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| 21.07.10 - MÉXICO |
Campaña pedirá justicia para activistas muertos en caravana humanitaria
Natasha Pitts *
Adital -
Organizaciones sociales, asociaciones civiles, de derechos humanos y movimientos sociales mexicanos están siendo convocados a participar, el próximo día 30, de una reunión de información sobre los avances legales y la situación del caso Bety Cariño y Jiri Jaakkola. El encuentro se realizará en la sede del Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y será también una manera de reclamar justicia al poder público.
Bety Cariño, integrante del Equipo Nacional de coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y directora del Colectivo Cactus, y Jiri Jaakkola, observador finlandés, fueron asesinados cuando integraban una caravana humanitaria que iba rumbo al Municipio Autónomo de San Juan Copala, para entregar abrigos y alimentos. Cerca del municipio, los autos que componían la caravana sufrieron una emboscada y fueron atacados por paramilitares de la organización priísta Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
El episodio tuvo lugar el 27 de abril de este año, en Oaxaca, México, y hasta el momento continúa sin resolución el castigo a los paramilitares. Según denuncias de organizaciones sociales del país, desde lo ocurrido, el Estado mexicano no actuó para solucionar el caso y "se mantiene alejado de las intenciones que lleven a la detención de los responsables de tal delito".El nueve de junio, otra caravana humanitaria intentó entrar en San Juan Copala para realizar las donaciones, pero debido al clima de inseguridad por la presencia de los paramilitares de la Ubisort y de policías federales y estaduales, fueron obligados a volver.
Los paramilitares que provocaron las muertes, lesiones y desapariciones de los miembros de la caravana continúan impunes y actuando en San Juan Copala, donde reprimen, con permiso y complicidad del gobierno local, a los indígenas triquis.
Desde enero, el municipio autónomo se encuentra sin agua potable y energía eléctrica. Las escuelas no están funcionando, pues a los profesores se les prohíbe trabajar y ni siquiera los médicos tienen permiso para atender. Actualmente, el acceso al poblado indígena se encuentra cerrado para la salida o entrada de personas.
Para continuar llamando la atención sobre esta situación represiva y, sobre todo, pedir justicia para Bety Cariño y Jiri Jaakkola, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los pueblos, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, la Red de radios Indígenas y Comunicadores del Sudeste Mexicano y el Colectivo Obreras No Sometidas To Tlaktole Calaki Mo Yolo están convocando a una reunión para el próximo día 30.
El encuentro, que se realizará a partir de las 9h, en la sede de la FAT, tendrá como finalidad actualizar sobre los avances legales e informar sobre la situación actual del caso "para construir y empujar de manera conjunta esta campaña de 'Justicia a nuestros muertos' que obligue al estado mexicano a la detención de los responsables de este crimen".
Además de culpar a los paramilitares por la autoría directa del ataque, las organizaciones sociales también responsabilizan por la complicidad y falta de acción, al Procurador General de Justicia Evencio Nicolás Martínez, al secretario de Gobierno del Estado Jorge Franco Vargas; a Carlos Martínez, cabeza de la Ubisort Rufino Juárez Hernández, a los miembros del Movimiento de Unificación y lucha Triqui (Mult) y al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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