copiado de http://presasporabortar.blogspot.com/
¿Presas por abortar? ¡Pronto serán libres!
Para Luz María Ramírez Villalpando, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG: cuidado, no se pronuncia “y muge”), el mejor antídoto contra la violencia intrafamiliar es la Triple R. “A las mujeres que son golpeadas por sus hombres, les aconseja resignarse, reír y rezar”, explica Verónica Cruz, presidenta del Centro Las Libres, asociación civil que defiende los derechos civiles y reproductivos de las mujeres de Guanajuato. Cuñada de Gerardo Mosqueda, secretario del gobierno estatal y número dos en la estructura local del Yunque, Ramírez Villalpando declaró hace días que “las mujeres que se hacen tatuajes son las principales responsables de la pérdida de valores en nuestra sociedad”.
En 2001, tras la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, su heredero en el trono estatal, Carlos Romero Hicks, tomó el poder con los votos del PAN y la fuerza de la ONY (Organización Nacional del Yunque), la poderosa secta secreta, ubicada a la derecha de la ultraderecha mexicana. Durante el sexenio de Romero Hicks, tanto leyes como políticas públicas vinculadas con educación sexual y derechos reproductivos fueron modificadas para “armonizarlas”, precisa Verónica Cruz, con las ideas religiosas de los nuevos mandones.
La educación sexual para púberes y adolescentes fue prácticamente suprimida en los colegios privados y las escuelas públicas. De los libros de ciencias naturales fueron eliminados los dibujos que mostraban los órganos reproductivos masculinos y femeninos, porque a juicio de los talibanes del Bajío “incitan a la lujuria”. Estos lanzaron una campaña permanente contra el uso del condón y los anticonceptivos, basada en otro dogma: para evitar las enfermedades de transmisión genital y los embarazos no deseados, lo único que sirve es la abstinencia.
Cuando, en respuesta a las protestas de distintos sectores del país, el “gobierno” federal prohibió el libro de ciencias naturales del Yunque y exigió que se entregara a los estudiantes el que había editado la SEP, los talibanes de Guanajuato lo quemaron en una plaza pública de León, recuerda Verónica Cruz. Y Carlos García, corresponsal de La Jornada en la entidad, asegura que en opinión de la directora del IMUG, que no es médica sino decoradora de interiores, “las mujeres en el momento en que están siendo violadas segregan un líquido espermicida, que las protege del embarazo”. Sin duda por eso, en las bardas de Guanajuato, se repite esta consigna, pintada entre los escudos y emblemas del gobierno estatal: “Por amor o por violencia el aborto es un delito”.
Úteros asesinos
En el verano de 2004, una investigadora del Instituto de Estudios Sociales (ISS) de La Haya, Holanda, documentó en la región selvática de Chiapas algunos casos de mujeres que sufrieron abortos espontáneos a causa de la pobreza extrema en que viven. Este reportero obtuvo, por su parte, datos de mujeres que habitan en zonas urbanas y gozan de cabal salud, pero interrumpieron involuntariamente su embarazo entre el quinto y el sexto mes de gestación, porque tienen “útero infantil”, o sea, una matriz incapaz de alojar un feto en crecimiento.
En Guanajuato, desde 2001, los abortos espontáneos por desnutrición o por cualquier otro tipo de limitación física, se castigan hasta con 35 años de cárcel. Y los que se realizan en forma voluntaria también. Para los talibanes del Bajío son “homicidios en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación”, según el código penal vigente en el estado. O, como lo simplificó el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez en una entrevista publicada por La Jornada ayer, son “infanticidios”.
Hoy mismo, por esta infame acusación, cinco jóvenes campesinas amanecieron presas en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Puentecillas, a la salida de la capital de Guanajuato, y una más en el de Valle de Santiago, cerca de Michoacán. Todas purgan condenas de más de un cuarto de siglo de encierro –la “veterana” del grupo, de apenas 26 años de edad, lleva nueve tras las rejas y aún le faltan 17--, pero ninguna recibió jamás atención médica, educación en salud reproductiva ni ayuda para evitar, o interrumpir, sus embarazos. Una de ella quedó encinta la cuarta vez que fue violada, sin que la policía que después la detuvo por abortar, la protegiera de los machos que la maltraron por años.
Además de ser víctimas de una injusticia tan atroz como insoportable, todas tienen en común el hecho de que, cuando llegaron a los hospitales públicos chorreando sangre y devastadas sicológicamente, se llevaron la misma sorpresa: antes de proceder a curarlas, los médicos que las trataron en las salas de urgencias llamaron a los agentes del Ministerio Público para denunciarlas “in fraganti”.
Las seis –más Alma Yareli Salazar Saldaña, que ya está libre-- pasaron del hospital a la cárcel. Después de ser sentenciadas, algunas apelaron al Tribunal Superior de Justicia, pero por falta de buenos abogados perdieron en segunda instancia y ahora, para elevar su caso a la Suprema Corte –basurero moral de la nación-- cada una necesita reunir al menos 500 mil pesos para lograr que un jurista la represente: un sueño imposible, pues sus familiares viven en condiciones de extrema pobreza, y muy de vez en cuando consiguen los 400 pesos que les cuesta ir desde sus comunidades al Cereso de Puentecillas a visitarlas.
La ONU vs la ONY
Por esto de las distancias, hace pocos días, en vísperas de la visita a México de la Alta Comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato obligó a cuatro de las internas en Puentecillas a firmar un documento en el que piden ya no ser entrevistadas por la prensa. ¿Por qué suscribieron tan absurda solicitud, como si fueran Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Rachel Weisz y Natalie Portman hartas de los paparazzi? Porque las amenazaron con trasladarlas a Valle de Santiago, que para sus familiares, radicados cerca de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, queda tan lejos como, para nosotros, Iztapalapa de Nueva York.
Ahora que sabemos de su existencia y de su martirio --todas son menores de 30 años y tienen la vida por delante--, no vamos a permitir que se pudran en la cárcel. Primero que nada, hay que hacerles llegar, por todos los medios, mensajes para decirles que ya no están solas; que no deben resignarse, reír y rezar, sino al contrario, seguir luchando por sus derechos con la certeza de que, mucho antes de lo que suponen, volverán a ser libres.
Desfiladero convoca a sus lectoras y lectores --en donde quiera que estén-- a pensar, imaginar, organizar, darle forma y contenido y poner en marcha una campaña nacional e internacional de solidaridad por la inmediata libertad de María Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas, Ofelia Frías y Liliana Moreno. La campaña, desde luego, debe tener como eje el Centro Las Libres, cuyas valientes integrantes viven y pelean en Guanjuato y necesitan ser rodeadas por los brazos de todas y todos, para protegerlas.
En estos momentos, en Guanajuato hay 166 mujeres más que también fueron entregadas por sus “médicos” a la policía. De ellas, 43 se encuentran a disposición de un juzgado para ser sometidas a proceso penal. No se trata solamente de las seis jóvenes campesinas presas, ni de las que aguardan su turno en la antesala del espanto, sino de todas las mujeres de México y del mundo. ¿Ponemos en marcha la campaña? Se admiten adhesiones, críticas y sugerencias.
¿Presas por abortar?
¡No por mucho tiempo!
jamastu@gmail.com
Léalo en Inglés, Francés, Italiano y Alemán (read it in English, French, Italian and German):
Jailed for Abortion? Let’s free them!
“Women who are beaten by their men are advised to resign, laugh and pray,” is how Verónica Cruz, president of the Centro Las Libres, an association interested in defending civil and reproductive rights for the women of the Mexican state of Guanajuato, characterizes the posture of Luz María Ramírez Villalpando, director of the Institute of the Guanjajuato Woman. Ramírez Villalpando also declared days ago that “women with tattoos are the first to blame for the loss of values in our society.” She is the sister-in-law of the secretary of Guanajuato state Gerardo Mosqueda. He is also second in charge in the local chapter of El Yunque, [a supposed ultra-Catholic secret society with apparently strong ties with the local government.]
In 2001, when Vicente Fox became president, the heir to his state government seat [Fox was governor of his native state of Guanajuato from 1995-99,] Carlos Romero Hicks, was backed by the PAN (National Action Party) and the ONY (National Organization of the El Yunque.) During his six-year tenure, Romero Hicks modified laws and public policies related to sexual education and reproductive rights in order to “harmonize” them with the religious ideas of the new administration, according to Verónica Cruz.
Sexual education for pre-pubescent children and adolescents was practically suppressed in private and public schools. Drawings of male and female reproductive rights were eliminated from science books, as the Taliban of El Bajío (in Guanajuato state,) believe that they “incite lust.” They launched a permanent campaign against condoms and birth control based in another dogma: that the only way to prevent sexually-transmitted diseases and unwanted pregnancies is abstinence.
When, in response to protests by several groups around the country, the federal “government” prohibited El Yunque’s science book and demanded that they use the one edited by the department of education, the Guanajuato Taliban burned it in a public plaza in Leon, according to Cruz. And Carlos García, a La Jornada correspondent, states that Mrs. Ramírez Villalpando (who is not a doctor but an interior designer) said that “women secrete a spermicidal fluid as they are being raped, which protects them from getting pregnant.” Undoubtedly, this is why Guanajuato’s walls have the following statement painted on them, framed by the state government’s seals and emblems: “Whether for love or for violence, abortion is a crime.”
Murderous uteri
In the summer of 2004, an investigator from the Institute for Social Studies of The Hague documented cases of women in Chiapas who had spontaneous abortions due to the conditions of extreme poverty in which they live. I obtained data about perfectly healthy women in urban areas whose pregnancies were involuntarily interrupted between the fifth and sixth month because they had “infantile uterus,” that is, their wombs were incapable to contain a developing fetus.
Since 2001, spontaneous abortions due to malnutrition or any other physical limitation as well as voluntary interruptions of pregnancy, are punished with up to 35 years in jail in Guanajuato. For the El Bajío Taliban, these are “homicides of kinship by reason of aggravation of a product in gestation,” according to the state’s penal code. Or, as simplified by Governor Juan Manuel Oliva Ramírez in an interview published yesterday by La Jornada, they are “infanticide.”
Just today, because of this vile accusation, five young peasant women woke up in jail at the Social Rehabilitation Center in Puentecillas, in the outskirts of Guanajuato’s capital, and another one in Valle de Santiago, near Michoacan. They are all sentenced to more than 25 years of imprisonment. The oldest one in the group (who is just 26 and has already served 9 of her 26-year sentence,) has never received medical attention, reproductive health education or assistance to prevent or interrupt her pregnancies. One of them became pregnant the fourth time she was raped, and was arrested after she had an abortion, while she received no protection against the men who abused her for years.
Aside from being victims of such an atrocious and unacceptable injustice, all these women received the same surprise when they arrived to public hospitals, dripping blood and psychologically devastated: before they were treated in the emergency room, the hospital personnel called agents of the appropriate public agency in order to catch them “in the act.”
The six of them –plus Alma Yareli Salazar Saldaña, who was freed– went from the hospital straight to jail. After being sentenced, some of them appealed to the Superior Court of Justice, but they lost the case due to the lack of good lawyers. Now, in order to bring it to the Supreme Court (Mexico’s moral dump,) each of them needs to gather at least 500 thousand Mexican pesos [almost $40,000 USD] to get a lawyer to represent them. An impossible dream, since their families live in extreme poverty and rarely have the means to gather the 400 pesos ($32 USD) to travel from their villages to the Puentecillas Rehabilitation Center to visit.
United Nations vs. El Yunque
Speaking of distances, a few days ago –in the eve of the Mexican visit of the United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights, South Korean Kuyng-wha Kang–, Guanajuato’s Public Safety Agency made the Puentecillas interns sign a document in which they ask not to be interviewed by the press. Why did they accept to sign, as if they were celebrities like Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Rachel Weisz or Natalie Portman, fed-up with the paparazzi? Because they were threatened to be transferred to Valle de Santiago. To their families, who live near the towns of Dolores Hidalgo and San Miguel de Allende, Valle de Santiago is as far away as New York is from Iztapalapa to us.
Now that we know about their existence and their torment (they are all under 30 and have their lives ahead of them,) we will not tolerate that they rot in jail. First, we need to let them know, by every possible means, they are not alone, that they must not “resign, laugh and pray,” but that they must continue fighting for their rights, certain that they will be free sooner than they think.
The quarterly paperback Desfiladero, invites its readers –wherever they may be– to think, imagine, organize, give shape and content, and activate a national and international solidarity campaign for the liberation of María Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas, Ofelia Frías and Liliana Moreno. The campaign must undoubtedly have the Centro Las Libres as a focus, whose brave members live and fight in Guanajuato and need to become surrounded and protected by the arms of all of us.
At this moment, there are 166 women in Guanajuato who were also turned in by their “doctors” to the police. Forty-three of them are at the mercy of the court to be submitted to a penal process. It is not only a matter of the six peasant women who are imprisoned or about the ones who are sitting in the waiting room of terror, but about all women in Mexico and throughout the world. Shall we set up this campaign?Critics, suggestions and involvement of any kind are welcome.
In jail for abortion?
No way!
jamastu@gmail.com
Prisonnierès pour avortement? Libérons-les!
« Subir, Sourire et Prier », voilà ce que Luz María Ramírez Villalpando, directrice de l’Institut de la Femme de l'Etat du Guanajuato (IMUG) préconise aux femmes battues par leurs maris, d’après Verónica Cruz, la présidente du Centre Las Libres, une association de défense des droits des femmes de cette province du Mexique. Luz María Ramírez Villalpando, a aussi déclaré il y a quelques jours que « les femmes qui se font des tatouages sont les principales responsables de la perte des valeurs dans notre société ».
En 2001, après l'élection de Vicente Fox à la présidence de la République, son héritier sur le trône de gouverneur du Guanajuato, Carlos Romero Hicks, a pris le pouvoir grâce aux votes du PAN et à la force de l'ONY (Organisation national du Yunque), la puissante secte secrète située à la droite de l'extrême droite mexicaine. Durant les six années du gouvernement de Romero Hicks, aussi bien les lois que les politiques publiques en rapport avec l'éducation sexuelle et le planning familial ont été modifiées pour les « mettre en harmonie », indique Verónica Cruz, avec les idées religieuses des nouveaux dirigeants.
L'éducation sexuelle pour les enfants et les adolescents a été pratiquement supprimée dans les établissements scolaires privés et publics. Ont été éliminés des livres de sciences naturelles les dessins qui montraient les organes reproducteurs masculins et féminins, car selon les talibans au pouvoir, « ils incitent à la débauche ». Les mêmes ont lancé une campagne permanente contre l'usage du préservatif et des contraceptifs, basée sur un autre dogme: pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, la seul moyen qui a fait ses preuves est l'abstinence.
Lorsque, en réponse aux nombreuses protestations dans le pays, le « gouvernement » fédéral a interdit le livre de sciences naturelles promu par le Yunque et a exigé que les élèves puissent disposer du manuel édité par la ministère de l'Education nationale, les talibans du Guanajuato l'ont brûlé sur une place publique de León, la capitale de l'Etat, rappelle Verónica Cruz. Et Carlos Garcia, le correspondant sur place du quotidien « La Jornada » rapporte qu'aux dires de la directrice de l'IMUG, qui n'est pas médecin mais décoratrice d'intérieur, « les femmes secrètent au moment où elles sont violées un liquide spermicide qui les protège de la grossesse ». C'est sans doute pour cette raison que sur les publicités officielles du gouvernement local on retrouve ce slogan, peint entre les armes et les emblèmes de la province: « Fruit de l'amour ou de la violence, l'avortement est un crime! »
Dans le Guanajuato, depuis 2001, les fausses couches causées par la malnutrition ou par tout autre problème physique sont passibles de peines de 35 ans de prison. Tout comme les avortements volontaires. Pour les talibans de la région, il s'agit d'un « homicide par ascendant sur enfant en gestation », selon le code pénal en vigueur dans l'Etat. c'est à dire, selon la formule employée par le gouverneur Juan Manuel Oliva Ramirez, dans « la Jornada » daté du 6 août, d'un «infanticide ».
Suite à cette accusation infâme, cinq jeunes paysannes se retrouvent entre les barreaux du Centre de réhabilitation sociale (Cereso) de Puentecillas, qui se dresse à la sortie de la capitale du Guanajuato, et une autre est enfermée dans la prison de Valle de Santiago, près du Michoacan. Toutes doivent purger des condamnations supérieures à un quart de siècle. La « vétéran » du groupe, qui a tout juste 26 ans, est emprisonnée depuis neuf ans, et en a encore dix-sept à purger. Aucune n'a jamais reçu de soins médicaux, d'éducation au planning familial, ni d'aide pour empêcher ou interrompre leurs grossesses. L'une d'entre elle est tombée enceinte à la suite d'un quatrième viol, alors que la police qui l'a ensuite arrêtée pour avortement ne l'avait jamais protégée des mâles qui l'ont martyrisée pendant des années.
En plus d'être les victimes d'une injustice aussi atroce qu'insupportable, toutes, alors qu'elles arrivaient à l'hôpital perdant leur sang et psychologiquement ravagées, ont eu la même surprise: avant de les soigner, les médecins des urgences ont appelé la police pour faire constater le « flagrant délit ».
Toutes les six sont passées de l'hôpital à la prison. Après leur condamnation, certaines ont fait appel devant le Tribunal supérieur de justice, mais faute de bons avocats, elles ont perdu cet appel et à présent, pour porter leur dossier devant la Cour Suprême -cette poubelle morale de la nation- chacune doit rassembler au moins cinq cent mille pesos afin qu'un avocat puisse les défendre: un rêve impossible, car leurs familles vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, et ont déjà le plus grand mal à trouver les 400 pesos que coûte le voyage entre leurs villages et la prison de Puentecillas où elles viennent leur rendre visite.
Il y a quelques jour, à la veille de la venue au Mexique de la Haut Commissaire adjointe aux droits de l'homme des Nations Unies, la sud coréenne Kuyng-wha Kang, la secrétaire à la Sécurité publique de l'Etat du Guanajuato a obligé quatre des prisonnières de Puentecillas à signer un document où elles demandent à ne pas être interviewées par la presse. Pourquoi une demande aussi absurde, comme si elles étaient Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Rachel Weisz et Natalie Portman, excédées par les paparazzi? Parce qu'on les a menacées de les transférer à Valle de Santiago, ce qui, pour leurs familles, qui habitent près de Dolores Hidalgo et de San Miguel de Allende, serait à peu près comme devoir se rendre à New York pour un habitant de Mexico.
A présent que nous connaissons leur existence et leur martyr- toutes ont moins de trente ans et la vie devant elles-, nous n'allons pas permettre qu'elles moisissent en prison. Avant tout, il faut leur faire parvenir, par tous les moyens, des messages pour leur dire qu'elles ne sont plus seules: qu'elles ne doivent pas « subir, sourire et prier » mais au contraire continuer à se battre pour leurs droits avec la certitude, que bien plus tôt que ce qu'elles pensent, elles retrouveront la liberté.
Nous appelons tous les lecteurs -où qu'il soient- à imaginer et à lancer une campagne nationale et internationale de solidarité pour la libération immédiate de Maria Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martinez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas, Ofelia Frias et Liliana Moreno. La campagne doit, bien entendu, s'organiser autour du Centre Las Libres, dont les membres courageuses vivent et se battent au Guanajuato et ont besoin des bras de tous et de toutes pour les protéger.
Au jour d'aujourd'hui dans l'Etat du Guanajuato, 166 autres jeunes femmes ont été livrées à la police par leurs « médecins ». Parmi elles, 43 font l'objet d'une procédure judiciaire. Il ne s'agit pas seulement de six jeunes paysannes emprisonnées, ni de celles qui attendent leur tour dans l'antichambre de l'horreur, mais du droit toutes les femmes du Mexique et du monde.
Un avortement ne doit jamais mener en prison!
In arresto per aborto? Le libereremo!
Secondo Luz María Ramírez Villalpando, direttrice dell'Istituto della
Donna Guanajuatense (IMUG), il miglior antidoto contro la violenza
intrafamiliare è la Tripla R: “Alle donne che vengono picchiate dai
mariti, si consiglia di rassegnarsi, ridere e raccogliersi in
preghiera”, spiega Verónica Cruz, presidente del Centro Las Libres,
associazione che difende i diritti civili e riproduttivi delle donne
di Guanajuato. Cognata di Gerardo Mosqueda, ministro del governo
statale e numero due nella struttura locale del Yunque (società
segreta messicana regionale ma di respiro nazionale il cui proposito è
“difendere la religione cattolica e lottare contro le forze di
Satana”), Ramírez Villalpando ha dichiarato qualche giorno fa che “le
donne che si fanno dei tatuaggi sono le principali responsabili della
perdita di valori nella nostra società”.
Nel 2001, dopo l'arrivo di Vicente Fox alla Presidenza della
Repubblica, il suo erede sul trono dello stato di Guanajuato, Carlos
Romero Hicks, prese il potere con i voti del Partido de Acción
Nacional (PAN) e la forza dell'ONY (Organizzazione Nazionale del
Yunque), la potente setta segreta ubicata alla destra dell'ultradestra
messicana. Durante il sexennio di Romero Hicks, tanto le leggi, come
le politiche pubbliche vincolate all'educazione sessuale e diritti
riproduttivi sono state modificate per “essere armonizzate”, precisa
Verónica Cruz, con le idee religiose dei nuovi capi.
L'educazione sessuale per adolescenti è stata praticamente soppressa
in collegi privati e nelle scuole pubbliche. Dai libri di scienze
naturali sono stati eliminati i disegni che mostravano gli organi
riproduttivi maschili e femminili, perché, a giudizio dei talebani del
Bajío “incitano alla lussuria”. Costoro hanno lanciato una campagna
permanente contro l'uso del preservativo e gli anticoncezionali,
basata su un altro dogma: per evitare le malattie a trasmissione
sessuale e le gravidanze non volute, l'unica cosa che funziona davvero
è l'astinenza.
Quando, in risposta alle protesde di diversi settori del paese, il
“governo” federale proibì il libro di scienze naturali del Yunque ed
impose che si distribuissero agli studenti il libro di testo del
Ministero della Educazione Pubblica, i talebani di Guanajuato lo
bruciarono in una piazza pubblica di León, ricorda Verónica Cruz. E
Carlos García, corrispondente della Jornada in quello stato, assicura
che secondo la direttrice dell'IMUG, che non è medico, bensí
decoratrice di interni, “le donne nel momento in cui sono violentate
secernono un liquido spermicida, che le protegge dalla gravidanza”.
Senza dubbio per questo motivo, sui muri di Guanajuato, si ripete
questo motto, pitturato tra gli scudi e gli emblemi del governo
statale: “Per amore o per violenza l'aborto è un delitto”.
Uteri assassini
Nell'estate del 2004, una ricercatrice dell'Istituto di Studi Sociali
(ISS) dell'Aja, Olanda, documentò nella regione della selva del
Chiapas alcuni casi di donne che hanno avuto aborti spontanei a causa
della povertà estrema in cui vivono. Il sottoscritto, d'altra parte,
ha ottenuto dati di donne che abitano in zone urbane e che hanno a
disposizione il servizio sanitario ma che hanno interrotto
involontariamente la loro gravidanza, tra il quinto e il sesto mese di
gestazione, perché soffrono di “utero infantile”, cioè un utero
incapace di ospitare un feto in crescita.
Nello stato di Guanajuato, dal 2001 ad oggi, gli aborti spontanei per
denutrizione o per qualsiasi altro tipo di limitazione fisica, vengono
puniti con pene fino a 35 anni di carcere. E quelli che vengono
realizzati in forma volontaria, anche. Per i talebani del Bajío sono
“omicidi di un parente con l'aggravante di un prodotto in gestazione”,
secondo il codice penale vigente nello stato. O, come ha semplificato
il governatore Juan Manuel Oliva Ramírez in un'intervista pubblicata
ieri dalla Jornada, sono “infanticidi”.
Oggi per questa infame accusa, cinque giovani contadine si sono
svegliate in carcere, nel Centro di Riabilitazione Sociale (Cereso) di
Puentecillas, a pochi chilometri dalla capitale dello stato di
Guanajuato, e un'atra in quello di Valle di Santiago, vicino a
Michoacán. Tutte scontano condanne di più di un quarto di secolo di
reclusione – la “veterana del gruppo”, di appena 26 anni, ne ha già
passati nove dietro le sbarre e glie ne mancano ancora 17 – però
nessuna ha mai ricevuto attenzione medica, educazione sessuale ne
aiuti per evitare o interrompere le sue gravidanze. Una di loro è
rimasta incinta dopo essere stata violentata per quattro volte, senza
che la polizia, che poi l'ha arrestata per aver abortito, l'abbia mai
protetta dagli uomini che l'anno maltrattata per anni.
Oltre ad essere vittime di un'ingiustizia tanto atroce quanto
insopportabile, tutte hanno in comune il fatto che quando sono
arrivate negli ospedali pubblici, piene di sangue e devastate
psicologicamente, hanno avuto la stessa sorpresa: prima di procedere a
curarle i medici che le avevano in cura nella sala urgenze hanno
chiamato gli agenti del Pubblico Ministero per denunciarle in
flagrante.
Tutte e sei – più Alma Yareli Salazar Saldaña, che è già stata
liberata – sono passate dall'ospedale al carcere. Dopo essere state
condannate, alcune si sono appellate al Tribunale Superiore di
Giustizia, però per la mancanza di buoni avvocati hanno perso in
seconda istanza e adesso, per portare il loro caso alla Suprema Corte
– discarica morale della nazione – ognuna ha bisogno di almeno 500mila
pesos (40mila dollari circa) per far sì che un giurista la
rappresenti: un sogno impossibile, dato che le loro famiglie vivono in
condizioni di estrema povertà e molto raramente riescono a racimolare
i 400 pesos che costa andare dalle loro comunità al carcere di
Puentecillas a visitarle.
L'ONU vs l'ONY
Per questo motivo delle distanze, pochi giorni fa, alla vigilia della
visita in Messico dell'Alto Commissario aggiunto per i diritti umani
dell'ONU, la sudcoreana Kuyng-wa Kang, il Ministero della Pubblica
Sicurezza di Guanajuato ha obbligato quattro delle internate a firmare
un documento in cui chiedono di non essere più intervistate dalla
stampa. Perché hanno sottoscritto un documento tanto stupido, come se
fossero Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Rachel Weisz e Natalie
Portman stufe dei paparazzi? Perché le hanno minacciate di trasferirle
a Valle di Santiago, che per i loro familiari, che vivono vicino a
Dolores Hidalgo e San Miguel de Allende, è come andare da Città del
Messico a New York.
Ora che sappiamo della loro esistenza e del loro martirio – tutte
hanno meno di 30 anni e hanno una vita davanti – non permetteremo che
marciscano in carcere. Prima di tutto, bisogna far loro arrivare,
attraverso qualsiasi mezzo, messaggi per dire loro che non sono più
sole; che non devono rassegnarsi, ridere e raccogliersi in preghiera,
ma al contrario, devono continuare a lottare per i loro diritti, con
la certezza che molto prima di quanto credano, ritorneranno in
libertà.
Desfiladero convoca le sue lettrici e i suoi lettori – dovunque essi
siano – a pensare, immaginare, organizzare, dare forma e contenuto e
mettere in marcia una campagna nazionale e internazionale di
solidarietà per l'immediata liberazione di María Araceli Camargo
Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana
Dueñas, Ofelia Frías e Liliana Moreno. La campagna dovrebbe avere
come asse centrale il Centro Las Libres, le cui valorose operatrici
vivono e lottano a Guanajuato e hanno bisogno di essere circondate
dalle braccia di tutte e tutti, per essere protette.
In questo momento a Guanajuato ci sono altre 166 donne che sono state
consegnate dai loro “medici” alla polizia. Di queste, 43 si trovano a
disposizione del giudice per essere sottoposte a un processo penale.
Non si tratta solo delle sei giovani contadine in carcere, né di
quelle che aspettano il loro turno nell'anticamera della paura, ma di
tutte le donne del Messico e del mondo. Mettiamo in marcia la
campagna? Si accettano adesioni, critiche, suggerimenti.
Arrestate per abortire?
Nemmeno per sogno!
Gefangen wegen Abtreibung? Laßt sie uns befreien!
Die beste Medizin gegen intrafamiliäre Gewalt ist für die Leiterin des Fraueninstituts in Guanajuato, Mexiko, Luz María Ramírez Villapando, die Formel FLB: Fügen, Lachen, Beten. So jedenfalls erklärt es Verónica Cruz, die Vorsitzende des Centro Las Libres ( Das Zentrum der Freien), ein eingetragener Verein zum Schutz der bürgerlichen und sexuellen Rechte der Frauen in Guanajuato. Frau Ramírez ist Schwägerin des Staatssekretärs Gerardo Mosqueda, Nummer 2 in der lokalen Struktur des Yunque, (eine erzkatholische Verbindung mit wachsendem Einfluß im Erziehungsbreich Mexikos, A. d. Ü) und sie hat vor wenigen Tagen erklärt, dass „Frauen mit Tätowierungen die Hauptverantwortlichen für den Verlust von Werten in unserer Gesellschaft sind“.
Nachdem Vicente Fox 2001 Präsident wurde, kam sein Thronfolger, Carlos Romero Hicks mit den Stimmen der Partei PAN (Partido de Accion Nacional) und dem Einfluß der ONY ( Organizacion Nacional del Yunque), jener starken, geheimen Sekte, die rechts von der mexikanischen Ultrarechten angesiedelt ist, an die Macht. Veronica Cruz präzisiert, dass während der sechsjährigen Amtszeit von Romero Hicks sowohl Gesetze als auch die öffentliche Politik verändert wurden, um sie mit den religiösen Vorstellungen der neuen Machthaber zu „harmonisieren“.
In den privaten und öffentlichen Schulen des Staates wurde die Sexualerziehung für Kinder und Jugendliche praktisch eingestellt. Aus den Büchern der Naturwissenschaften wurden Bilder der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane ausgemerzt, denn aus der Sicht der Taliban aus dem Bajio (Region im zentralen Hochlands Mexikos) sind sie „ein Anreiz zur Wollust“. Sie stießen einen anhaltenden Schrei gegen den Gebrauch von Präservativen und Verhütungsmittel in den Himmel auf Grund eines weiteren Dogmas: um Geschlechtskrankheit und unerwünschte Schwangerschaft zu vermeiden gibt es nur die Abstinenz.
Als Antwort auf Proteste verschiedener Gesellschaftskreise verbot die Bundesregierung das Buch der Naturwissenschaften des Yunque und forderte die Vergabe der Version des Erziehungsministeriums an die Schüler, aber Veronica Cruz erinnert sich, dass die Taliban aus Guanajuato auf einem öffentliche Platz in Leon dieses offizielle Buch verbrannten. Carlos Garcia, Korrespondent der mexikanischen Tageszeitung La Jornada im Bundesstaat Guanajuato, versichert, dass nach Meinung der Leiterin des lokalen Fraueninstituts, die keine Ärztin, sondern Innendekorateurin ist, „Frauen im Moment einer Vergewaltigung ein Spermatizid produzieren, welches sie vor einer Schwangerschaft schützt“. Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb man an den Mauern in Guanajuato zwischen Wappen und Logos der Landesregierung den Spruch findet: „Sei es wegen Liebe oder Gewalt, Abort ist ein Verbrechen“.
Mörderische Gebärmutter
Im Sommer 2004 dokumentierte eine Studie des Institut of Social Sience (ISS) aus Den Haag, Fälle von Frauen im Tiefland von Chiapas, Mexiko, die wegen der extremen Armut in der sie leben, spontane Aborte erlitten. Dieser Reporter seinerseits, hat Daten von Frauen im städtischen Umfeld, die gesund sind, aber freiwillig zwischen dem 5. und 6. Monat die Schwangerschaft unterbrochen haben, weil sie einen „kindlichen Uterus“ haben, eine Gebärmutter die keinen wachsenden Fötus beherbergen kann.
Seit 2001 werden In Guanajuato spontane Aborte wegen Unterernährung oder jeglicher anderer physischer Einschränkung mit bis zu 35 Jahren Gefängnis bestraft. Freiwillige Schwangerschaftsunterbrechung auch. Für die Taliban aus dem Bajio ist es nach dem gültigen Strafgesetz des Bundeslandes „Verwandschaftsmord in Beeinträchtingung eines werdendes Produktes“. In einem in der Jornada veröffentlichten Interview fasst es der Governeur Juan Manuel Oliva Ramirez einfacher als „Kindermord“.
Heute wachten unter dieser infamen Anklage fünf junge Bauernfrauen im Sozialen Rehabilitationszenrum (CERESO) von Puentecillas (vor den Toren der Haupsstadt Guanajuatos) und eine weitere im CERESO von Valle de Santiago auf. Alle büßen Strafen von mehr als einem viertel Jahrhundert – die “Veteranin” der Gruppe, derzeit 26 Jahre alt, davon 9 hinter Gittern mit 17 Jahren Haft bevorstehend. Keine dieser Frauen hat jemals medizinische Betreung, Sexualaufklärung oder Hilfe um Schwangerschaft zu vermeiden oder zu unterbrechen erhalten. Eine von ihnen wurde nach der vierten Vergewaltigung schwanger, aber die Polizei, die sie nach der Schwangerschaftsunterbrechung festgenommen hatte, bot ihr keinen Schutz vor den Machos, die sie über Jahre misshandelt hatten.
Sie waren nicht nur Opfer einer sowohl abscheulichen, als auch unerträglichen Justiz, darüber hinaus ist ihnen eine Erfahrung gemein. Als sie blutend und psychologisch zerstört ins Krankenhaus kamen, erlebten alle eine Überraschung: die Ärzte, die sie im Notfallsaal behandeln sollten, riefen erst mal die Polizei an, um sie „in fraganti“ zu denunzieren.
Die sechs Frauen – zusätzlich Alma Yareli Salazar Saldaña, die inzwischen freigelassen wurde – kamen vom Krankenhaus ins Gefängnis. Nach der Verurteilung appellierten sie vor dem Gerichtshof, aber aus Mangel an guten Anwälten haben sie in zweiter Instanz verloren. Nun müssen sie, damit ihre Fälle vor den Obersten Gerichtshof –der moralische Müllhaufen der Nation- gelangen, 500 000 Pesos pro Person auftreiben, um einen Rechtsvertreter anzuheuern: ein aussichtsloser Traum, denn ihre Familien leben in extremer Armut und nur hin und wieder schaffen sie es die 400 Pesos aufzubringen, um von ihren Gemeinden zum CERESO in Puentecillas zum Besuch fahren zu können.
UNO vs. ONY
Das Thema der Distanz war der gefundene Anlaß für das Ministerium für Öffentliche Sicherheit aus Guanajuato – just vor dem Besuch des UNO High Kommissioner für Menschenrechte, die Südkoreanerin Kuyung-wha Kang- die vier Gefangenen in Puntecillas zur Unterschrift eines Dokumentes zu nötigen, in welchem sie darum bitten, nicht mehr von der Presse interviewt zu werden. Warum haben sie eine derart absurde Forderung unterschrieben, so als handele es sich um Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Rachel Weisz und Natalie Portman, die die Paparazzi leid sind? Nun, man hat ihnen angedroht sie nach Valle de Santiago zu verlegen, was für ihre Familien einen Reiseaufwand bedeutet, der dem entspricht als würden wir von Mexiko Stadt nach New York fliegen, um Familienangehörige im Knast zu besuchen.
Jetzt wo wir von ihrer Existenz und ihrem Martyrium wissen –alle sind weniger als 30 Jahre alt und haben ein Leben vor sich- werden wir es nicht zulassen, das sie im Gefängnis verrotten. Zunächst müssen wir ihnen die Nachricht zukommen lassen, das sie nicht mehr alleine sind, das sie nicht mehr nach dem Prinzip des Fügen, Lachen, Beten, leben, sondern um ihre Rechte kämpfen sollen, mit der Sicherheit, das sie, eher als sie glauben, wieder frei sein werden.
Desfiladero ruft seine Leser und Leserinnen auf – wo immer sie sind- sich eine nationale und internationale Solidaritätskampagne auszudenken, vorzustellen, zu organisieren und ihr Form und Inhalt zu verleihen, um die unmittelbare Freilassung von María Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas, Ofelia Frías und Liliana Moreno zu fordern. Die Kampagne sollte ihre Aktionsachse im Zentrum der Freien haben, deren mutige Integranten in Guanajuato leben und kämpfen und die schützende Arme von uns Allen brauchen.
Derzeit gibt es 166 Frauen in Guanajuato, die von ihren „Ärzten“ an die Polizei ausgeliefert wurden. 43 von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft und warten auf ihren Prozess. Aber es handelt sich nicht nur um die 6 jungen Frauen oder um all die, die im Wartesaal zum Grauen sitzen, sondern es geht um alle Frauen in Mexiko und auf der Welt.
Starten wir eine Kampagne? Es werden Anschluss, Kritik und Vorschläge angenommen.
In Haft wegen Abort?
Nicht mehr für Lange!
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