Fracaso de la Ley del ISSSTE
En un comunicado de prensa emitido ayer, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que, al concluir el plazo para que los empleados gubernamentales eligieran un sistema de pensión para su retiro, y de conformidad con lo estipulado en la nueva ley del organismo, sólo 14 por ciento –294 mil 736 de un total de más de 2 millones de servidores públicos– optó por el nuevo régimen de pensiones individuales; a esta cifra habrán de sumarse las cerca de 175 mil personas que se incorporaron a la burocracia después de la entrada en vigor de la ley y que, por tanto, ingresaron automáticamente al nuevo sistema. El resto de los trabajadores participantes en el proceso, es decir, la amplia mayoría, optaron por mantenerse en el esquema tradicional de reparto solidario, en los términos expresados por el artículo décimo transitorio de la nueva normativa.
Es pertinente recordar, a efecto de poner las cosas en contexto, que la Ley del ISSSTE aprobada en el Congreso en marzo del año pasado fue producto de una negociación entre los segmentos legislativos de la alianza política encabezada por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y de la cual fueron marginados los derechohabientes, pese a que éstos son, supuestamente, la razón de ser de la institución. Entonces, como ahora, el oficialismo se empeñó en afirmar que el propósito de las modificaciones al modelo de pensiones era salvar al organismo y asegurar su viabilidad financiera; pero la manera opaca y discrecional con que se condujo el grupo en el poder dejó la inevitable sospecha de que la motivación real de la reforma no era beneficiar a los empleados del Estado sino generar una espléndida oportunidad de negocio para los bancos privados y las administradoras de fondos para el retiro (Afore) al poner en sus manos las pensiones de los servidores públicos. En ese sentido, las cifras dadas a conocer ayer por el ISSSTE dan cuenta del éxito de la campaña que emprendieron diversas agrupaciones laborales y de abogados, y que se reflejó en un alud de amparos de los trabajadores en contra de la nueva ley. Por añadidura, la negativa expresada por la mayoría de los burócratas al nuevo régimen pensionario evidencia la poca credibilidad de que goza, incluso entre sus propios trabajadores, un gobierno federal caracterizado por un manejo deficiente de las finanzas públicas.
Adicionalmente, los datos que se comentan ponen de manifiesto el grado de conciencia de los empleados públicos sobre las manifiestas debilidades de los regímenes de cuentas individuales. Estos no sólo reducen considerablemente el monto de las pensiones con relación al último salario devengado por el trabajador, sino que resultan, además, riesgosos en términos de la seguridad de los ahorros, como puede verse hoy con las Afore: las caídas en la Bolsa Mexicana de Valores han derivado en la pérdida de grandes sumas de dinero de esos fondos, toda vez que una porción de éstos han sido convertidos en instrumentos de especulación en el mercado bursátil. Tan sólo en septiembre, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, citadas por la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, las cuentas administradas por las Afore registraron pérdidas por 18 mil millones de pesos, monto que habrá de sumarse a los 64 mil millones que se perdieron durante el primer semestre del año.
Cabe felicitarse, por lo demás, de que la mayoría de los trabajadores que participaron en el proceso de selección del régimen pensionario hayan apostado por una opción que refrenda el compromiso de solidaridad entre las distintas generaciones de empleados gubernamentales, en contraposición con una modalidad que fomenta el individualismo.
Por último, el fracaso de la Ley del ISSSTE hace aún más evidente la necesidad de alcanzar la viabilidad financiera de la institución por otros medios, mucho más elementales pero acaso más eficaces, como la puesta en marcha de acciones concretas de combate a la corrupción que impera en el organismo y en el conjunto de la administración pública.
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