Editorial
El rostro devastador de la crisis
Los más recientes anuncios sobre los recortes de personal en grandes empresas y el incremento del desempleo en México y en el mundo son botones de muestra de lo que puede esperarse en las semanas y meses próximos: una contracción del mercado laboral que agudizará la falta de fuentes de trabajo, de por sí grave, dentro y fuera del país.
En términos generales, la catástrofe financiera que se desencadenó en Estados Unidos y que se contagió con rapidez al resto de las naciones ahondará y extenderá, además de la falta de empleo, la pobreza, el hambre, las carencias sanitarias y la marginación en las naciones subdesarrolladas, como la nuestra. Se contraerán los sectores formales de la economía y crecerán los informales, lo que se traducirá en mayor inseguridad laboral y caída de los niveles salariales. Decaerán las exportaciones hacia los países industrializados, los cuales reforzarán sus disposiciones antimigratorias –ayer mismo, la Unión Europea (UE) anunció un acuerdo draconiano entre sus integrantes para expulsar trabajadores extranjeros a discreción–, y ambos fenómenos impulsarán una baja de las remesas de los trabajadores migrantes a sus países de origen, lo que a su vez ahondará la miseria y el desamparo de extensas franjas urbanas y rurales. Para colmo, es previsible una disminución de los capitales disponibles, un encarecimiento del dinero –expresado en las alzas de las tasas de interés– y un retorno de las inversiones extranjeras a sus países de origen.
El gobierno de George W. Bush, que en sus comienzos sumió al mundo en una espiral de violencia, guerra, atropellos a las soberanías, supresión de libertades y violación masiva de derechos humanos, se despide con un desbarajuste mayor causado por el libertinaje financiero de Wall Street –alentado durante ocho años desde la Casa Blanca–, cuyos impactos globales significarán una nueva e inevitable oleada de sufrimiento para millones de personas.
Poca responsabilidad tuvieron en la génesis de esta coyuntura las autoridades de naciones dependientes y pobres como la nuestra. Cabe reclamarles, en cambio, la imprevisión y la insensibilidad de que hicieron gala cuando, en lugar de aprovechar los tiempos de abundancia relativa para redistribuir la riqueza, impulsar el desarrollo y avanzar en la superación de los rezagos sociales, fomentaron procesos de concentración de la riqueza y defendieron hasta el cinismo un modelo económico socialmente devastador que, se suponía, habría de “derramar” la riqueza generada por el conjunto de la sociedad desde la cúpula hacia la base de la pirámide social.
En el caso de México, el gobierno foxista desperdició las cuantiosas sumas que entraron a las arcas nacionales gracias a los elevados precios internacionales del petróleo. En vez de canalizar tales recursos (cerca de 75 mil millones de dólares durante el sexenio) a promover el empleo, la educación y la salud, a combatir la pobreza y la marginación, a dotar al país de infraestructura y a reactivar el mercado interno, la primera presidencia panista los malgastó en un pozo sin fondo de corrupción, intercambios de favores, contratos dudosos, programas y obras faraónicas e inútiles –baste citar los casos de la Biblioteca José Vasconcelos y de la Enciclomedia– y promoción indebida del sufragio en favor de los candidatos de Acción Nacional.
Hoy, los gobiernos tienen ante sí el desafío de enfrentar, con menos fondos, problemas sociales agravados y multiplicados por los efectos de los desastres hipotecarios, bursátiles, financieros y cambiarios. Quiéranlo o no, deben dejar de rescatar a los conglomerados empresariales y empezar a rescatar a la gente porque, más allá de llevar a la práctica dictados éticos y humanitarios de base, están en la necesidad de preservar la estabilidad política, la gobernabilidad y la paz social.
Una premisa fundamental para hacer frente a la debacle económica consiste en abandonar los paradigmas de un mercado libérrimo que se regula a sí mismo. En realidad, como se ha demostrado en cada crisis cíclica, y hasta en tiempos de normalidad económica, son los capitales más poderosos los que regulan al mercado, y no se caracterizan precisamente por su transparencia ni por su respeto a las leyes. De hecho, buena parte de las grandes fortunas no están basadas en el talento productivo, sino en la especulación más agresiva y en la competencia más depredadora.
En tal circunstancia, es claro que para empezar a contrarrestar el trágico desajuste que padece la economía mundial es necesario introducir en ella elementos de racionalidad, contención y control que no pueden provenir más que del Estado. Debe reforzarse, en consecuencia, la presencia pública en los sectores estratégicos de la industria y de los servicios, restablecer marcos regulatorios y mecanismos de intervención estatal que garanticen la viabilidad de algunos ramos y sectores en riesgo –la producción de alimentos es el caso más obvio– y reorientar las prioridades de los capitales a las personas. A fin de cuentas, la principal riqueza de cualquier país no reside en sus finanzas ni en sus bolsas de valores, sino en su población.
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