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Ley de ingresos: mentiras y traiciones en el Congreso
Autor: Marcos Chávez | |
14 November 2010
Hoy traicionamos al pueblo que nos dio su voto
Pedro Ávila, diputado priista, 21 de octubre de 2010
Marcos Chávez M*
Las formas y los términos en que fue aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para 2011 pusieron de manifiesto los perfiles más perversos del régimen: las mentiras a las que están dispuestos a recurrir Felipe Calderón, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y los partidos parasitarios para luego traicionar a la población, sin el menor escrúpulo, con tal de alcanzar sus intereses particulares y defender los de la oligarquía a la que representan, sin preocuparles el mayor descrédito del sistema político mexicano y el de partidos; la descarada manipulación del proceso legislativo para impedir la negociación y el consenso e imponer mayoritariamente leyes que son contrarias a la sociedad; la disposición de la nueva mayoría priista para someterse a los acuerdos negociados palaciegamente por los coordinadores de los partidos, al margen de las manadas de los levanta dedos al mejor postor y sus representados, y mantener envilecida a la Cámara de Diputados y sometida al Ejecutivo, al igual que el Senado; la connivencia del PAN-PRI que, pese a sus desavenencias temporales, cogobiernan con la dictatorial “mano invisible” del “mercado libre”, responsable de la creciente concentración de la riqueza en una minoría oligárquica y de la mayor pobreza y miseria de las mayorías, y la mano visible del Estado despótico, por encima del estado de derecho, con la que destruyen los escasos espacios democráticos abiertos en la estructura autoritaria del sistema y pretenden excluirá los grupos progresistas y de izquierda para instaurar un bipartidismo de derecha.
Según el priista Manlio Fabio Beltrones –quien prepara su gira artística nacional para “escuchar a la gente de la calle” y saber “qué leyes quieren que promovamos los senadores”, extravagante manera de avisar que usará al erario para promoverse a la candidatura presidencial de su partido, en oposición a la campaña desleal de Enrique Peña, financiada con el presupuesto de su estado y por Emilio Azcárraga-Televisa–, la rapidez con que la mayoría de los diputados aprobó dicha ley se debió a que “es mucho menos complicada que las de otros años, porque el gobierno no hizo grandes modificaciones”. Justo cuando se esperaba, por esa misma razón, que los “representantes del pueblo” sometieran a una cirugía mayor a la iniciativa calderonista, basada en la vulgar ideología reaganeana del ofertismo monetarista fiscal, del balance equilibrado, ridículo en ingresos, mezquino en el gasto, que ha dejado parapléjico al Estado, convirtiéndolo en uno de los principales obstáculos al crecimiento a largo plazo, en artífice de la depresión económica que se padece desde 1983 y en cómplice del capitalismo de compadrazgo del que es víctima la nación.
Calderón y sus Chicago Boys no propusieron nada para elevar estructuralmente los ingresos fiscales del Estado, que bajarán de 21.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2010 a 21.4 por ciento en 2011 y 21.2 por ciento en 2012. Al inicio de su mandato fue 21.8 por ciento. En 2000, al empezar el ciclo panista clerical, era de 21.5 por ciento. Sólo plantearon una alza real de 3 por ciento para 2011. Como la recaudación petrolera y no petrolera, incluyendo la tributaria, se mantendrá en términos similares, la recatada mejoría en los ingresos totales será inercial; dependerá del crecimiento, que declinaría de 4.8 por ciento en 2010 a 3.8 por ciento en 2011. Sólo servirá para cubrir el gasto básico estatal, para el que se programó un aumento de apenas 1.5 por ciento del PIB, que se reducirá o se esfumará si la inflación es mayor a la esperada (3 por ciento). Para este año, se estimó en 3.3 por ciento y será del orden del 5 por ciento. En 2000, el gasto total equivalió a 22.6 por ciento del PIB, en 2006 a 21.7 por ciento, y para 2010 y 2011 se estima en 24.3 por ciento y 23.7 por ciento, respectivamente.
Los calderonistas no requerirán más que 3 billones de pesos (BDP) porque sólo gastarán 3.4 BDP (el 81 por ciento ya está comprometido: 57.8 por ciento en gasto corriente, 14.5 por ciento en participaciones de estados y municipios, y 9.3 por ciento en el servicio de la deuda), lo que arrojará un déficit por 40.2 mil millones (MMDP) fiscal (0.3 por ciento del PIB contra a 0.7 por ciento de 2010), que será compensado con débitos. No demandará más porque reducirá 0.1 por ciento el gasto social, 1.2 por ciento el de educación, 6.6 por ciento en urbanización, 15.5 por ciento en agua potable, 19.5 por ciento en comunicaciones y transportes, 20.7 por ciento y 3.2 por ciento en el de desarrollo agropecuario y sustentable, y 4.9 por ciento la inversión directa. Sólo aumentará el corriente (13.8 por ciento) para la voraz burocracia panista y el destinado a los juegos de guerra sucia (8.5 por ciento en seguridad nacional y 12.9 por ciento en orden, seguridad y justicia). Lo que no harán será entregado a la depredación empresarial, con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, contratos de servicios múltiples, el aprovechamiento de activos, las concesiones carreteras, los proyectos para la prestación de servicios. El gobierno dará los servicios y los inversionistas harán la infraestructura en educación, salud, transporte, entre otros. Esos ingresos y egresos serán inútiles para afianzar una reactivación económica, pero fecundos en el uso oscuro del dinero, la opacidad en la calidad de las obras, la corrupción y el enriquecimiento ilícito de las familias panistas, priistas y oligárquicas.
Lo que urgía era una política de ingresos progresiva, que gravara más a los que más tienen, redujera o eliminara la evasión y elusión tributaria, la consolidación y los créditos fiscales (que el cínico Raúl Plascencia los consideró como parte de los “derechos humanos”, por lo que trata de bloquear que se sepa a quiénes corresponden 711.6 mil créditos cancelados por un monto de 74 MMDP) o los regímenes especiales o los créditos, que elevaran el ingreso y el gasto en el tiempo, ubicados entre los peores del mundo.
Pero los nuevos diputados del PRI-PAN-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Nueva Alianza y sus retoños del Partido de la Revolución Democrática resultaron nuevos vinos en viejos pellejos. Como sus antecesores y los senadores, aprobaron lo que les dijeron. Al cabo, la sociedad carece de los mecanismos institucionales para controlarlos y sancionarlos. Nada les importa su representatividad democrática, y sin ella no hay control del poder ni libertad política. El voto sólo fue útil para encaramarlos en la legislatura, para que cuidaran los intereses de las elites y no los de los electores. La renovación partidaria de esos poderes, simulada por las elecciones supuestamente democráticas, equivale al derecho privado sucesorio de los regímenes monárquicos. No les preocupa su legitimidad democrática y la del sistema, la base de la estabilidad política, asentada en la validez, la justicia y la eficacia, el correcto proceder de las instituciones de acuerdo con las leyes, el consenso social de su actuación ante quienes delegaron en ellos la defensa de sus intereses y a quienes le deben su obediencia, su capacidad para demostrar que sus decisiones son las adecuadas. Con su forma arbitraria de operar y sus traiciones, carecen de reconocimiento, el respeto y la obediencia, sin necesidad de la fuerza. La población afectada tiene el derecho a rebelarse. Al cabo, las elites controlan las estructuras corporativas de dominación, nacional y estatal. El Poder Judicial y el Tribunal Electoral han eliminado la “ciudadanización” del Instituto Federal Electoral, convirtiéndolo en su casa de citas donde departen las hetairas que han colocado a su servicio, el presupuesto manejado turbiamente.
La ley calderonista fue aprobada gracias a la traición priista, que antes había gritado a los cuatro vientos que, con su mayoría, reduciría el impuesto al valor agregado (IVA) de 16 a 15 por ciento, ante el escándalo panista que anunciaba la catástrofe y más impuestos si lo hacían, bajo el argumento de que el subejercicio del gasto público les indicaba que el gobierno no requería esa tasa, lo que redundaría en una mejoría en el poder de compra de la población, aunque ella fuera miserable. Y otra mentira, porque los precios no bajarían y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios depende de su control y los voraces precios públicos y privados. Fue una felonía para quienes ingenuamente aún creen en ese partido, que ha hecho de esa práctica una norma.
El PRI reculó. Hizo un trueque con Calderón: cambió su promesa por 55 MMDP adicionales para un fondo de reconstrucción que se repartirán entre 12 estados, la mayoría priistas, afectados por desastres naturales, la negligencia y la corrupción de los gobernadores; 10 MMDP se aplicarán en el último trimestre de 2010. El proyecto de Calderón les otorgaba 1.5 BDP, incluidos los recursos educativos. Los caciques fueron los ganadores, pues recibirán la mayor cantidad de recursos de la historia, pese a que también recurren al subejercicio y el manejo inescrupuloso del dinero. Si algo queda del fondo después de las elecciones locales y de los fines personales, el dinero será usado para medrar de las necesidades de los damnificados. De los 239 diputados priistas, 120, junto con algunos parásitos del PVEM, pregonaron, con mantas, porras, consignas y declaraciones públicas, que bajarían el IVA. Al final, sólo 12 honraron su postura. No se sometieron a Calderón, los gobernadores, los coordinadores y la dirigencia nacional de su partido, que negociaron en las sombras, al margen de ellos, retrasaron la discusión del paquete y hasta el último momento lo aprobaron, desechando todo cuestionamiento y propuesta. Con gran cinismo, Francisco Rojas, coordinador de los diputados priistas dijo: “Nosotros hemos decidido en función de las necesidades de la gente, las circunstancias cambiaron la realidad y debemos nosotros cambiar también. Asumiremos los costos políticos; preferimos asumir los costos morales que fallarle a la gente”. Molesto, Fabio Beltrones informó que algunos senadores del PRI no se les avisó de la traición. ¿Honestidad? ¿La misma desvergüenza?
En Nicaragua le llaman “piñata” a la corrupción. Pues bien, el PVEM –coto privado de la familia Jorge González Torres, que dejó el negocio a su hijo Jorge Emilio, que como meretriz vende al mejor postor– acaba de recibir un jugoso pago por su trabajo sucio: los diputados del PRI-PAN-PVEM aprobaron, como parte de la destrucción del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la creación de vales de medicinas canjeables en farmacias privadas en caso de que el IMSS no cuente con el medicamento recetado. Uno de los beneficiarios será Víctor Manuel González, el doctor Simi, dueño de las farmacias similares y los laboratorios Best, que controla una cuarta parte de la industria farmacéutica, quien ha acusado a los partidos de corruptos. ¿Mantendrá su juicio?
Así es el “democrático” proceso legislativo: un negocio de familias. ¿Qué mafias son más peligrosas? ¿Los narcos? ¿La elite político-empresarial?
Para tratar de cubrir sus fechorías arrojaron las sobras, 7.6 MMDP, para un pírrico programa de primer empleo para los jóvenes desahuciados por el salvaje capitalismo neoliberal autóctono, del cual son copartícipes los gobiernos del PRI-PAN y sus Chicago Boys, los hombres de presa y el Congreso de la Unión. Ésa fue otra abdicación: le dejaron la responsabilidad a los empresarios, subsidiados, para crear los empleos que no han hecho y los que ofrecen son mal pagados y en pésimas condiciones. Y provocaron el linchamiento de los fumadores a manos de los enemigos del tabaco, de miras obtusas, que les impide ver que esa medida no resuelve ese problema, no forma parte de un programa integral de salud, no salvará una sola vida. ¿Quién recuerda el impuesto “ecológico” a las gasolinas? Los 12.1 MMDP que esperan obtener por esa vía se destinarán a los ganadores del “negocio”. Con la medida se esconde la verdadera trama: el turbio manejo del presupuesto y el indeclinable rechazo a aplicar una reforma fiscal seria, por lo que se inventa cualquier gravamen al consumo para saquear los bolsillos de la población. Cambios en el trato fiscal van y vienen, y durante el calderonato, Petróleos Mexicanos arroja cada año pérdidas que suman ya 243.7 MMDP después de pagar impuestos.
Los 60 MMDP más con que dotaron al Estado no fueron más que una burda manipulación estadística: aumentar el crecimiento, los precios del crudo, el déficit fiscal y más impuestos. Así todos quedaron satisfechos: Calderón, los caciques y los partidos; menos las mayorías damnificadas.
*Economista
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