tomado de http://voceslibresdenuestraamerica.blogspot.com
El pueblo de Ebulá envía
un claro mensaje de Paz
El retorno pacífico encuentra bloqueo en el gobierno de Campeche
El retorno pacífico encuentra bloqueo en el gobierno de Campeche
y solidaridad en la sociedad civil
El acto pacífico de retorno a San Antonio Ebulá, que incluyó una emotiva oración en el borde de una entrada alternativa al destruido poblado, se encontró con el bloqueo y la persistente parcialidad del gobierno del estado de Campeche a favor del empresario Eduardo Escalante, que se arroga la propiedad de las tierras.
Con ese acto, los pobladores de San Antonio Ebulá enviaron un claro mensaje acerca de su determinación de continuar la defensa de sus derechos por vías pacíficas y a través de acciones no violentas.
Al mismo tiempo evitaron, como habían anunciado, cualquier confrontación que pusiera en riesgo la integridad física de las familias y de los acompañantes de la misión y garantizaron la seguridad que el gobierno no ofreció.
La Misión Civil de Paz, conformada por más de quince organizaciones de derechos humanos de distintos estados de México y por organizaciones solidarias de Campeche, desde el día anterior encontró condiciones que significaban un alto riesgo para la integridad física de las y los pobladores, ya lesionada impunemente en la expulsión y violento desalojo del 13 de agosto.
El gobierno de Campeche expresamente negó a la Misión Civil de Paz, de manera verbal, las condiciones de seguridad solicitadas para el retorno. Expresamente afirmó que no garantizaba la seguridad de las personas que intentaran ingresar al lugar que, según sus propias y parciales determinaciones, se trata de una propiedad privada y enfatizó que haría prevalecer a toda costa el estado de Derecho.
Esta Misión Civil de Paz se muestra alarmada de la reacción del Secretario de Gobierno que, cuestionado expresamente sobre los hechos del 13 de agosto, admitió que el desalojo cometido por el particular, con apoyo de la policía, no contó con una orden legal, al mismo tiempo que reiteraba que ahora sí aplicaría el estado de derecho para proteger esa propiedad.
Adicionalmente la Misión, en un recorrido previo, encontró el camino hacia el poblado bloqueado con montañas de tierra, zanjas, trampas de maderas con clavos, la amenaza que implicaron los desplegados del gobierno y el anuncio de no garantizar la seguridad de quienes retornarían a su pueblo.
Un integrante de la Misión Civil de Paz resultó lesionado con una de las trampas de madera con clavos.
El gobierno del estado de Campeche se mostró insensible ante la posibilidad de que nuevamente fuesen agredidos por grupos parapolicíacos contratados por el empresario.
Con esa información, la Misión Civil de Paz determinó acompañar el retorno por un camino alternativo, por Castamay, única vía por la que el gobierno del Estado de Campeche ofrecía cierta seguridad.
Esa vía adicionalmente permitiría a la Misión conocer los terrenos alternativos que se ofrecen además del ofrecimiento del gobierno que por ese camino se contaba con seguridad.
La solicitud de seguridad pública que solicitó la misión civil de paz, que fue mínimo e insuficiente durante el trayecto, se pervirtió y se convirtió en un operativo intimidatorio para los pobladores que acudieron en un acto pacífico, que ostensiblemente mostró la intención de proteger la propiedad privada.
El secretario de gobierno, al igual que la representante del empresario Escalante, insistieron en todo momento que únicamente podría entrar una comisión de cinco personas.
Los pobladores, al encontrar el impedimento de que todas las familias entraran a conocer los terrenos y la propuesta, que en una nueva muestra de buena voluntad los ebuleños accedían a escuchar, decidieron retornar al Plantón que mantienen frente al Palacio de Gobierno.
La Misión Civil de Paz, alarmada y preocupada por la parcialidad del gobierno de Campeche, por las condiciones en las que se encuentran los desplazados, por el hostigamiento que sufren y por la negativa del gobierno a garantizar condiciones de seguridad para el retorno al que tienen derecho, ha determinado elaborar un informe sobre todo lo observado para hacerlo llegar a todas las instancias competentes.
En una evaluación posterior al acto, las familias desplazadas de Ebulá y las organizaciones que conformamos la misión civil de paz, identificaron como importantes logros la acción pacífica, evitar confrontaciones y el encuentro que crea puentes entre las organizaciones participantes y hace crecer la lucha.
Las y los participantes en la Misión Civil de Paz se comprometieron a difundir en sus distintos estados el caso de San Antonio Ebulá, así como las persistentes e impunes violaciones a los derechos humanos de los pobladores.
Organizaciones integrantes de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá
SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ, OCOSINGO * SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS DE ACTEAL, CHIAPAS * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA”, DE OCOSINGO * ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, DE CHIAPAS * INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA * LA OTRA JOVEL * KICHAN KIÑANOB * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * SERAPAZ* EQUIPO INDIGNACIÓN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * ARTISTAS REVOLUCIONARIOS DE CAMPECHE * MOVIMIENTO DE APOYO POPULAR ZAPATISTA, DE CAMPECHE.
Del sureste llegan preguntas de hoy que parecen de hace un siglo. Son las que despierta la destrucción total de Ebulá por órdenes del empresario Eduardo Escalante, suegro del malogrado presidenciable panista Juan Camilo Mouriño. Así como suena: un grupo de 100 hombres suyos, caracterizados por las víctimas como parapolicías o sicarios, se encargó del trabajito del señor patrón.
¿Por qué no está en la cárcel Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, además de agredir a los habitantes y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?
La policía que llegó al lugar ese día, en vez de proteger a los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir el pueblo ¿Por qué no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los habitantes de Ebulá y destruyeron un pueblo que su fundó hace más de 40 años?
El Grupo Indignación, importante organismo defensor de los derechos humanos en la península de Yucatán, interroga al gobierno y al congreso campechano, al presidente Felipe Calderón, a las comisiones gubernamentales de derechos humanos e indígenas, y hasta a la procuraduría federal ambiental.
¿Por qué el gobierno de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras? Las preguntas queman. ¿Cuánto silencio más puede soportar nuestro México? Así de irracional y primitivo como suena, esto sucede ahora mismo, bajo el panismo neoporfirista que nos trajo la transcisión democrática para seguir sientiéndonos neoliberalmente modernos sin que jamás se haya ido el PRI.
“¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares? ¿Por qué el subsecretario de Gobierno ofrece ‘apoyos’ a los desplazados en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de los daños? ¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante? ¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?”
Ebulá es reconocido como población por el Instituto Federal Electoral, el Ejecutivo federal, la Secretaría de Educación Pública, el Congreso y los gobiernos estatal y municipal. Agredido por un patrón cualquiera (asociado con la familia Mouriño, boyante como se sabe en gasolineras, carreteras, contratos, especulación inmobiliaria, privatización del suelo, poder político y otros prósperos negocios), a Ebulá su propio gobierno le niega su carácter de pueblo.
El Grupo Indignación cuestiona que permanezcan impunes el intento de desalojo de 2007, en el que se destruyeron más de 20 casas, la escuela del Conafe y el templo católico, y luego un violento y por supuesto ilegal intento de desalojo del pasado 26 de mayo. Se destruyeron seis casas, se agredió a los pobladores y se les fabricaron delitos.
La comisión estatal de derechos humanos no acudió el 13 de agosto, cuando a las 8:30 horas se le informó del desalojo en la comunidad, ni ha escuchado ningún testimonio de los indígenas no obstante que los tiene muy a la mano, pues permanecen en un plantón frente al palacio de gobierno de Campeche, protestando. ¿Por qué la comisión no ha dictado medidas cautelares que garanticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá medidas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitución de sus bienes?
Las preguntas caen en cascada: ¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos de los pobladores de Ebulá? Y yéndose un poco atrás: ¿Por qué el pueblo de Ebulá no ha podido obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 años que lleva interponiendo todos los recursos necesarios? ¿Por qué Escalante se arroga la posesión de esas tierras?
Entrampado en una sucesión incómoda, el gobierno de Campeche tiene dos importantes papas calientes para su decaída legitimidad social: seis presos políticos de Candelaria por resistir las altas tarifas eléctricas, y ahora una comunidad destruida impunemente por un cacique poderoso. Qué tiempos aquellos señor don Porfirio. Los campesinos mayas de Ebulá fueron golpeados y expulsados de su comunidad, privados de sus medios de subsistencia, sus viviendas destruidas, sus pertenencias robadas y sus animales asesinados. ¿Que los protege la legislación internacional? Vamos, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue capaz de intervenir tras la destrucción de los recursos forestales que tenía el suelo de Ebulá.
Vivimos un tiempo de preguntas. Muchas. Demasiadas. Una lleva a otra y a otra, y el gobierno no se molesta nunca en contestarlas. Pero sus hechos hablan.
Tomado de kaosenlared/24/agosto/09
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