Se estima que más de 2.100 civiles han sido asesinados para cobrar recompensas.
Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.
La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.
La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.
Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas “procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional”.
Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.
1.300 euros por ‘guerrillero’
El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma “permanente” el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.
Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.
Gorka Castillo
Público
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El gobierno colombiano destina fondos de cooperación para pagar recompensas por matar a jefes de las FARC
La plataforma Justicia por Colombia, que agrupa a organizaciones defensoras de los derechos humanos con sede en España, publicó una directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano en la que se vinculan los fondos de cooperación internacional que llegan a Colombia al pago de recompensas por la captura o muerte de jefes guerrilleros.
Un documento secreto del Ministerio de Defensa colombiano vincula los fondos de la cooperación internacional con el pago de recompensas por “la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”, ( OAML).
La directiva clasificada como “secreta” que dio a conocer este jueves en Madrid la plataforma Justicia por Colombia especifica qué importe se pagará según el rango de cada responsable. Lo que el Gobierno llama las OAML agrupa a la vez las organizaciones paramilitares y los movimientos guerrilleros como las FARC, aunque el Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe centra su represión en estos últimos.
La organización reclama al gobierno España que aclare si parte de su ayuda se desvía para esos fines, informó el portal web ADN, de España.
En un párrafo del documento, que consta de 15 páginas, se indica que “el presupuesto asignado para el pago de recompensas [...] estará financiado con recursos de la Nación y otros provenientes de la cooperación económica nacional e internacional”.
El abogado Mauricio Valiente, miembro de la Misión Internacional de Investigación de las ejecuciones y la impunidad en Colombia, precisó que la directiva se había hecho pública de manera parcial anteriormente, aunque por su carácter secreto y el temor a consecuencias penales aún no se había revelado el documento íntegro hasta hoy.
Valiente considera que la directiva ejemplifica “la omisión sistemática de informaciones” a la que se enfrentó su misión cuando viajó a Colombia en octubre de 2007. “Nos entrevistamos con el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien nos negó que existiera una política sistemática de recompensas”, relata el abogado.
La directiva, con fecha del 17 de noviembre de 2005 y calificada de “permanente”, demuestra justo lo contrario. En la primera página se precisa que su objetivo es “definir una política ministerial que desarrolle criterios claros y definidos para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las OAML”.
La plataforma reclama que el Gobierno español “explique y garantice los mecanismos que constaten que los fondos para la cooperación no acaben siendo usados para pagar recompensas por la captura o muerte en combate ‘de cabecillas de orgsnizaciones armadas al margen de la ley”.
En el documento, varias tablas establecen las tarifas: por el “máximo cabecilla de cada OAML o públicamente reconocido por su atrocidad [..] o que constituye una amenaza para la seguridad nacional” se ofrecen 5.000 millones de pesos colombianos, es decir unos 1,68 millones de euros. Por un miembro raso se ofrecen 3,82 millones de pesos (unos 1.300 euros). Pagados con dinero de las arcas del Estado y la comunidad internacional.
YVKE, ABN, ADN
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