Editorial
Ante la barbarie, respuesta improcedente
La noche del lunes pasado, durante la celebración del 198 aniversario del inicio de la Independencia, varios artefactos explosivos fueron activados en la repleta plaza Melchor Ocampo, de Morelia, Michoacán. El saldo del atentado es, según cifras de la procuraduría estatal, de siete muertos y más de un centenar de heridos.
El ataque, abominable desde cualquier perspectiva, constituye un nuevo escalón en la barbarie que sacude al territorio nacional, en la medida en que ha tomado como objetivo a personas inocentes y ajenas a los conflictos entre organizaciones criminales y a las pugnas entre éstas y las corporaciones de seguridad pública.
Si se considera que este atentando artero contra civiles fue perpetrado en la ciudad natal del titular del Ejecutivo federal, en el momento culminante de la más significativa ceremonia republicana y horas antes de la mayor exhibición de fuerza militar por parte del poder público –es decir, con la garantía de una cobertura informativa masificada e instantánea–, es inevitable percibir en esta atrocidad tanto la intención de provocar un impacto mediático de gran escala en todo el país como la carga simbólica de un inequívoco mensaje de desafío a las más altas instancias del Estado.
La sociedad se encuentra ante un hecho delictivo de extremada violencia que escapa, al parecer, a la lógica tradicional de disputas territoriales, venganzas y ajustes de cuentas en el seno de la delincuencia organizada, y asiste al surgimiento de ataques homicidas perpetrados sin otro propósito que causar pánico y zozobra en la población y en las autoridades.
En el desfile militar de ayer, en un discurso fuera de programa, Felipe Calderón Hinojosa formuló severas descalificaciones contra los autores del atentado, lo vinculó de alguna forma con la fractura política que vive el país, exhortó a la oposición a renunciar a sus posturas e hizo un enésimo llamado a la unidad nacional que, según él, ameritan sus estrategias contra la criminalidad. La alocución referida falló en el tono, expresó ideas erróneas y, lejos de aportar elementos para la comprensión de lo ocurrido, introdujo factores adicionales de confusión ante la opinión pública: en una circunstancia como la presente cabe esperar de una jefatura de Estado firmeza, sí, pero también serenidad y mesura en la formulación de los problemas. En cambio, los ácidos denuestos vertidos por Calderón contra los agresores criminales dejaron ver inseguridad y descontrol. Adicionalmente, por más que haya resultado tentador el empleo de la expresión “traidores a la patria” en un discurso de 16 de septiembre, llamar así a quienes, en rigor, no lo son –y no hay aquí afán alguno de exculpar a los responsables del atentado, sino reclamo de precisión conceptual–, confunde y distorsiona la percepción pública del fenómeno delictivo. Lo más preocupante del mensaje comentado es la referencia a la polarización política que afecta a la ciudadanía, como si esa división fuese un factor causal o un agravante de la escalada de violencia delictiva y como si, para erradicarla, bastara con que la oposición depusiera sus diferencias con la administración actual.
La fractura referida, hay que recordarlo, no empezó antenoche en el Zócalo capitalino, sino en las postrimerías del foxismo, cuando el régimen intentó impedir por todos los medios –legales e ilegales– la llegada al poder de un proyecto alternativo de sociedad y de país, y se profundizó en el desaseado proceso electoral de julio de 2006, que culminó con la conformación de una presidencia impugnada por un tercio del electorado y deficitaria en legitimidad. El colapso de la seguridad pública y la ofensiva de la criminalidad, en cambio, son resultado de la desintegración social causada por el ciclo de gobiernos neoliberales todavía vigente y por la falta de visión y pericia de la actual administración.
El movimiento opositor al que Calderón Hinojosa exhortó ayer a la claudicación es, sin embargo, diametralmente opuesto a la salvaje violencia delictiva que se hizo notar en Morelia: mientras que ésta sembraba la muerte, el dolor y el pánico en la plaza central de esa ciudad, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador hacían gala de civismo y espíritu pacífico en el principal espacio público de la ciudad de México, cercado por las fuerzas federales de seguridad, y que, sin embargo, fue ocupado, utilizado y desalojado en completo orden y disciplina por los integrantes de la resistencia civil. No hay razón ni justificación, por lo tanto, para mezclar, en una misma alocución, asuntos tan distintos e inconexos como las contiendas políticas en curso y el sangriento acoso de la criminalidad organizada.
1 comentario:
La realidad que vive el pueblo de México ante la violencia extrema a que ha sido sometida su población, va más allá de toda ficción. Felipe Calderón llama a una unidad quebrantada por él mismo, desde el momento en que gobierna dentro de una narcoeconomía cómplice de todo el estado de cosas que azotan al
México desmoronado por la corrupción e impunidad de su gobierno.
No se puede hablar de unidad cuando el grado de descomposición
social,política y económica apuntan a una injusta administración e impartición de la justicia en beneficio de unos cuantos.
México tiene en los hechos de Morelia, su 9-15 dedicado a crear un ambiente de antiterrorismo, cuando en verdad se trata del narcoterror implantado por el propio estado y sus mafias que la componen.
El despojo del petróleo está detrás de estas acciones encaminadas a obtener, de la población, la jutificación para la represión y la privatización de PEMEX, de eso no hay duda.
Los culpables de los sangrientos episodios de Tabasco,Estado de México, Tabasco, Yucatán, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, y Michoacán, entre otros, no son más que algunos de los ejemplos de la programación del Plan Mérida.
México vive su peor crisis de violencia desde tiempos de la Revolución, no se puede ignorar que ello obedece a intereses a los depredadores intereses de las mafias asociadas a los funcionarios de todos los niveles
empezando por Gobernación,la presidencia de la República y los gobiernos de los estados .
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