ejemplo, en 2007 Pemex tuvo ventas por un billón 134 mil 980 millones de pesos y sus aportaciones a las finanzas públicas fueron de 846 mil 200 millones de pesos, es decir, 74.6 por ciento de sus ventas. Mientras, en ese mismo año, según cifras de la Bolsa Mexicana de Valores, nueve grandes empresas registraron ventas por 1 billón 209 mil 316 millones de pesos y pagaron impuestos por 51 mil 325 millones: cinco por ciento de sus ventas. O sea, Pemex aportó dieciséis veces más. Habría que agregar que estas empresas presentaron impuestos diferidos en sus balances por 106 mil 296 millones de pesos; es decir, obtuvieron créditos fiscales por el doble de lo que pagaron de impuestos. Además, no sabemos cuánto al final terminaron pagando porque suele pasar que se beneficien con la devolución de impuestos.
La gran corrupción que se da entre las cúpulas del poder económico y del poder político en México, puede describirse señalando que un trabajador, un integrante de la clase media o un pequeño o mediano comerciante o empresario, están obligados a pagar de 15 a 28 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR); sin embargo, los grandes monopolios vinculados al poder, por los privilegios que se les otorgan, reducen al mínimo el pago de impuestos y, en algunos casos, no pagan nada.
Las reformas fiscales realizadas desde el gobierno de Fox y hasta la fecha han agravado este problema. Así lo confirma el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación. Según este organismo, en 2005 “se detectaron cincuenta grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de impuestos sobre la renta, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos”. Así mismo, se asegura que “las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, alcanzaron la cantidad de 604 mil 300 millones de pesos. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal”. Esta situación ha continuado, y durante el primer semestre de 2008, las devoluciones de impuestos efectuadas ascendieron a 93 mil 613 millones de pesos.
Por último, habría que agregar que a los gobiernos panistas les ha tocado la época de precios más altos del petróleo en toda la historia del mundo. Fox recibió durante su sexenio recursos presupuestales del petróleo del orden de 335 mil millones de dólares y tan sólo de excedentes por los precios altos, obtuvo 10 mil millones de dólares por año en el trienio de 2004 a 2006. Y la desgracia fue y sigue siendo, que todo ese dinero, en vez de destinarse a modernizar a Pemex, a promover el desarrollo de México y a garantizar el bienestar del pueblo, se derrochó en beneficio de la alta burocracia o se fue por el caño de la corrupción.
Así mismo, en 2007, el gobierno de facto recibió 12 mil millones de dólares de excedentes por precios altos del petróleo de exportación, y en 2008, serán 20 mil millones más. Tengamos en cuenta que la Cámara de Diputados fijó en la Ley de Ingresos de la Federación un precio estimado por barril de 49 dólares y se ha vendido a 100 dólares en promedio. Desde 1901 que comenzó la explotación petrolera en México hasta nuestros días, ningún presidente de la República había obtenido tanto dinero por concepto del petróleo, como el que está recibiendo en este año el usurpador Felipe Calderón. Sin embargo, todos estos recursos, al igual que cuando Fox, se han utilizado para subsidiar fiscalmente a sus aliados de las grandes corporaciones empresariales, se han dilapidado con la corrupción o se han orientado para mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. Baste subrayar que el gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo dos años sumará 404 mil millones de pesos. En suma: ineptitud, corrupción y derroche a manos llenas.
La gangrena de la corrupción
Todo el desastre en el sector energético nacional ha sido alimentado por la corrupción que predomina en el gobierno, en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Este es el mal que más aqueja a Pemex y atormenta a la nación. Aunque son inagotables los casos de corrupción, aquí sólo trataré de manera puntual algunos de los más actuales que considero relevantes.
El primer contrato de servicios múltiples que se otorgó, violando la Constitución, a una empresa extranjera, se suscribió cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. El 14 de noviembre de 2003, sin que hubiera participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por 2 mil 437 millones de dólares, para explotar yacimientos de gas en la Cuenca de Burgos.
Este contrato de servicios múltiples, celebrado con Repsol, en su anexo “Catálogo de Precios Máximos” muestra cómo se integran los costos de los servicios contratados y sus elevadísimos sobreprecios: para la adquisición de infraestructura se paga 120 por ciento adicional del costo directo; y en el caso de los servicios de mantenimiento, hasta 320 por ciento sobre el costo directo diario. Además, el precio unitario original se aplica independientemente de que la empresa contratista utilice materiales nuevos o usados; es el contratista quien tiene la “responsabilidad absoluta” de inspeccionar, probar y certificar todos los materiales, y por si fuese poco, se incluyen cargos adicionales no previstos como tasas y tarifas de importación, impuestos laborales, impuestos por adquisición de inmuebles y permisos, licencias y registros públicos.
Pero lo peor es que estos contratos han resultado benéficos sólo para las empresas extranjeras, pero improductivos y perjudiciales para el interés nacional. Por estos contratos leoninos que han sido otorgados a Repsol, Tecpetrol, Petrobras, Teikoku, Schlumberger y Halliburton, entre otras, Pemex convino pagar más de 5 mil millones de dólares, con la justificación de que la producción de gas iba a aumentar en 50 por ciento en la Cuenca de Burgos, lo que hubiera significado 500 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, en cinco años las empresas aumentaron la producción sólo en 63 millones de pies cúbicos, pasando de 126 millones, que era la producción que Pemex obtenía al entregar los campos, a 189 millones de pies cúbicos; es decir, el incremento equivale a cuatro por ciento de la producción estimada en Burgos. Es más, en el mismo periodo, Pemex aumentó la producción en los campos operados por la paraestatal, de mil a mil 347 millones de pies cúbicos. En suma, los contratos de servicios múltiples elevaron muy marginalmente la producción a costos muy elevados: han sido un fracaso.
Inversiones inútiles
Para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta se contrató en 1997 a Sunkion Limited, Siemmens e ICA. La obra debió terminarse en julio de 2000, pero tardó más del doble del plazo pactado. Se entregaron los trabajos inconclusos, con irregularidades y los precios unitarios se pagaron muy por encima de lo contratado. En noviembre de 2001, la auditoría cuantificó pérdidas, hasta ese entonces, por más de mil millones de dólares. Pemex, que había renunciado a la jurisdicción nacional, fue demandado por el consorcio en tribunales internacionales. Ante la falta de una defensa adecuada, fue obligado a pagar 630 millones de dólares adicionales. A ningún funcionario se le fincó responsabilidad alguna ni mucho menos sanción hasta el día de hoy. Se generó un daño patrimonial de cuando menos mil 630 millones de dólares.
Los contratos con empresas extranjeras en Chicontepec, Veracruz, también demuestran, cuando menos, lo absurdo de la política privatizadora. En esta zona, con amplias reservas de petróleo, pero cuya extracción supone gran dificultad técnica, entre 2004 y 2007 se incrementó la inversión de dos mil 905 millones a cuatro mil 871 millones, cerca de 70 por ciento. Las fechas coinciden con la contratación de las empresas Schlumberger y Halliburton para la perforación de 300 pozos. Sin embargo, en ese periodo la producción pasó de 25 mil 223 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (pce) a 26 mil 625 millones de barriles diarios , es decir, únicamente se incrementó seis por ciento. En suma, Burgos y Chicontepec resultaron un magnifico negocio para los contratistas pero un pésimo negocio para la nación.
En 2007, la empresa noruega PetroMena, poseedora de plataformas de perforación para aguas profundas, rentó durante cinco años tres plataformas: la más grande para 3 mil metros de profundidad a Petrobras America Inc., en 750 millones de dólares. La de capacidad media, para 2 mil 500 metros de profundidad, a Petrobras Brasil, en 645 millones de dólares. Y la de menor capacidad, para 2 mil metros de profundidad, a Pemex a un costo de 940 millones de dólares. En pocas palabras, Pemex rentó la plataforma más pequeña 300 millones de dólares más cara.
[...] Después de este rosario de hechos fraudulentos, queda claro que detrás del actual afán privatizador de la derecha, está la ambición del mismo grupo que ha venido haciendo negocios privados al amparo del poder público y a costa del patrimonio nacional. Más allá de consideraciones técnicas, financieras o administrativas, la intención de privatizar Pemex se basa en el interés de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos que quieren seguir montados en el negocio del petróleo.
En síntesis, es un hecho innegable que durante la época del pillaje neoliberal, han tratado de destruir a la industria petrolera nacional. Es cuando más ha padecido de intervencionismo y la han saqueado a mansalva, como a ninguna otra empresa en el mundo. Y sin embargo, sigue siendo imprescindible defenderla ante la actual embestida que busca aniquilarla por completo, porque de la salvación de esta industria depende, en mucho, el destino del país y de nuestro pueblo.
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