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10 de junio de 1971: 40 años sin justicia
Jesús Martín del Campo*
Durante los primeros meses de 1971 se gestó, en las instituciones educativas del Distrito Federal, un movimiento estudiantil en solidaridad con los universitarios de Nuevo León, entidad donde el gobierno federal maniobró para imponerles una ley orgánica que significaba un retroceso para la vida universitaria. El gobierno destituyó a un rector para imponerles a un militar, al coronel Treviño Garza, lo que favoreció que la inconformidad creciera y se desbordará el marco local.
Es entonces que se pronuncian en solidaridad con aquel movimiento los Comités de Lucha de la mayor parte de escuelas del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y surge la propuesta de hacer una gran manifestación en la Ciudad de México.
Ese mismo año regresaban de un exilio aberrante e ilegal, impuesto por el gobierno de entonces, los últimos dirigentes estudiantiles que habían estado presos desde 1968. Además, no habían pasado ni tres años de la masacre del 2 de octubre de 1968, crimen de Estado reprobado nacional e internacionalmente, por lo que volver a ganar la calle con una manifestación pacífica era una idea y una necesidad para el estudiantado. Nadie pensaba o creía que el gobierno encabezado por Luis Echeverría respondería como lo hizo a la movilización del 10 de junio.
Esa tarde, se reunieron más de 10 mil personas para participar en la manifestación que inició en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, en el Casco de Santo Tomás, y se dirigía a la Avenida de los Maestros, en donde en dos ocasiones fue interceptada por granaderos quienes, finalmente, dejaron libre el paso a un costado de la Escuela Normal. La marcha continuó hacia la calzada México-Tacuba (prolongación de San Cosme), en donde se encontraban parapetados centenares, quizás más de mil halcones dispuestos a reprimir y a detener de cualquier forma a los estudiantes.
Por eso, la manifestación fue cercada, centenares de estudiantes fueron baleados, decenas de ellos muertos por las balas disparadas por los halcones, grupo paramilitar patrocinado y cobijado por el gobierno de Echeverría. Los periodistas, nacionales y extranjeros, que cubrían la marcha también fueron agredidos; a muchos de ellos, además de golpearlos, les quitaron sus cámaras y sus rollos fotográficos para que no quedara huella de la masacre. Sin embargo, algunos reporteros gráficos, corriendo muchos riesgos, evadieron a los policías y paramilitares, salvando las imágenes (testimonios fotográficos inobjetables) de las acciones criminales que el gobierno de Echeverría ordenó aquella tarde.
Entre los fotógrafos están Armando Salgado, Héctor García, Roberto Sánchez, Rodrigo Mora, Enrique Bordes Mangel y Antonio Reyes Zurita quienes, poniendo en riesgo su vida, captaron para la memoria e historia colectiva parte importante de las imágenes testimonios de aquellos trágicos y lamentables sucesos.
Mi vivencia
Tanto mi hermano Edmundo como yo decidimos participar en la manifestación. Él llegó temprano y se incorporó al grupo de los estudiantes de la Escuela de Economía del Politécnico, contingente que encabezaba la marcha. Yo llegué por la Avenida San Cosme y apenas había pasado Melchor Ocampo (hoy Circuito Interior) cuando me percaté de la presencia de grupos de gente extraña; se trataba de muchos jóvenes que no eran estudiantes.
Caminé una cuadra más y llegué a la esquina de Lauro Aguirre; ahí, comenzaron a obstruirnos el paso a quienes queríamos encontrarnos con la marcha que suponíamos ya había avanzado unas cuadras del punto de partida.
Escuché, entonces, gritos confusos, algo parecido a "Che Guevara" pero de manera distinta a nuestras consignas y, de pronto, los ataques de los grupos de choque contra los que sí éramos estudiantes. De manera organizada, como pelotones o comandos, nos agredían a golpes y patadas, algunos llevaban varas de bambú y otros armas.
Comenzaron los primeros disparos. Con un amigo corrimos hacia la puerta de un edificio donde un señor nos dio alojo. Por lo visto, el señor pintaba bodegones y paisajes para su venta, su oficio era pintor de cuadros. Nos dijo que no nos convenía salir porque la balacera se había incrementado en intensidad, a juzgar por los ruidos que llegaban de la calle. Isidoro, el amigo con el que entré en ese departamento dijo que podría tratarse de tanquetas o de bazucas con lo que estaban disparando.
Mi angustia crecía, no sé si habían pasado treinta o cuarenta minutos o más, pero ya no aguanté estar encerrado y me salí. Me dirigí al costado de la Normal. La confusión y el caos reinaba no sabía hacia dónde ir. Me topaba con compañeros que decían que había ya muchos muertos, otros querían contraatacar a los policías y a los halcones (en ese momento no sabíamos que así se llamaban) y algunos más querían salir del cerco y buscar información. Pude ver a un joven muerto en las puertas de la Normal.
Me fui hacia el Hospital Rubén Leñero y los médicos me dijeron que había muchos heridos y que los grupos de choque se habían llevado a algunos de ellos. Como para entonces tenía la corazonada de que a mi hermano le podría haber sucedido algo, le pregunté a un médico si entre los heridos alguien tenia las señas de mi hermano y me dijo que no.
Después, fui enterado por unos amigos que estuvieron con él, que mi hermano Edmundo que entonces tenía veinte años, había caído en la esquina de Tláloc y de San Cosme, que había recibido un tiro de bala expansiva en el tórax, misma que le produjo la muerte. Ninguna ayuda pudo llegar, imposible bajo la metralla. Lo mismo que sucedió con Edmundo pasó con decenas de otros jóvenes, quizá mas de cien.
Al otro día, el gobierno de Luis Echeverría, con todo cinismo, difundió la versión de que lo sucedido en San Cosme fue un enfrentamiento entre jóvenes de distintas corrientes ideológicas y no hubo muertos.
Días después en una parodia de investigación, la Procuraduría General de la República destacó el hecho que se habían producido daños en un negocio donde vendían pollos rostizados y que el dueño exigía la reparación del daño por cristales rotos. Más adelante, con grotesco cinismo, el procurador Julio Sánchez Vargas dijo que la investigación del 10 de junio había concluido ya que el dueño de la pollería retiraba las acusaciones por los daños.
La investigación
Durante muchos años los sucesivos gobiernos priistas no llevaron a cabo ninguna investigación de la masacre del 10 de junio, como tampoco lo habían hecho del 2 de octubre. Querían que ambos acontecimientos cayeran en el olvido.
La difusión de las masacres del 2 de octubre y del 10 de junio, se llevó a cabo por activistas estudiantiles e intelectuales en todo el país y a nivel internacional. Puede decirse que no hubo escuela o sindicato donde no se exhibieran los materiales fotográficos y fílmicos de los lamentables sucesos. Las reuniones o las asambleas siempre terminaban condenando el autoritarismo de un régimen criminal y se exigía la investigación de los hechos y el castigo a los responsables. La autoridad siempre se negó a realizar investigaciones, y quiso encubrir la verdad con el velo del tiempo y del olvido.
Recuerdo que los movimientos estudiantiles exigían el cese de la represión y la libertad de los presos políticos y, paradójicamente, el gobierno federal con todo su aparato nos contestó con más represión, con muerte y con más presos políticos.
Pero su estrategia falló, porque el 30 de septiembre de 1998, el Comité del 68 presentó una denuncia exigiendo una investigación de los hechos del 2 de octubre. La Procuraduría General de la República archivó el caso alegando prescripción.
En 1999, el propio Comité promueve un amparo contra la decisión del fiscal federal. Por fin, un juez determina que debe investigarse antes que decretar los delitos prescritos. En ese contexto, el gobierno federal encabezado por Vicente Fox decidió crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
El 10 de junio de 2002, ante la Fiscalía Especial fue presentada la primera denuncia de hechos de la masacre del 10 de junio de 1971. Fue la de Jesús Martín del Campo. Más adelante, hicieron lo mismo Raúl Álvarez Garín, Pablo Gómez y Oscar Luis Argüelles, entre otros compañeros víctimas y ofendidos.
En todas las denuncias, dicha masacre es considerada como un crimen de Estado, ya que son responsables de la misma los más altos funcionarios del gobierno de aquel entonces.
En efecto, de acuerdo a las pruebas existentes y a la jerarquía de sus funciones los principales responsables son:
1. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República.
2. Alfonso Martínez Domínguez, Jefe del Departamento del Distrito Federal.
3. Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República.
4. Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación.
5. Fernando Gutiérrez Barrios, Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.
6. Capitán Luis de la Barreda, Director Federal de Seguridad.
7. General Hermenegildo Cuenca Díaz, Secretario de la Defensa Nacional.
8. Rogelio Flores Curiel, Jefe de la Policía del Distrito Federal.
9. Coronel Manuel Díaz Escobar, Subdirector de Servicios Generales del D. D. F.
10. Miguel Nazar Haro, Subdirector Federal de Seguridad.
11. Los más de mil integrantes del grupo Halcones.
La Suprema Corte cómplice y encubridora de Luis Echeverría
En julio de 2004, la Fiscalía Especial solicitó a un juez que obsequiara orden de aprehensión en contra de LEA, por considerarlo responsable de la masacre del 10 de junio de 1971. El juez, sin leer el voluminoso expediente, la negó alegando prescripción.
La Fiscalía se inconformó y presentó un pliego de agravios ante la Suprema Corte, la cual atrajo el caso por su importancia y trascendencia. En dos sesiones públicas de la Sala a la que se turnó el asunto, la mayoría de los ministros rechazaron las propuestas de los ponentes y el caso fue turnado a un tercero. Lo que revela lo complejo y difícil del tema, pero también manifiesta la mentalidad arcaica dominante en el medio judicial. La Suprema Corte de la Nación se convirtió en cómplice y encubridora de Luis Echeverría Álvarez, al dar un fallo no favorable a la justicia por la que tanto hemos peleado desde hace treinta y cuatro años.
La Corte no superó el reto de romper con las ataduras que le han impuesto los personeros del poder político al seguir bajo su influencia. Ojalá los ministros hubieran elaborado sus conclusiones haciendo un análisis exhaustivo e integral del asunto, pensando en que todos los ciudadanos sabemos que México es todavía territorio de impunidad en relación a los crímenes de Estado cometidos en 1968 y 1971.
Por otra parte, es muy criticable que el gobierno federal haya creado una fiscalía para ir a fondo y al mismo tiempo obstaculice su trabajo. También es criticable que haya negociado con dirigentes priistas el perdón a Echeverría a cambio de componendas políticas.
Quiero decir que aún resuena en mi mente el eco de las balas disparadas aquel 10 de junio contra los estudiantes; que permanecen en mi recuerdo las imágenes de los cuerpos yacentes de quienes cayeron asesinados entonces.
La memoria y nuestro espíritu de lucha por la justicia no prescriben. Si se cierra una puerta abriremos otra hasta lograr justicia y castigo a los culpables y seguiremos gritando: ��10 de junio no se olvida!!
* Fundador del Partido de la Revolución Democrática. Denunciante de la masacre del 10 de junio ante la Procuraduría General de la República.
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Durante los años 70 y 80, México acogió en su tierra a miles de personas que huían de las dictaduras del Cono Sur, donde las detenciones, torturas y desapariciones formaban parte del terror diario de quienes allí vivían.
Durante los años 70 y 80, México practicó en su tierra la detención, tortura y desaparición de miles de personas cuyas convicciones políticas, o las de familiares cercanos, les alejaban de las prácticas políticas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, entonces en el poder.
Puede que el 2 de octubre de 1968 sea una de las fechas más conocidas en la historia de México. Días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, la matanza de la plaza de Tlatelolco, donde cientos de jóvenes estudiantes fueron masacrados por el Ejército mexicano. El Presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad por los hechos, dejando así libre de culpa a su Secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quién le sustituiría en la Presidencia, en las siguientes elecciones, celebradas dos años después, en 1970. Díaz Ordaz falleció en 1979, después de haber tenido el honor de ser el primero embajador de México en España, en abril de 1977, al reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la muerte de Franco.
El 10 de junio de 1971
El 10 de junio de 1971, era jueves de Corpus. Ese día, se celebraba en la Ciudad de México una manifestación estudiantil, la más grande desde aquel 2 de octubre de 1968. Convocada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) la marcha saldría a las cinco de la tarde del Casco de Santo Tomás, en el IPN e iría encabezada por varios de los dirigentes del movimiento estudiantil del 68 que habían sobrevivido a la matanza y a las detenciones que se practicaron después. Entre sus reivindicaciones estaba la democratización de la enseñanza y la libertad de los presos políticos. En el itinerario que seguían los aproximadamente 10.000 manifestantes, la gente sentía temor: el 68 estaba demasiado cerca.
En una de las calles por las que pasaban, un grupo de granaderos les salió al paso y les advirtió por medio de un megáfono que debían disolver la manifestación porque no estaba autorizada. No se detuvieron. Más adelante, se les interpuso un grupo de policías antimotines que llevaban chalecos antibalas y escudos. Los estudiantes se pararon y comenzaron a cantar el Himno Nacional. Los policías se dispersaron.
Un poco más adelante, los estudiantes se encontraron con un grupo de personas, en su mayoría jóvenes que bajando de varios camiones grises y de camionetas, llevaban palos, pistolas y hasta rifles automáticos. Ante la sorpresa de los manifestantes, se lanzan contra ellos y les empezaron a golpear y a disparar al tiempo que lo hacían también francotiradores desde edificios cercanos. Eran "Los Halcones". El saldo extraoficial de aquel episodio, fue de 45 muertos y centenares de heridos. La policía no apareció por el lugar.
Hace ya 33 años, desde el gobierno del Distrito Federal, hubo el compromiso de investigar los hechos. No hubo resultados y nadie fue entregado a la justicia. Tan sólo, Luis Echeverría destituyó de su cargo al regente de la Ciudad de México y cerró así ese capítulo de la represión a los estudiantes. O eso creyó él.
A partir del año 2002, se hicieron públicos y accesibles cientos de legajos de documentos oficiales que están depositados en el Archivo General de la Nación, situado en el antiguo penal de Lecumberri, justo donde estuvieron encarcelados los líderes del movimiento estudiantil del 68.
Este hecho permitió que este caso, al igual que otros relacionados con las desapariciones forzadas, pudieran reabrirse y que el Ministerio Público contara con pruebas que involucran a altos funcionarios del gobierno de México y a ex-militares en la matanza del 10 de junio de 1971.
Estos documentos han permitido conocer que "Los Halcones" fue un grupo paramilitar organizado, entrenado y dirigido por el entonces coronel Manuel Díaz Escobar y que inició sus acciones represivas en 1961 en San Luis Potosí. Apoyado y protegido por el general Alfonso Corona del Rosal, quién era regente del Distrito Federal en 1968, se integró el grupo paramilitar con el argumento de que era necesario proteger ciertas instalaciones estratégicas, como el Metro, durante la celebración de los Juegos Olímpicos. "Los Halcones" participaron también, como francotiradores, el 2 de octubre de 1968, junto con el "Batallón Olimpia".
Manuel Díaz Escobar fue ascendido a general durante el gobierno de Luis Echeverría, y según documentación en poder de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sólo obedecía las ordenes de éste, y fue la protección oficial recibida la que permitió tener ocultos a los miembros del grupo paramilitar entre los miles de empleados del Distrito Federal, como personal de limpieza o jardineros. Entre 1968 y 1971 llegaron a ser casi 1.000 y se dedicaron a reprimir opositores, líderes sindicales y movimientos sociales. A primeros de 1971, 40 hombres, los más capacitados, acudieron, con becas, a cursos de adiestramiento en Estados Unidos, Inglaterra y Japón.
Hoy, las investigaciones de la Fiscalía Especial han demostrado que, por instrucciones gubernamentales, durante el jueves de Corpus a "Los Halcones" se les dotó de un equipo de radiocomunicación y se les abrió una frecuencia que era utilizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También está documentado que la Secretaría de Gobernación recibió noticias, minuto a minuto, de lo que ocurría, tanto en la manifestación, como en los distintos hospitales a donde llevaron a los heridos y hasta donde llegaron algunos halcones a rescatar a compañeros lesionados y también a asesinar a manifestantes heridos. Después del 11 de junio, Díaz Escobar entregó 5.000 pesos a cada uno de los integrantes del grupo en concepto de liquidación, y desintegró el grupo.
El jueves 22 de julio de 2004, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), solicitó ordenes detención contra el ex-presidente Luis Echeverría, el ex-secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, los generales Manuel Díaz Escobar, creador y jefe de los halcones, y Raúl Mendiolea Cerecedo, quien fue subjefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal, entre otros. El delito: homicio calificado y lesiones y contra Echeverría y Moya Palencia, la acusación de genocidio, sustentada en el hecho de que ambos participaron en la elaboración y desarrollo de una política gubernamental encaminada a eliminar a militantes de izquierda y grupos estudiantiles opositores al régimen.
Según informa el periódico "La Jornada", fuentes oficiales y otras cercanas a los involucrados en la acusación, revelaron la existencia de "conversaciones extraoficiales", e indicaron que a la petición de no permitir que se llevara ante tribunales a "importantes políticos con peso en la vida nacional", se respondía que "el fiscal [ de la Fiscalía especial] se les había salido de control". Al parecer, el pasado viernes por la noche, se había fortalecido la posibilidad de que la Fiscalía Especial no tuviera una respuesta positiva por parte de la autoridad judicial, pero no había ninguna promesa firme de ello.
También se sabe que han existido reuniones en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, ante la posibilidad de que en las acciones derivadas del expediente, se incluyera a militares en retiro. Según las versiones recogidas por "La Jornada", los jefes militares acordaron una posición común ante los distintos escenarios posibles, aunque por encima de todo, estaría el respaldo a la institución presidencial.
La decisión del juez
Ahora, el juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, ha dictaminado que en los hechos del 10 de junio de 1971 no existió genocidio, sino tan sólo "homicidios calificados, lesiones, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad".
Pero ocurre que, mientras el genocidio no ha prescrito, si lo han hecho el resto de las acusaciones, por lo cual, negó las órdenes de detención solicitadas.
Según fuentes judiciales, el juez y sus secretarios de acuerdos no analizaron todo el expediente presentado, 9.382 folios, sino que se limitaron a valorar si el expediente incluía querellas o denuncias penales bien planteadas, si los hechos demostrados correspondían a dichos delitos y si estos estaban vigentes. En ningún momento se estudió la culpabilidad de los presuntos responsables, es decir, no se entró al fondo del caso y tan sólo fue una revisión general del expediente. Respecto al delito de genocidio, no analizó si tiene o no prescripción, sino que revisó que los hechos del 10 de julio fueran constitutivos de dicho tipo de delito, llegando a la conclusión de que no era así, pues la Fiscalía Especial no logró acreditar que esos hechos "tuvieran como propósito destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso".
Determinó, entonces, que los delitos existentes eran abuso de autoridad, homicidio, lesiones y obstrucción de la justicia. Pero esos, ya habían prescrito.
Por tanto, negó las órdenes de detención solicitadas por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría, el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, y por otros delitos contra los generales Manuel Díaz Escobar y Raúl Mendiolea Cerecedo, y varios entrenadores y miembros del grupo paramilitar conocido como "Los Halcones".
Ahora, la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), además de presentar un recurso de apelación contra esta sentencia, solicitará que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva si en la matanza del 10 de junio de 1971 se cometió el delito de genocidio y si los ilícitos de homicidio calificado, obstrucción de la justicia, lesiones y abuso de autoridad que se cometieron por esos hechos ya prescribieron o no.
Mientras, el ex-presidente Luis Echeverría sigue libre. Nervioso, pero libre.
¡MUERA EL MAL GOBIERNO!
