Artículo tomado de la revista "Proceso"
JESúS CANTú
La lealtad es el sello distintivo de los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón. La lealtad es la virtud que Calderón privilegia, por sobre todas las otras, para seleccionar a sus colaboradores; pero también es la que él manfiiesta a los integrantes de su gabinete y a las estructuras corporativas, construidas en el régimen autoritario, que lo apoyaron para llegar al poder.
Desde el inició de su mandato, Calderón mostró su estilo personal de gobernar: contrario a su predecesor el reaccionaría rápida y frontalmente ante a las adversas circunstancias que enfrentaba. Así rindió protesta en la tribuna de San Lázaro, a pesar de la oposición perredista; sacó al Ejército a combatir al narcotráfico apenas diez días después de su toma de posesión; y sacrificó aspectos medulares de sus reformas legislativas en aras de conseguir su aprobación en el Congreso.
Hasta hoy, no hay sorpresas; los que lo conocen desde hace tiempo o lo padecieron en su paso por las dependencias del gobierno federal (Banobras y la Secretaría de Energía) lo advertían desde su campaña: es inflexible en sus posiciones y gobierna con sus amigos. Los costos de gobernar con estas guías son altos.
Tampoco hay resultados positivos pues, a pesar de los discursos oficiales, sus principales programas no obtienen los logros esperados y sus promesas de campaña permanecen incumplidas. Lo mismo son insuficientes las cifras de cobertura del seguro popular que infructuosos los esfuerzos por alcanzar las metas en los programas del empleo y el combate al narcotráfico.
Integrar su gabinete con sus colaboradores o amigos más cercanos y leales implica prescindir de gente con experiencia y capacidad y se traduce en ineficacia, ineficiencia y la sobreexposición del presidente, que se ve obligado a encabezar todas las batallas.
Pero también lo empuja a reacomodar rápidamente sus fichas. Así, en estos primeros 24 meses de gobierno, ya tuvo que sacar a Germán Martínez de la Secretaría de la Función Pública para enviarlo a la Presidencia del CEN del PAN, en un desesperado intento por detener la debacle electoral de su partido en las elecciones estatales (particularmente la gubernatura de Yucatán) y de cara a las elecciones intermedias del 2009; y solicitar la renuncia de sus secretarios de Gobernación (Francisco Ramírez Acuña) y Desarrollo Social (Beatriz Zavala) para confiar dos dependencias cruciales a sus dos más fieles escuderos: Juan Camilo Mouriño y Ernesto Cordero. Además de colocar a Eduardo Sojo al frente del órgano de gobierno del INEGI y nombrar, en su lugar, como titular de la Secretaría de Economía a Gerardo Ruiz. La lamentable muerte de Mouriño, lo obligó a modificar ligeramente su criterio de selección de los integrantes del gabinete: pasó de sus compañeros de campaña a sus compañeros de facultad.
Sin embargo, más preocupante es lo que sucede en el área de seguridad, pues al confirmarse que el cártel de los Beltrán Leyva compraba los servicios de Noé Ramírez Mandujano, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y de Gerardo Garay Cadena, comisionado interino de la Policía Federal Preventiva se evidencia que la guerra contra los narcos la dirigían los propios narcos o, al menos, uno de sus más conspicuos integrantes, pues tenían a su servicio a los mandos superiores de las dos dependencias responsables de su combate.
Pero el problema es todavía mayor porque los contactos no eran aislados, sino parte de un entramado que incluía a otra media decena de mandos intermedios de ambas dependencias y a pesar de ello los titulares de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, respectivamente, cuentan con el absoluto y total respaldo de Calderón; no importa que la infiltración y la creciente inseguridad muestren su incapacidad o complicidad.
Además hay que agregar los riesgos que implica el haber incorporado al ejército en el rol protagónico de dicho combate, pues fracasar (o mostrar resultados insuficientes) significaría quedar inermes ante el crimen organizado pues se agotó la máxima instancia en la primer jugada; además involucrar a la milicia en acciones de seguridad pública acrecienta la posibilidad de sacrificar libertades y garantías individuales, ya que los cuerpos militares son preparados para el combate y, por lo mismo, no vacilan en privilegiar la disciplina y el orden, incluso en detrimento de ciertos derechos fundamentales, como ya ha sido evidente a consecuencia de algunos operativos.
Calderón también les demuestra su lealtad a quienes lo apoyaron para llegar a la Presidencia. A Elba Esther Gordillo le concedió cuatro posiciones de primer nivel para sus incondicionales: la dirección de la Lotería Nacional para Francisco Javier Yáñez Herrera; la del ISSSTE para Miguel Ángel Yunes; la coordinación de Seguridad Nacional para Roberto Campa Cifrián, aunque su distanciamiento con García Luna lo haya obligado a dimitir recientemente; y la subsecretaría de Educación Básica, para su yerno, Fernando González.
Lo mismo hace con los concesionarios de los medios de comunicación electrónica a quiénes les concedió tres de sus demandas: el cierre de las llamadas radios comunitarias, a las que ante las deficiencias de la normatividad en la materia tachan de ilegales; la renovación automática de sus actuales concesiones; y el otorgamiento de las llamadas concesiones combo para aquéllos que únicamente tienen presencia en AM en un determinado mercado. Y retoma las propuestas de los grandes empresarios en sus iniciativas de ley: tasa única para gravar sus ingresos y apertura de Pemex al capital privado, entre las más significativas.
Así los dos primeros años del sexenio muestran que el apoyo de sus amigos y la complicidad de las estructuras corporativas construidas en el régimen autoritario no permiten atender la conflictiva realidad nacional, especialmente cuando la economía internacional entró en franca recesión y todo indica que en las elecciones del año entrante los blanquiazules perderán posiciones en la Cámara de Diputados y, por lo mismo, su poder de negociación todavía se debilitará más. l
Desde el inició de su mandato, Calderón mostró su estilo personal de gobernar: contrario a su predecesor el reaccionaría rápida y frontalmente ante a las adversas circunstancias que enfrentaba. Así rindió protesta en la tribuna de San Lázaro, a pesar de la oposición perredista; sacó al Ejército a combatir al narcotráfico apenas diez días después de su toma de posesión; y sacrificó aspectos medulares de sus reformas legislativas en aras de conseguir su aprobación en el Congreso.
Hasta hoy, no hay sorpresas; los que lo conocen desde hace tiempo o lo padecieron en su paso por las dependencias del gobierno federal (Banobras y la Secretaría de Energía) lo advertían desde su campaña: es inflexible en sus posiciones y gobierna con sus amigos. Los costos de gobernar con estas guías son altos.
Tampoco hay resultados positivos pues, a pesar de los discursos oficiales, sus principales programas no obtienen los logros esperados y sus promesas de campaña permanecen incumplidas. Lo mismo son insuficientes las cifras de cobertura del seguro popular que infructuosos los esfuerzos por alcanzar las metas en los programas del empleo y el combate al narcotráfico.
Integrar su gabinete con sus colaboradores o amigos más cercanos y leales implica prescindir de gente con experiencia y capacidad y se traduce en ineficacia, ineficiencia y la sobreexposición del presidente, que se ve obligado a encabezar todas las batallas.
Pero también lo empuja a reacomodar rápidamente sus fichas. Así, en estos primeros 24 meses de gobierno, ya tuvo que sacar a Germán Martínez de la Secretaría de la Función Pública para enviarlo a la Presidencia del CEN del PAN, en un desesperado intento por detener la debacle electoral de su partido en las elecciones estatales (particularmente la gubernatura de Yucatán) y de cara a las elecciones intermedias del 2009; y solicitar la renuncia de sus secretarios de Gobernación (Francisco Ramírez Acuña) y Desarrollo Social (Beatriz Zavala) para confiar dos dependencias cruciales a sus dos más fieles escuderos: Juan Camilo Mouriño y Ernesto Cordero. Además de colocar a Eduardo Sojo al frente del órgano de gobierno del INEGI y nombrar, en su lugar, como titular de la Secretaría de Economía a Gerardo Ruiz. La lamentable muerte de Mouriño, lo obligó a modificar ligeramente su criterio de selección de los integrantes del gabinete: pasó de sus compañeros de campaña a sus compañeros de facultad.
Sin embargo, más preocupante es lo que sucede en el área de seguridad, pues al confirmarse que el cártel de los Beltrán Leyva compraba los servicios de Noé Ramírez Mandujano, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y de Gerardo Garay Cadena, comisionado interino de la Policía Federal Preventiva se evidencia que la guerra contra los narcos la dirigían los propios narcos o, al menos, uno de sus más conspicuos integrantes, pues tenían a su servicio a los mandos superiores de las dos dependencias responsables de su combate.
Pero el problema es todavía mayor porque los contactos no eran aislados, sino parte de un entramado que incluía a otra media decena de mandos intermedios de ambas dependencias y a pesar de ello los titulares de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, respectivamente, cuentan con el absoluto y total respaldo de Calderón; no importa que la infiltración y la creciente inseguridad muestren su incapacidad o complicidad.
Además hay que agregar los riesgos que implica el haber incorporado al ejército en el rol protagónico de dicho combate, pues fracasar (o mostrar resultados insuficientes) significaría quedar inermes ante el crimen organizado pues se agotó la máxima instancia en la primer jugada; además involucrar a la milicia en acciones de seguridad pública acrecienta la posibilidad de sacrificar libertades y garantías individuales, ya que los cuerpos militares son preparados para el combate y, por lo mismo, no vacilan en privilegiar la disciplina y el orden, incluso en detrimento de ciertos derechos fundamentales, como ya ha sido evidente a consecuencia de algunos operativos.
Calderón también les demuestra su lealtad a quienes lo apoyaron para llegar a la Presidencia. A Elba Esther Gordillo le concedió cuatro posiciones de primer nivel para sus incondicionales: la dirección de la Lotería Nacional para Francisco Javier Yáñez Herrera; la del ISSSTE para Miguel Ángel Yunes; la coordinación de Seguridad Nacional para Roberto Campa Cifrián, aunque su distanciamiento con García Luna lo haya obligado a dimitir recientemente; y la subsecretaría de Educación Básica, para su yerno, Fernando González.
Lo mismo hace con los concesionarios de los medios de comunicación electrónica a quiénes les concedió tres de sus demandas: el cierre de las llamadas radios comunitarias, a las que ante las deficiencias de la normatividad en la materia tachan de ilegales; la renovación automática de sus actuales concesiones; y el otorgamiento de las llamadas concesiones combo para aquéllos que únicamente tienen presencia en AM en un determinado mercado. Y retoma las propuestas de los grandes empresarios en sus iniciativas de ley: tasa única para gravar sus ingresos y apertura de Pemex al capital privado, entre las más significativas.
Así los dos primeros años del sexenio muestran que el apoyo de sus amigos y la complicidad de las estructuras corporativas construidas en el régimen autoritario no permiten atender la conflictiva realidad nacional, especialmente cuando la economía internacional entró en franca recesión y todo indica que en las elecciones del año entrante los blanquiazules perderán posiciones en la Cámara de Diputados y, por lo mismo, su poder de negociación todavía se debilitará más. l
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