A 40 años
■ Informes policiacos hablaban de conjura en el movimiento del 68
Los escenarios de la represión
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Imagen publicada por la revista Tiempo, la cual era dirigida por el escritor Martín Luis Guzmán, y que defendió la teoría de la conjura y denunció enérgicamente la quema de autobuses por parte de los estudiantes en los últimos días de julio
“Al momento son siete los estudiantes muertos y 500 los heridos a manos de la policía. Por lo que piden la destitución del jefe y subjefe de la policía, así como la derogación del artículo 145 constitucional (sic)”, reportaba el 29 de julio la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), de la Secretaría de Gobernación. Los choques con la policía se habían prolongado ya tres días en la zona del centro de la ciudad conocida como el barrio estudiantil.
Desde la noche del 26 de julio la violencia se había extendido a las calles de Brasil, Donceles, Justo Sierra, Argentina y El Carmen, quedando en medio el edificio de San Ildefonso, donde estaban las preparatorias 1 y 3 (esta última tenía sólo turno nocturno).
Los enfrentamientos también ocurrieron en los alrededores de lo que ahora se conoce como el Palacio de la Autonomía, en Guatemala y Primo Verdad, donde en aquel entonces estaba la Preparatoria 2.
La noche del 26, en la Plaza de la Ciudadela, grupos de granaderos detuvieron a estudiantes de las vocacionales 2 y 5, quienes buscaban refugiarse en sus escuelas luego de la represión policial en el primer cuadro de la ciudad.
Los comités de lucha estudiantiles comenzaron a gestarse en todas las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En la Escuela Nacional de Maestros y la Universidad Autónoma Chapingo, conforme crecía la inconformidad, también lo hacía la organización.
A las 22 horas del 26 de julio, un agente de la DGIPS emitió el siguiente reporte, que da cuenta de lo ocurrido ese día:
“Los estudiantes se han posesionado de los edificios de las preparatorias 1 y 3, parapetándose en las azoteas, desde donde libran una batalla campal contra los granaderos a ladrillazos.”
También reportó que “en la esquina de Donceles y Argentina se están suscitando choques en este momento, entre estudiantes de la Preparatoria 2 y un grupo de granaderos, existiendo en distintos puntos vehículos golpeados por los estudiantes, que los tienen en su poder.
“Intervienen las cruces Verde y Roja, las grúas y vehículos de tránsito, así como granaderos y bomberos, ya que se está librando una batalla campal a ladrillazos”, insistía el informe, lo cual da idea de la intensidad de los enfrentamientos que, de acuerdo con lo reportado, nunca imaginó la policía.
En ese contexto, otro informe de la DGIPS, que no tiene registrada la hora de elaboración, refiere que los uniformados son el objetivo de “las pedradas y bombas Molotov que están siendo arrojadas por los estudiantes, quienes tratan de incendiar tres autobuses urbanos que obran en su poder”.
Y el Libro Blanco del 68, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), señala que la madrugada del 27 de julio “alumnos del Politécnico llevaron cuatro autobuses secuestrados frente a la Preparatoria 1, ubicada en la calle Justo Sierra, en donde se refugiaron, quemando los camiones aludidos e hiriendo a otros cuatro policías”.
Ciertamente, un autobús fue incendiado en la esquina de Argentina y Justo Sierra. Ramón Ramírez, en su libro El movimiento estudiantil de México, escribe que “inmediatamente después se presentaron agentes policiacos bajo el mando del coronel (Luis) Cueto Ramírez, lo mismo que las unidades de granaderos de la estación central (que estaba en las calles de Victoria, muy cerca de Balderas) protegidos con gruesos uniformes, impermeables, cascos y botas, así como dotados de macanas, lanzallamas y otras armas”.
Esa madrugada se había tendido un cerco en la zona de las escuelas cercanas al Palacio Nacional: los granaderos formaron vallas en espera de que los estudiantes salieran de los planteles para detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público, a pesar de que Roberto Alatorre Padilla, director de la Preparatoria 3, solicitó a Cueto Ramírez que permitiera a los estudiantes abandonar la zona. El coronel supuestamente accedió a la petición, pero mantuvo el cerco.
Ese día, alumnos de la Vocacional 7, situada en “la unidad Santiago Tlatelolco, sobre la avenida San Juan de Letrán Norte, comenzaron a detener camiones urbanos a fin de recorrer otras escuelas vocacionales y prevocacionales y trasladar contingentes a la Ciudadela”, indicaba un informe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Por la noche, el bloqueo con camiones abarcaba los cruces de “Argentina y Justo Sierra, El Carmen y San Ildefonso, Justo Sierra y El Carmen, Argentina y Venezuela, Brasil y González Obregón y Brasil y Donceles, poniendo además cordones de estudiantes en esas esquinas, enlazados de los brazos”, agrega el reporte.
El mismo documento de la DFS señala que los comercios de la zona estuvieron cerrados y que “por la noche, (los estudiantes) ampliaron el bloqueo, también con camiones de pasajeros hasta las calles de Guatemala.
“Los estudiantes de estas escuelas (preparatorias 1, 2, 3) hicieron declaraciones pidiendo que desaparezca el cuerpo de granaderos, libertad de expresión y respeto a la autonomía universitaria.”
Asimismo, comenzaron las versiones oficiales especulativas y distorsionadas. Una de ellas señalaba que “a las 19 horas salió de este edificio un camión como con 40 estudiantes rumbo a la Vocacional 5, a donde llevaron botellas vacías y extrajeron gasolina al vehículo, posiblemente con la intención de fabricar bombas Molotov”.
Más adelante, el informe de DFS añade: “las autoridades universitarias trataron durante el día de hoy (27 de julio), que los estudiantes de las preparatorias desistieran de sus actos de agitación, por medio de los directores de las mismas, pero manifestaron que desgraciadamente en este asunto han intervenido elementos ajenos”.
El Universal publicó en esa fecha una información titulada “El foco de la agitación”, escrita por Antonio Lara Barragán, en la cual, sin ningún sustento, se decía: “agitadores del Partido Comunista de México, de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, de la Liga Trotsquista (sic), del Movimiento de Liberación Nacional (en el que participaba el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río), del Movimiento 26 de Julio y las células de la Juventud Comunista del IPN y de las escuelas de Ciencias Políticas y Sociales y de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvieron a su cargo los desórdenes”.
A su vez, el diario Excélsior publicó el domingo 28 que “unidos, estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y de las preparatorias 1, 2 y 3, realizaron manifestaciones de apoyo mutuo y también asambleas en protesta por los medios de represión de la policía y buscaron la adhesión de escuelas profesionales”, así como para denunciar a “los grupos de agitadores y falsos estudiantes que participan en desórdenes y cometen delitos”.
Estas declaraciones conjuntas de estudiantes politécnicos y universitarios serían la simiente de lo que en los primeros días de agosto se convertiría en el Consejo Nacional de Huelga. Ahí también quedó definido el primer punto de lo que sería el pliego petitorio del movimiento a lo largo de tres meses: “la destitución de los jefes policiacos”.
Importa destacar que en el Libro Blanco del 68, en el capítulo denominado “El detonador”, como último punto de su análisis se incluye el siguiente párrafo: “ese mismo día, por la mañana, el licenciado Carlos Madrazo, presidente del PRI, celebraba en la suite del hotel Continental Hilton, y horas después en su despacho profesional, juntos (sic) con los coordinadores del proyectado partido político juvenil Patria Nueva, cuya formación ya había comenzado a dirigir y financiar, (reuniones) a efecto de discutir la convocatoria para la asamblea constitutiva del mismo partido, y otros aspectos inherentes a su organización. A las dos juntas asistieron algunos líderes estudiantiles”.
Y para abonar materia a la versión de la conjura, la PGR afirmó, en un comunicado de prensa fechado el 28 de julio, que “de diversos testimonios e investigaciones realizadas, se llega a la conclusión de que los líderes del Partido Comunista Mexicano y de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, tuvieron una reunión en las oficinas el Partido Comunista (…) en la que acordaron protestar contra la jefatura de policía y enviar grupos de choque al acto que realizarían los alumnos del Politécnico, con el objetivo de provocar desórdenes para que se viera obligada a intervenir la policía y agravar el problema entre ella y los estudiantes del IPN”.
El día 28, las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República ejercieron acción penal en contra de más de 29 personas, entre ellas dirigentes del Partido Comunista Mexicano y estudiantes, como presuntos responsables de los delitos de daño en propiedad ajena, robo, lesiones, injurias y amenazas contra agentes de la autoridad, secuestro y ataques a las vías generales de comunicación.
A la estadunidense Mika Seeger Salter, al puertorriqueño William Rosado Laporte y al chileno Raúl Poblete Sepúlveda se les acusó de violar la Ley Federal de Población y se les puso a disposición del juez primero de distrito, Eduardo Ferrer McGregor, quien posteriormente se convertiría en el juez del caso y dictaría sentencias inusitadamente duras contra los detenidos por su participación en el movimiento.
La intervención del Ejército en la “contención de la agitación estudiantil” estaba a punto de darse, debido a los violentos enfrentamientos entre granaderos y estudiantes. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, y el general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, firmaron ese día el acuerdo para solicitar al presidente Díaz Ordaz que ordenara a la milicia desplegarse en la zona.
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