Miles y miles, marchando en fila. Paso firme y sostenido por horas. Avanzando unos 20 kilómetros por día, quedaron a las puertas de Santa Cruz, mientras otros miles bloqueaban las rutas principales del departamento, interrumpiendo casi totalmente el tránsito de personas y mercancías entre el oriente y el occidente boliviano.
Son los campesinos de Santa Cruz, los colonizadores del norte del departamento, los estudiantes, las mujeres campesinas, apoyados por un masivo campamento en el puente sobre el río Ichilo a cargo de miles de campesinos y campesinas del trópico de Cochabamba. Son los protagonistas de una nueva victoria sobre los planes golpistas con cara visible en los cívicos de la medialuna menguante del oriente.
Revisemos rápidamente el último mes y medio en la vertiginosa política boliviana:
10 de agosto. Evo Morales es ratificado por un histórico 67 por ciento en el referendo que la derecha parlamentaria desempolvó para tratar de debilitar al presidente. El apoyo al mandatario superó en porcentaje y números absolutos el obtenido en la también histórica elecciones que lo llevaron al Palacio del Quemado, en 2005. Evo gana en 95 de las 112 provincias del territorio nacional, y hace una elección sin precedentes en Santa Cruz, orillando el 40 por ciento de los votos. El voto por el NO sólo se impone en algunas regiones de Santa Cruz, Pando y Beni y en las ciudades capitales de Cochabamba y Chuquisaca.
13 de agosto. Desencajados, los prefectos opositores acuerdan radicalizar las medidas de presión, con un nuevo caballito de batalla, la devolución a los departamentos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Gritan “IDH” como antes gritaban “autonomía”, pero no intentan manifestaciones masivas como las del primer semestre del año.
15 de agosto. Se conoce la real dimensión de la “radicalización” anunciada por los prefectos: dirigentes de la Prefectura, Comité Cívico, partidos de oposición y líderes empresariales intentan tomar el Comando Departamental de la Policía Nacional en Santa Cruz y mandan a la Unión Juvenil Cruceñista a golpear al coronel Wilge Obleas, la máxima autoridad policial del departamento.
16 de agosto. El prefecto Rubén Costas echa combustible al fuego: califica de “mal nacido” al presidente Evo Morales y de “cobarde” al vice García Linera. Ante unas 2 mil personas, dice que el próximo comandante de la “policía autonómica” cruceña estará bajo su mando.
20 de agosto. Un “paro cívico” convocado por los comités cívicos se nota en los nucleos urbanos de Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni. Las bandas de la Unión Juvenil Cruceñista, con escudos, palos y armas cortas, golpean a los vecinos que se resistían a acatar el paro, en especial en los barrios populares, agreden y patean a policías, queman vehículos policiales y arrasan con los comercios que osaban abrir sus puertas. Comienzan las tomas de entidades públicas nacionales.
24 de agosto. En un encuentro con movimientos sociales, el presidente Evo Morales concerta una estrategia para enfrentar la la radicalización de las acciones de la derecha política y mediática.
25 de agosto. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, se reúne en secreto con el entonces embajador de los EE.UU. en Bolivia, Philip Goldberg.
28 de agosto. El presidente Evo Morales convoca a referéndum para aprobar el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado para el 7 de diciembre. Movimientos sociales e indígenas respaldan la medida. Un día antes, los prefectos de derecha habían asegurado que no lo permitirían en sus departamentos.
1 de setiembre. La Corte Nacional Electoral salda el pleito a favor de los prefectos y suspende la realización de todos los referendos, el constitucional y los de elección de los nuevos prefectos en Cochabamba y La Paz. El gobierno demora dos días en reaccionar y decir que la decisión de la Corte es ilegal.
10 de setiembre. Martes negro en Santa Cruz. La Unión Juvenil Cruceñista toma y destruye las oficinas del Instituto de la Reforma Agraria, de la nacionalizada Entel y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). También inutilizan las instalaciones y equipos de transmisión de Televisión Boliviana. En Tarija se toman la Superintendencia de Hidrocarburos, la Aduana y el Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social (CEJIS), comprometido con la autogestión y autonomía indígena. Se suspende casi por completo el suministro de gas a países vecinos tras la toma de las instalaciones de planta de gas de Villamontes. Autoridades de las prefecturas se muestran entre los saqueadores, diputados del derechista partido PODEMOS aplauden las tomas.
11 de setiembre. El Embajador de EE.UU. en Bolivia es declarado persona no grata y se le da dos días para que abandone el país. Un diputado opositor por Santa Cruz, Oscar Urenda, declara: “somos lo suficientemente fuertes como para partir al país y si tengo que agarrar un palo, una onda, un arma, lo voy hacer, pero voy a defender mi territorio y nadie va a pasar por encima”.
13 de setiembre. En Tiquipaya, Cochabamba, un grupo de la Unión Juvenil Cruceñista ataca a campesinos del Chapare que cortaban la vía a Santa Cruz. Muere Edson Ruiz, afiliado a la Unión Juvenil Cruceñista y empleado de la Prefectura cruceña. La prefectura lo declaró por decreto “héroe ciudadano en defensa del IDH y las autonomías”, los crespones negros en las banderas aún puede verse en los edificios públicos prefecturales.
Hasta aquí, un escenario de creciente caos que parecía imparable. El golpe civil estaba en pleno desarrollo, sólo faltaban los muertos. Y llegaron. El 11 de setiembre, en el norteño departamento de Pando, una banda de sicarios mató a un número impreciso de campesinos que marchaban a un ampliado de su organización. Los campesinos contaron 20 muertos. Decenas escaparon por la selva y nadando. Imágenes posteriores demostraron que muchos fueron ultimados mientras escapaban y que en la matanza participaron directamente funcionarios de la prefectura y que los asesinos se movían en vehículos oficiales.
En ese marco, el gobierno logró movilizar a las Fuerzas Armadas de Bolivia para ocupar militarmente el departamento de Pando y garantizar el estado de sitio para prevenir más ataques. Cuatro días después de la masacre es detenido el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, mientras el presidente Evo Morales denuncia que la justicia no está realizando su trabajo para identificar y castigar a los autores de los asesinatos, torturas y -muy probablemente- inhumaciones clandestinas en fosas comunes.
La marcha silenciosa
Cuando todos estos hechos dominaban la escena nacional y repicaban crecientemente en la prensa mundial, una marcha silenciosa se gestaba en segundo plano. Miles de campesinos comenzaban a cortar las rutas principales del departamento de Santa Cruz, y preparar su marcha hacia la ciudad.
Reclamaban la restitución de las entidades del Estado tomadas y saqueadas por los “cívicos”, la renuncia del prefecto Rubén Costas y revalidaban su apoyo al presidente Evo Morales. Los pobres de toda pobreza se lanzaban a las rutas, con una determinación inclaudicable.
La movilización fue por miles y en diferentes puntos del departamento. Los colonizadores en San Julián y Yapacaní, los campesinos de distintas agrupaciones desde las provincias de Sara e Ichilo, al norte, y desde Cordillera, al sur de una ciudad de Santa Cruz rehén en una campaña de miedo promovida por los canales de televisión que alertaban sobre la llegada de “milicianos del MAS armados”.
El uso del término “miliciano” no es casual, tras la revolución de 1952 y por un breve lapso, en Bolivia se disolvió el ejército, que fue reemplazado por milicias obreras y campesinas, que protagonizaron violentos incidentes en varias zonas del país y fueron estigmatizadas por la reacción que gobernó, en variantes militares y civiles, la segunda mitad del siglo XX.
Lo cierto es que estas marchas masivas distan mucho de aquellas milicias. Aquí no hay organización militar ni armas por doquier. “Nuestras armas son palos” repiten una y otra vez los campesinos, mientras muestran una suerte de lanzas de dudosa contundencia, más aptas para acompañar a modo de bastón las largas caminatas y que para estrellarse con algún éxito en la cabeza del adversario.
De cualquier forma y más allá de su precario “armamento”, la golpiza letal al unionista Edson Ruiz muestra que los campesinos no están dispuestos a pasar por cándidos.
Un periodista de la agencia Notimex notició la informal confesión de un taxista de Santa Cruz quien aseguró haber cobrado 200 pesos bolivianos (algo menos de 30 dólares) por día durante los hechos de saqueo y toma a edificios públicos. “Me dieron un palo y la instrucción de quebrar todo lo que encontrara a mi paso”, relató el taxista.
Una médica que suele colaborar con los campesinos en sus marchas curando llagas, ampollas y deshidrataciones, relató a este cronista como varias veces debió reanimar a “niños de 14 años con paro cardiaco por exceso de drogas y alcohol”, enviados al frente de las refriegas por la Unión Juvenil Cruceñista. La misma fuerza paramilitar que intentó ingresar varias veces a destruir el mercado del populoso Plan 3000 en las afueras de Santa Cruz de la Sierra y volvió cada vez a las avenidas circulares del centro magullada y deprimida por la resistencia de los vecinos del lugar. Tan segura resultó la zona a los embates, que allí se mudaron las oficinas del gobierno desmanteladas en el martes negro.
Mientras la Unión Juvenil se sustenta en el clientelismo y las drogas para intentar mantener pobladas sus filas tras los reveses relatados, los campesinos, encendidos por la seguridad de estar escribiendo la historia y con las plantas de los pies como suelas, marcharon con un arma que la reacción teme y pierde día a día: la masividad.
El efecto práctico de las mayorías
Con el golpe cívico conjurado, los movimientos sociales saben que sólo se trató de una batalla. No es la primera, ni será la última. Pero hay avances notorios. Basta recordar la correlación de fuerzas en el primer semestre de este año, cuando la apropiación de la bandera de la autonomía por parte de las élites cruceñas desaceleró hasta la parálisis la refundación de la Nación propuesta en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado impulsado por las mayoría de la Asamblea Constituyente el año pasado.
Los actos masivos por el SI al estatuto autonómico cruceño hoy por hoy son solo recuerdo en las ventosas calles de Santa Cruz. La Unión Juvenil Cruceñista está en crisis y amilanada por los reveses en el juego que creían jugar mejor: la violencia callejera. Igual que los medios golpistas, muestran los dientes más por miedo que por fortaleza, atrapados en su propia trampa de transformar en ogros descontrolados a los campesinos. De golpe, vieron confluir hacia las “blancas” calles de Santa Cruz a miles y miles de sus ogros descontrolados.
De golpe vieron cómo el 40 por ciento de los votos por el SI que Evo Morales recibió en el departamento de Santa Cruz en el referendo confirmatorio de agosto se materializó en algo que ellos no están en condiciones de oponer: masividad y conciencia.
Al cierre de esta nota, el diálogo entre el gobierno y los prefectos seguía en terapia intensiva y cuarto intermedio hasta el lunes 29, mientras los voceros más nerviosos de la derecha rompían las formas para admitir que el diálogo por la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el alcance de las autonomías es sólo la cáscara de una discusión que, en el fondo, busca trabar para siempre la aprobación de la nueva Constitución, algo que el gobierno, por su parte, no está dispuesto a negociar.
Así las cosas, las batallas que siguen se adivinan próxima en el corazón convulsionado de sudamérica. Pero las victorias fortalecen y generan confianza. Los que quieren el cambio en Bolivia hoy festejan una. Y no es poco.
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