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jueves, 20 de agosto de 2009

MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: Los lambiscones de los poderosos

opinión tomada de LA JORNADA www.jornada.unam.mx


Ya lo sabíamos

Ricardo Robles O.

Acteal, en estos días, ha provocado tantas palabras –las más en repudio de la actuación de la Suprema Corte de Justicia–, que nada nuevo pretendo decir ahora. Así suele sucedernos, ante las conmociones necesitamos hablar, hay un algo que lo exige aunque el qué y el para qué no queden claros. Son las lealtades quizá, ésas que se van acumulando revueltas con los sueños y las amistades profundas. Son, tal vez, los antiguos sentimientos que reviven dentro sin expresiones conceptuales precisas porque ellas nunca logran expresar cabalmente lo profundo. Son, a lo mejor, los impactos que nos han transformado, impactos del amor o del dolor, de la injusticia, del otro o de los otros tan golpeados, tan ofendidos, que alguna vez no nos dejaron ser como éramos. Que sean lealtades, sentimientos o impactos es lo de menos, de cualquier modo son huellas gratuitas que nos deja la vida, ofrecidas como un don por los vejados, los pobres, los desdeñados. Y como al fin de las cuentas son esas huellas las que terminan dando sentido y rumbo a nuestra propia vida, son las que nos urgen a clamar ante el horror del poderoso sobre el menospreciado. Me voy, así, a los recuerdos de algunas huellas que me ayudan a decir lo que necesito detestar ahora.

Hace cinco años, en este mismo espacio, evoqué lo que ahora retomo: una plática en la selva chiapaneca. Fue unos meses después de Acteal. El motivo del encuentro era otro, pero yo traía una preocupación pendiente. Le pregunté al comandante Tacho cómo estaban, qué cambios del corazón les había traído Acteal. Me miró sorprendido y dijo, como solía decirme: don Ricardo, pero si eso ya lo habíamos hablado tú y yo, ya lo sabíamos. Y luego retomamos sus opciones zapatistas sobre la vida y la muerte, el ya estamos muertos tan sabido, sobre las provocaciones que montarían los gobiernos, sobre la necesidad de no caer en ellas y de cómo habría que resistir con lucidez y paz a la violencia gubernamental.

Años antes, el día de las únicas firmas que hubo en San Andrés, las luego perjuradas por los tres poderes, teníamos esa misma sensación de ver venir lo que ya nos sabíamos. Lo dijeron los comandantes con palabras cercanas a éstas: Hasta ahora los acuerdos son sólo papel, a ver si ahora sí cumplen, porque siempre nos han engañado, nos han mentido. En entrevistas al día siguiente, varios de los asesores decíamos lo mismo. Ésa había sido nuestra experiencia, no habíamos vivido un diálogo, sino una faceta diferente de la misma guerra de baja intensidad, decíamos. Ya lo sabíamos, aunque preferíamos pensar en la inesperable esperanza. Años después las Cámaras aprobaron una ley diciendo que así cumplían. Mentían de nuevo, y ya lo sabíamos desde antes de conocer la iniciativa de tal ley.

Ahora, ya sabíamos que con su larga trayectoria de acomodos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia se vería una vez más en su espejo con su sonrisa de quien complace al poder. Lo ya sabido no provoca sorpresa ni decepción siquiera. Duele, avergüenza y nos deja cada vez más escépticos ante las autoridades. Nada más.

Hemos ido comprobando en numerables atropellos a los derechos indígenas que siempre existe la duda jurídica, si no, los casos no llegarían ni al juez. La duda puede serlo de verdad o puede ser fingida buscando algún resquicio legal que permita sacar algún provecho.

La justicia en México suele cantearse, con impresionante frecuencia, hacia el que tiene y puede. Quedan casos que no enlisto por fatiga y sólo ejemplifico. Están las controversias constitucionales, los casos de Atenco, Oaxaca y Puebla, los ecologistas muertos o presos de conciencia, las gastritis múltiples y multisomáticas, cobijando violaciones; los luchadores sociales criminalizados. Están los despojos para el turismo, las minas, la energía, los bosques, las aguas, y cualquier proyecto que conlleve inversiones y lucro. Están los funcionarios cupulares culpables e impunes, siguiendo en su gremio las leyes del narco: si estás más abajo cargas con el riesgo de perderlo todo y de ser chivo expiatorio, y mientras más arriba estés, eres más intocable.

La Corte tenía que colocar y soldar el siguiente eslabón de una cadena de injusticias de casi 12 años, extender cartas de impunidad a los que convenía que las recibieran, liberar de ese peso a las actuales y antiguas autoridades, abrir los espacios para el libre comercio de lo que los indios son y tienen, y para ello atemorizar, amenazar y humillar tácitamente. Tenía que dar el golpe y esconder la mano. Ya lo sabíamos.

martes, 18 de agosto de 2009

EN EL CASO ACTEAL, LOS "MONITOS TOGADOS" DE LA CORTE INAUGURAN LA "INJUSTICIA PERFECTA"

opinión tomada de LA JORNADA www.jornada.unam.mx


De la justicia imperfecta a la injusticia perfecta

Pedro Miguel

El 22 de diciembre de 1997 el zedillato perpetró en Acteal, Chiapas, un crimen de Estado. En una región rigurosamente asfixiada por el Ejército y por las corporaciones policiales estatales y federales, un grupo paramilitar –que no habría podido mover un dedo ni avanzar un metro por los caminos estrechamente vigilados sin el consentimiento y el apoyo de los altos mandos civiles y castrenses– asesinó a 45 integrantes de la organización civil Las Abejas, que no comulgaba con los zapatistas pero tampoco con la estrategia contrainsurgente que se abatía, por órdenes y designio de Los Pinos, sobre las poblaciones indígenas de Los Altos.

Abrumado por las numerosas reacciones de horror y repudio nacionales e internacionales, el régimen zedillista diseñó una política precisa de control de daños: fue entregando a la justicia a los asesinos materiales y días después se inventó, por boca del entonces procurador general de la República, Roberto Madrazo Cuéllar, la tesis de que los homicidios habían sido consecuencia de conflictos que pueden caracterizarse válidamente como intercomunitarios, e incluso familiares. No había, pues, más culpables que los infelices de filiación priísta que perpetraron la masacre y que fueron consignados de acuerdo con los usos y costumbres de la PGR –es decir, en forma desaseada e inescrupulosa– y juzgados por consigna, como lo hacía, y lo sigue haciendo, el Poder Judicial en este país.

La maniobra y las irregularidades de las imputaciones fueron señaladas desde un primer momento. Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente nacional del PRD, dijo el 26 de diciembre que la investigación de la PGR era una maniobra de Emilio Chuayffet que demostraba que las autoridades federales y estatales estaban detrás del baño de sangre y que ponía en evidencia el país de impunidades. Nueve años más tarde, los académicos e intelectuales orgánicos del paramilitarismo descubrieron, oh, que Madrazo Cuéllar no había hecho bien su trabajo. Y en vez de demandar castigo para los culpables intelectuales, exigieron la exoneración de los materiales.

A ese clavo ardiente se aferraron cuatro de los cinco magistrados de la primera sala de la tremenda corte, para excarcelar a 20 y amparar a 26 de los asesinos, incluso a contrapelo de jurisprudencias del propio organismo, como lo señaló Bárbara Zamora.

Con ese criterio, el máximo tribunal tendría que vaciar todas las cárceles de México: prácticamente no hay homicida, secuestrador, narcotraficante o ladrón sentenciado al que no se le hayan violentado uno o más de sus derechos básicos en el proceso de captura, imputación y juicio. Con su fallo del 12 de agosto, los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero, remplazaron una justicia muy imperfecta por una injusticia perfecta: a partir de ese día, la masacre de Acteal carece de responsables legales.

Tal vez sea una coincidencia (porque alguna autonomía conservarán los monitos togados) que este gran tributo a las políticas criminales del que sabía cómo hacerlo se presente durante el gobierno de éste que, en varios aspectos, parece una copia corregida pero disminuida (por su problema de ilegitimidad) de Ernesto Zedillo: qué poder de evocación guardan la personalidad gris, la torpeza administrativa, la pasión por las trasnacionales y, sobre todo, el extravío que pretende resolver mediante el terror militar problemas de matriz social, económica y política.

Qué bien: en lugar de identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron las irregularidades contra los sentenciados, este sistema judicial regala impunidad a unos y a otros. Y por supuesto, ni siquiera se hace preguntas en torno a las responsabilidades de Zedillo –quien aplicó el esquema contrainsurgente y paramilitar que hizo posible el crimen–, de Emilio Chuayffet –aquel secretario de Gobernación que se refugiaba en el anís para eludir sus compromisos–, de Julio César Ruiz Ferro –el gobernador chiapaneco que andaba por San Francisco el día de la masacre– y del propio Madrazo Cuéllar, quien escribió el primer borrador de aquellos conflictos intercomunitarios desarrollado años después por algunos intelectuales en una prosa elegante que ahora cae como un chorro de orina políticamente correcta sobre las tumbas de los asesinados.

jueves, 13 de agosto de 2009

CASO ACTEAL: Los Ministros de la Corte (que, por cierto, ganan 35 mil US dls al mes), liberan a los asesinos. Este es el México Real...

nota tomada de LA JORNADA www.jornada.unam.mx

Víctimas y juzgadores
El llanto se desató entre las mujeres pertenecientes a la organización chiapaneca Las Abejas tras conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorga amparo a 26 indígenas sentenciados por la matanza de 45 tzotziles en Acteal. A la derecha, José Ramón Cossío, uno de los cuatro ministros que ordenaron la liberación de implicados Fotos Cristina Rodríguez y Marco Peláez


Ordena la Corte liberar a 20 presos por el caso
El fallo no implica que sean inocentes, justifican ministros





Arguyen que PGR y otras autoridades violaron derechos
Otros 30 implicados esperan el beneficio del amparo