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México: Documento presentado en la cámara de diputados sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas
DOCUMENTO PRESENTADO EN LA SESIÓN DEL PARLAMENTO DE DERECHOS HUMANOS EFECTUADA EN EL AUDITORIO SUR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL 29 DE OCTUBRE DE 2009.
El 10 de octubre del año en curso alrededor de las 22:45 hrs., agentes dela Policía Federal Preventiva tomaron por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ubicadas en la Zona metropolitana del Valle de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Al día siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara la extinción de LyFC.
Está es una acción absolutamente arbitraria, ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos laborales y humanos de los Trabajadores.
Primero: Estaban vigentes un convenio de productividad y un contrato colectivo de trabajo (CCT) producto de una negociación periódica avalada tanto por la empresa como por las autoridades hacendarias, de energía y de trabajo. No había emplazamiento a huelga ni amenaza de los trabajadores de atentar contra las instalaciones, por lo que no existe ninguna justificación legal.
Segundo: el Art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es facultad del Poder Legislativo legislar sobre energía eléctrica. Además, el artículo 15 de la Ley Federal para las Entidades Paraestatales, indica que en la extinción de un organismo descentralizado deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación y el Decreto publicado en el DOF del 9 de febrero de 1994 que creó a LyFC, fue en cumplimiento del mandato dado al Ejecutivo Federal por el Congreso en la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el DOF del 27 de diciembre de 1989, por lo que, el cumplimiento de las formalidades para su extinción, exige que el decreto respectivo, provenga de un mandato de Ley aprobada por el Congreso. Por lo anterior, el decreto de Calderón es anticonstitucional, pues debió solicitar al Poder Legislativo emitir el decreto de extinción de LyFC, por lo que invadió la esfera de competencia del Legislativo y por lo tanto, el Congreso, en una elemental defensa de su soberanía, debe presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Controversia que les permita sancionar el avasallamiento de que fueron objeto, por parte de Calderón. Esperamos que los diputados respondan con dignidad a los agravios del Ejecutivo y presenten la ControversiaConstitucional.
Tercero: la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el Artículo 434 establece las siguientes causas de terminación de las relaciones de trabajo
I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos;
Il. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación;
Ill. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;
IV. Los casos del articulo 38 (que se refiere a las minas); y
V. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos.
Como podemos, ver ninguna de ellas aplica en el caso de LyFC. Respecto a la causa l, no ha habido ningún temblor ni fenómeno natural alguno que lo justifique, por el contrario, durante los sismos del 85, los trabajadores de LyFC con gran eficiencia restablecieron la energía en pocos dias y, pues aunque es evidente la incapacidad del gobierno que padecemos, la empresa es propiedad de la nación, no del gobierno.
La causa ll, es fácilmente impugnable, pues las empresas paraestatales no tienen entre sus funciones ser rentables desde el punto de vista de la explotación capitalista, sino ser eficientes y en el caso de LyFC satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población, por lo que no pueden “quebrar” y por lo tanto no aplica tampoco la causa V.
La causa lll, tampoco aplica porque no es una industria extractiva y porque la materia de trabajo subsiste, ya que la necesidad de tener energía eléctrica en las ciudades no se ha terminado y la causa lV es para las minas, por lo que tampoco es aplicable.
Además el artículo 435 de la LFT, establece que para dar por terminadas las relaciones laborales la empresa deberá obtener autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cosa que el gobierno no hizo, violando los derechos laborales de los trabajadores.
Cuarto: El gobierno tomó las instalaciones violentamente y despidió de facto a los trabajadores antes del decreto presidencial, dejando sin empleo a 44,000 trabajadores violando sus derechos humanos, el derecho al trabajo entre otros. Además está ofreciendo una compensación adicional a quienes accedan voluntariamente a recibir su indemnización antes del 14 de noviembre, lo que significa una violación a la Constitución que en su artículo 126 establece “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior”, obviamente la erogación de esa compensación no está prevista en el presupuesto federal del año 2009.
Para justificar la agresión al Sindicato Mexicanos de Electricistas (SME), el gobierno desató una terrible campaña de odio en su contra, que contó obviamente con los principales medios de comunicación, desde la última huelga de la UNAM, no habíamos visto tanta saña, tanta animadversión, tanta mentira. Argumentaron “comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión”, siendo responsabilidad absoluta del gobierno la administración de la empresa, es una autocalificación que aceptamos. Uno de sus más socorridos argumentos fue que la empresa era onerosa para el gobierno por culpa de los altos ingresos de los trabajadores, cuando se supo que los altos costos eran porque LyFC compra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la electricidad A 1.50 $/Kw, y lo vende en 1.18$/Kw y que muchas instalaciones del gobierno (los pinos entre otros) y grandes corporativos no pagan la luz y que en promedio los trabajadores ganan 6,000.00 se les empezó a caer el teatro.
No lograron su objetivo de que la población se pusiera en contra del SME, pues a pesar de haber descargado toda la fuerza del estado sobre ellos, al menos 500,000 personas, sindicalistas en su mayoría, marchamos el 15 de octubre para exigir respeto a la Constitución y a los derechos laborales de los trabajadores electricistas.
No somos ingenuos, sabemos que detrás de la desaparición de LyFC está la intención de destruir a un sindicato que por su capacidad de lucha sería un valuarte en contra de la imposición de una nueva Ley Federal del Trabajo contraria a los interese de los trabajadores. Está el negocio de la fibra óptica que quieren televisa y otros consorcios consentidos del régimen, está la privatización del sector eléctrico que ha avanzado en los últimos años hasta llegar a ser más de 40% la generación de electricidad por parte de empresas transnacionales, violando impunemente la Constitución. Pero sobre todo, está la intención del gobierno de darnos un escarmiento a los trabajadores para que sepamos que han recurrido al fascismo, para tratar de sostener un régimen que se tambalea desde su origen ilegítimo, ante la grave corrupción, ineficiencia, entreguismo y falta de patriotismo, para que nos de miedo defender nuestros derechos, para que aceptemos morirnos de hambre y ver a nuestros hijos esclavos, no lo lograran, porque estamos convencidos que otro mundo mejor es posible y estamos dispuestos a luchar por un futuro mejor para nuestros hijos.
Los fascistas no pasarán, porque trabajadores y pueblo unidos vamos a luchar para impedirlo hasta morir si es preciso, pues como decía Flores Magón “El abismo no nos detiene: el agua es más bella despeñándose”, y “Si morimos, moriremos como soles: despidiendo luz”.
¡¡LUZ Y FUERZA NO ES CUARTEL!! ¡¡FUERA EJERCITO DE EL!!
¡¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!! ¡¡¡VENCEREMOS!!!
POR UNA INDUSTRIA PETROLERA INTEGRADA Y NACIONAL
Ing. Silvia Ramos Luna
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