NO A LA DESAPARICIÓN DE CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y DE SU SINDICATO DEMOCRÁTICO, SME: Todo sobre la megamarcha en repudio a las acciones del títere del capital extranjero, el pseudo presidente calderón.

notas tomadas de LA JORNADA    www.jornada.unam.mx

Multitudinaria marcha llega al Zócalo en apoyo al SME

Con una plancha del Zócalo totalmente repleta, la fila de contingentes aún no acababa de salir del Ángel de la Independencia. El mitin inició a las seis de la tarde y concluyó a las 20:20 con la entonación del Himno Nacional.

Alrededor de las 16:00 horas, partió del Angel de la Independencia la marcha del SME y representantes de diversas organizaciones sociales. Notimex

México, DF. Más de 350 mil personas protestaron este jueves en la ciudad de México contra el decreto del Ejecutivo federal por el que se extingue la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) y se despide a 44 mil trabajadores.

La multitudinaria marcha partió desde el Ángel de la Independencia en la avenida Paseo de la Reforma con constantes gritos y cánticos contra el presidente Felipe Calderón, cuya principal promesa de campaña fue la de ser el presidente del empleo.

En el acto de cierre de la protesta, los oradores reclamaron la derogación del decreto presidencial que determinó el cierre de la empresa y el líder del SME, Martín Esparza, denunció que el gobierno miente cuando dice que son privilegiados, sobre todo si se compara sus salarios con los de la alta burocracia.

A las 16:20 horas de hoy jueves, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como representantes de diversas organizaciones sindicales y sociales y legisladores locales y federales del PRD y PT, partieron en marcha hacia el Zócalo capitalino en contra de la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro decretada por el gobierno federal.

Alrededor de las 17:30 horas, los primeros contingentes de manifestantes -que ya eran esperados por centenares de personas de diversas organizaciones- ingresaron al Zócalo de la capital, mientras que el grupo de los representantes del gremio de los electricistas todavía no cruzaba el Eje Central, dado que no avanzaba en primer término.

A las seis de la tarde, se iniciaba ya la participación de oradores en el mitin. El primero en hablar fue Benito Bahena, líder de la Alianza de Tranviarios.

Le siguieron el diputado petista Porfirio Muñoz Ledo, el dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez, para concluir con el discurso del líder del SME, Martín Esparza.

Dos horas después de iniciada la marcha, la retaguardia se ubicaba a la altura de la embajada de Estados Unidos y había manifestantes desde ese punto hasta la Plaza de la Constitución.

Por otra parte, en varias capitales de los 31 estados se registraron otras marchas populares de apoyo a los trabajadores del SME.

Al mismo tiempo que se realizaba la marcha, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con los miembros de la Comisión de Energía del Senado, para estudiar cómo establecer una comisión de mediación con el sindicato de LyFC.

Paralelamente, la Cámara de Diputados de México decidió hoy comenzar a analizar si pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establezca si es legal la disolución por el gobierno de la empresa Luz y Fuerza del Centro.

La marcha

La vanguardia no salió del Ángel de la Independencia, como se tenía previsto, sino casi en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, frente a la Escuela Bancaria y Comercial, debido a la cantidad de personas que asistieron a la movilización, según reportes radiofónicos.

Muchos de los asistentes ya no alcanzaron a llegar al punto de reunión, en el Ángel. Había grandes concentraciones de personas en la Glorieta de Colón, e incluso muchas de ellas caminaron en sentido contrario, del Zócalo hacia el Ángel, para partir en marcha de ese punto.

Quienes sí arrancaron del Ángel de la Independencia fueron los representantes del SME. Martín Esparza, dirigente de los electricistas, avanzó acompañado del diputado del Partido del Trabajo (PT) Porfirio Muñoz Ledo, y el senador perredista Graco Ramírez.

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), telefonistas, entre otros, se sumaron a la marcha, así como estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Andrés Manuel López Obrador y seguidores de su movimiento social partieron de la glorieta de la Diana Cazadora, también sobre Paseo de la Reforma, y avanzan en la retaguardia.

El ex candidato presidencial avanzó acompañado de Clara Brugada, encargada de despacho de la delegación Iztapalapa; los diputados Alejandro Encinas y Agustín Guerrero, y el ex legislador local Hipólito Bravo.

También marcharon los diputados petistas Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña. Varios de los electricistas van acompañados de sus hijos.

Los asistentes portaron cartulinas con frases como “Calderón, cuando te sientas a comer con tus hijos, ¿no piensas que las familias de los trabajadores se quedaron sin comer?” y “Se solicita empleo de torturador, asesino, narcotraficante porque Calderón me dejó sin trabajo”. También corean el clásico "No pasarán".

Los comercios (bancos, agencias de viaje y otros) ubicados sobre Reforma fueron cerrados en su mayoría.

De acuerdo con reportes policiacos, no se registraron incidentes de consideración.

Para esta marcha, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) dispuso de dos mil 261 elementos, apoyados con 129 vehículos, así como dos helicópteros, pues se preveía la participación de 230 organizaciones sindicales y sociales.

Por la presencia de los manifestantes fueron cerrados los carriles centrales de Paseo de la Reforma en el tramo comprendido entre la Glorieta de la Diana Cazadora y hasta su cruce con Avenida Juárez, mientras permanecen abiertas las laterales en ambos sentidos.

A lo largo de Avenida Paseo de la Reforma la presencia policiaca ha sido muy discreta, y algunos policías preventivos del Distrito Federal custodian la entrada a edificios públicos para evitar actos de vandalismo.

Las instalaciones del Palacio Nacional y de la Secretaría de Gobernación (SG) fueron fuertemente resguardadas desde temprana hora por vallas de dos metros de altura.

El conflicto estalló el domingo pasado luego que Calderón resolviera eliminar LyFC aduciendo que era deficitaria y que quienes trabajaban, que tenían un promedio de salarios de 6.000 pesos mensuales (unos 455 dólares), recibían retribuciones muy altas por sus labores.

Para respaldar la disolución de la empresa que atiende la capital y parte de otros tres estados y sustituir su operación por la Comisión Federal de Electricidad, otra empresa estatal, el gobierno ocupó las instalaciones con la Policía Federal Preventiva.

Las autoridades señalaron al finalizar la marcha y el acto en el Zócalo que todo transcurrió sin ningún incidente que lamentar.

(Con información de Notimex y DPA)

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México, DF. Decenas de miles de trabajadores, organizaciones sindicales, sociales y estudiantes en la megamarcha de Reforma al Zócalo contra la extinción, decretada por el Ejecutivo, de Luz y Fuerza del Centro. Reuters

SME y el Estado impune

 

 

Adolfo Sánchez Rebolledo

Con el manotazo contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el gobierno de Felipe Calderón cruzó una frontera que parecía infranqueable: poner en la calle a 44 mil trabajadores de un solo golpe y desaparecer al sindicato que los representa mediante un mismo acto de poder. El Presidente prosigue, y en cierta forma supera, la penosa historia antisindical que ha impedido, mediante la intervención del Estado, la formación de un sólido movimiento obrero autónomo e independiente. Esta vez, el ataque ha sido dirigido contra un gremio particularmente combativo e irritante para el poder, capaz de cometer errores, sin duda, pero inmerecedor del trato ilegal al que se ha visto sometido.

La afectación de los derechos de los trabajadores electricistas se puede comparar, en cierto sentido, a la sufrida por otros grupos tras padecer represiones masivas y violentas, con el agravante de que en esta ocasión la liquidación del sindicato se quiere hacer pasar como un acto salvador, pacífico, ajustado a derecho, y no como una arbitrariedad del Ejecutivo que ignora el diálogo social, pero también la ética y los derechos humanos que el gobierno debería defender y tutelar.
Y es que, al parecer, para cuadrar las cifras, al Presidente y sus amigos les es suficiente con ofrecer una buena indemnización, como si en tiempos de crisis y desempleo se pudiera reparar el daño vital que se ha infligido a numerosos padres de familia. Si en la decisión presidencial operó un primitivo deseo de venganza contra el sindicato por sus conocidas posturas políticas, en seguida destaca el propósito de consumar, desde arriba, sin el concurso de instituciones como el Congreso, en ausencia de toda genuina deliberación pública, una vía hacia la reforma del sector eléctrico, cuya privatización definitiva es uno de los objetivos prioritarios del grupo gobernante. Con la pretensión de destruir al SME, el gobierno anuncia que está listo para la reforma laboral que ya se perfila sin contar con la interlocución de los sindicatos independientes.
El éxito momentáneo de su deleznable guerra mediática depende, en cierta forma, del rencor instalado hacia el sindicalismo derivado de la herencia priísta corporativista, aprovechado por la derecha para llevar agua a su molino. Tal actitud forma parte de una ideología que contrapone la caridad a la solidaridad, el esfuerzo del individuo frente al colectivo. El clasismo apenas se oculta tras el velo ideológico de la decencia, concebida como seña de identidad de las buenas costumbres frente al peladaje (organizado) de los asalariados.
Erizado de temores excluyentes, ese pensamiento conservador condena por igual a los sindicatos charros que a los independientes (en especial a los líderes), pues se les asocia con una actividad de suyo impura, corrupta, contraria a la del buen emprendedor hecho por sí mismo que puebla el imaginario neopanista y clasemediero, lo cual no obsta para que sea posible brindar con el sindicalismo más corrupto y vertical, con los sindicatos blancos o administradores de contratos de protección, siempre que sean sumisos a los intereses del capital y aguerridos defensores del orden establecido. Por eso callan cuando no aplauden los priístas, el panal y los empresarios. Tales campañas contra el plebeyismo, agudizadas por la simultaneidad de la demagogia contra la pobreza y la alianza con los charros, indican que la intolerancia de las elites para actuar a muerte contra sus enemigos sin contrapesos sociales ha comenzado el viaje sin retorno, a menos que la sociedad decida actuar para impedir la deriva autoritaria que hasta un ciego puede observar.

Aunque sólo fuera por eso, resulta inconsecuente pedir al Presidente que limpie la casa de malos sindicalistas, como si tuviera derechos superiores a los que garantizan la autonomía de sus organizaciones. Pero sí hay que exigirle que saque las manos para apoyar a los líderes de su conveniencia, que no asalte los centros de trabajo sin orden judicial, que no convierta la toma de nota en un tamiz anticonstitucional de legitimidad y que responda por el daño moral causado por la reiteración pública de sus mentiras.
Se dirá que a la configuración del problema concurrieron otros factores. ¿Alguien podría negar el papel que la división sindical jugó en la gestación del golpe de mano? Pero ninguna crítica exime al Presidente de conductas irresponsables: pretender desbarrancar al sindicato hacia un conflicto interno cuando ya se había decidido (5 de octubre) la extinción de la empresa; emplear la fuerza federal sin delito que perseguir, pues en un país desangrado por la violencia criminal y la inseguridad, tanta diligencia represiva torna nulo el diálogo para gestionar la crisis con métodos democráticos. Además, las cifras habilitadas con la finalidad de probar que el contrato colectivo es causa de la crisis, dejan en el limbo datos importantes, como el referido a los precios de transferencia de la energía, a los subsidios a los grandes consumidores industriales o la porción de las pérdidas vinculadas con el régimen tarifario en vigor, es decir, la suma de actos de autoridad de los que no se puede responsabilizar a los trabajadores. En fin, el sabadazo ratificó que la privatización es mucho más que una operación de compraventa de los títulos de una empresa pública, ya que ésta comienza cuando la administración nombrada por el gobierno debilita el funcionamiento productivo a fin de justificar la apertura al capital privado.
Hoy es obvio que la supuesta modernización de la industria eléctrica camina en sentido contrario al que plantearon los electricistas encabezados por Rafael Galván: en lugar de integración y unidad sindical democrática, nos acercamos a un régimen cuyo corolario lógico sería la vuelta en escala superior al que prevalecía antes de la nacionalización de 1960, pero sin la resistencia sindical que favoreció el cambio hasta… que el gobierno decidió aplastar a la Tendencia Democrática. El tiempo dio la razón a Galván. Sólo una gran reforma, fundada en los principios constitucionales, puede evitar que la CFE sea cada vez más un elefante blanco al servicio de las compañías privadas que ahora exigen mayores tajadas de la generación, así como el paso libre hacia la transmisión, venta y distribución de la energía, aparte de las concesiones que les otorguen para explotar la fibra óptica y otras alternativas tecnológicas.
Aunque el castigo al SME se quiera hacer pasar como una acción de rescate de una empresa secuestrada por el sindicato, su liquidación busca anular una fuente de perturbación política e ideológica (a la izquierda) ante la lucha por el poder en curso. Y eso es lo más grave, pues la creencia en la certeza del éxito por parte del grupo presidencial (impermeable a cualquier sorpresa) renueva las tentaciones más autoritarias de viejo y nuevo cuño.