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• Prepara Calderón su huida del país
• Las cuentas pendientes del gobierno
• Impune contrabando textil de China
• Las cuentas pendientes del gobierno
• Impune contrabando textil de China
Sólo falta un mes para que Felipe Calderón y su equipo se vayan del
gobierno y, seguramente, del país. Se mencionan como posibles destinos
Estados Unidos y España, esta última nación beneficiada hace unos días
con contratos petroleros directos (sin licitación internacional de por
medio, como lo exigen las leyes en la materia) de parte de Petróleos
Mexicanos (Pemex) por miles de millones de pesos.La huida del actual
presidente panista y algunos de sus secretarios de Estado buscaría
evitar represalias o reclamos por parte de millones de mexicanos
afectados por su mal gobierno. Fue el mismo Calderón quien mencionó a la
Universidad de Texas, en donde pretende un refugio académico y una
nueva vida.
Sin embargo, hasta ese estado texano llegaron las protestas: decenas
de estudiantes y maestros se pronunciaron en contra de que el mandatario
mexicano pretenda arribar a esa institución para impartir cátedra, sin
tener los méritos académicos e intelectuales para ello; además del
rechazo natural que les produce una persona que fue causante de miles de
muertos y desaparecidos por su pésima administración.
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Mientras Calderón prepara la huida, en México deja muchos pendientes
al nuevo gobierno priísta que encabezará Enrique Peña Nieto. Uno de
tantos casos se archiva en un voluminoso expediente abierto en la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de
la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo del maestro
Irving Barrios Mójica.
Se trata de la averiguación previa UEIDFF/FISM08/185/2011, que
involucra actos de presunta corrupción, contrabando y defraudación
fiscal que durante casi 15 años habrían realizado grupos empresariales
integrantes de la comunidad judía que adquirían supuestamente telas de
China y Corea, y cuyos cargamentos llegaban primero a territorio
estadunidense y después ingresaban a México, amparados en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, sin pagar los impuestos
correspondientes.
Este importante caso, que le ha significado al fisco mexicano dejar
de cobrar impuestos por miles de millones de pesos en más de una década,
fue descubierto por el Inmigration and Customs Enforcement (servicio de
inmigración y control de aduanas estadunidense) e investigado
directamente por el Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas. Los
agentes especiales de dicha institución armaron un expediente completo,
con pruebas y declaraciones suficientes, que entregaron a México por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de
la República y la Administración General de Aduanas.
A pesar de ello, la PGR no ha concluido la averiguación previa y
tampoco la ha consignado ante un juez federal que permita llevar ante la
justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude,
evasión fiscal, contrabando y lo que resulte.
Abogados de los empresarios involucrados aseguran que el caso está
cerrado y que la PGR ya archivo la averiguación previa porque no había
elementos para responsabilizarlos. Según los litigantes se trata de
“empresarios textileros que actuaron de buena fe”, razón por la cual no
se les puede acusar de delito alguno y mucho menos consignar el
expediente ante un juez federal.
Sin embargo, en la Subprocuraduría que atienden el caso opinan
distinto y aseguran que éste no ha sido cerrado como refieren los
empresarios señalados. “Sólo esperamos que las autoridades de Estados
Unidos cierren la instrucción para que acá, en México, se continúe con
la averiguación previa y se cite a declarar a los presuntos responsables
por el delito de contrabando por subvaluación de mercancías”.
El subprocurador responsable de la investigación en la PGR explicó
que “el caso involucra a miembros de la comunidad judía y se inscribe en
una modalidad que nosotros conocemos como contrabando por subvaluación.
Sí es una investigación que llevamos aquí en la Subprocuraduría desde
hace siete u ocho meses, y estamos colaborando con las autoridades de
Estados Unidos, y con Aduanas”.
—¿Algunos involucrados dicen que es un caso que ya se cerró?
—No. Es una investigación que está viva. No se ha cerrado, al menos
aquí en la PGR. En Estados Unidos no lo sé. Nosotros estamos armando el
expediente a partir de información que nos proporcionan la Secretaría de
Hacienda y las autoridades de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no
nos entrega toda la información con la que cuenta y no puedo saber
exactamente en qué momento está su investigación. En este caso hay un
colaborador allá, que es el que ayuda en todo lo de los pedimentos. Lo
que sabemos es que cuando llegan a hacerle una auditoría le detectan
información de las etapas legales y las ilegales, y que eso sí lo tienen
muy bien documentado. Pero ellos, por política, no nos comparten esa
información hasta que proceden en contra de los responsables; es
entonces cuando nos mandan los datos. Y esto lo hacen así para evitar
que desde México algunos abogados ya cuenten con información para usar
en los juicios allá.
—¿Cuánto dinero se involucró en este caso de contrabando?
—Nosotros no lo hemos podido cuantificar y, hasta donde sé, tampoco
las autoridades de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que es
considerable, porque además estas operaciones las estuvieron haciendo
durante mucho tiempo.
—¿Ustedes llamarán a declarar a los responsables en México?
—No. Hasta que se integra todo el expediente y se tiene claro de
quiénes son responsables, es cuando se pueden generar las medidas
cautelares de arraigo. Pero en este caso hay que ver quién es el
responsable, porque el tema se dio en Estados Unidos. Entonces cuando
allá se procese al responsable de estas operaciones, acá vamos a ver si
podemos interrogarlo. Porque los empresarios judíos no son los que
directamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos.
—Le queda un mese a este gobierno. ¿Es tiempo suficiente para terminar la investigación?
—No. Es muy poco tiempo para terminar de integrar el expediente y
empezar el proceso. Entonces, en el acta de entrega-recepción lo que se
hace es destacar los casos más relevantes, a los que se considera
necesario dar seguimiento.
El abuso del poder
Otro caso que por sus implicaciones debería ser investigado por el
Congreso, es el relacionado con los contratos de financiamiento que hizo
hasta por 380 millones de dólares la filial de Petróleos Mexicanos
(Pemex), PMI Comercio Internacional, para la construcción de dos
buques-hotel (floteles) en los astilleros españoles de Galicia.
El motivo es que los dos contratos firmados por el representante de
PMI en España con los astilleros de la paraestatal Navantía y la privada
Hijos de J Barreras, se realizó en la clandestinidad, sin licitación
internacional como lo exigen las leyes mexicanas cuando se involucra
dinero público, como es el caso, pues todo el capital que maneja la
filial de Pemex es parte del presupuesto público.
Esta asignación directa de los contratos debería ser auditada e
investigada por el próximo gobierno priista, sin embargo, hace unas
semanas el presidente electo Enrique Peña Nieto declaró que su
administración respalda los contratos firmados por el gobierno de Felipe
Calderón, lo que le da impunidad a esta operación ilegal. Por eso el
órgano de vigilancia y control del Congreso, la Auditoría Superior de la
Federación, tendrá que ser la responsable de poner orden en este tipo
de contrataciones directas que afectan las finanzas públicas, pues
motivan la corrupción de funcionarios gubernamentales.
Esta operación ilegal se hace en la agonía del gobierno de Felipe
Calderón, quien cumple así con los astilleros de Galicia una promesa
hecha en España hace cinco años por su amigo y excolaborador Juan Camilo
Mouriño, nacido en España el 1 de agosto de 1971 y muerto en México el 4
de noviembre de 2008, en un “accidente” aéreo.
Un año antes de su fallecimiento, en julio de 2007, el entonces jefe
de la Oficina de la Presidencia de la República se comprometió ante
empresarios gallegos a beneficiarlos con el otorgamiento de contratos
del sector público, en específico de Pemex, para la construcción de
buques.
Cinco años después y a un mes de concluir su administración, Calderón
ordenó al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, concretar
la firma de dos contratos con los astilleros de Galicia para la
construcción de un par de buques-hotel.
El objetivo de esta compra: hospedar a trabajadores de plataformas
petroleras marítimas, uno con la empresa privada más importante de
España en ese sector, Hijos de J Barreras, SA, con sede en la ciudad de
Vigo, y otro con la naviera estatal Navantía Ferrol, ubicada en Santiago
de Compostela.
Por el monto involucrado en la operación, 290 millones de euros (380
millones de dólares) por los dos buques, Pemex debió convocar a
licitación pública internacional ambos contratos, como lo establecen las
leyes mexicanas; sin embargo, para cumplir la orden que salió de la
Presidencia de la República de beneficiar a los astilleros españoles,
dichos contratos se asignaron directamente como lo prometió Mouriño.
Para evadir la ley que obliga a todos los servidores públicos a
licitar la asignación de contratos, entre Los Pinos y Pemex fraguaron un
montaje para que fuera su brazo comercial, PMI Comercio Internacional,
el que los firmara. Así, la paraestatal quedaría exenta de
responsabilidad.
La referencia de aquella promesa de Juan Camilo con sus paisanos
quedó publicada el 18 de julio de 2007 en el diario La Voz de Galicia,
en donde se informa que “durante una fugaz estancia en esa provincia
española, Juan Camilo Mouriño, de origen gallego, ofreció a los dueños
de varios astilleros un pedido masivo de buques pesqueros, petroleros y
de todo tipo de embarcaciones, para renovar la flota marítima a cargo
del gobierno federal”.
La monumental compra que una operación de esa naturaleza implicaba
–declaró a la prensa española el entonces jefe de la Oficina de la
Presidencia de México– se realizaría a cambio de transferencia de
tecnología y de la inversión extranjera directa que, un año antes de la
crisis global, simplemente se daban el lujo de escoger minuciosamente a
sus clientes.
Es esa aportación tecnológica de los astilleros de Galicia la que
ahora se plantearía con la promesa de adquirir otros 14 buquetanques
para Pemex, siete construidos en los astilleros gallegos y los otros
siete se armarían en astilleros mexicanos con tecnología de Galicia.
En 2007, el trabajo y los contratos en los astilleros gallegos
sobraba y los precios de los buques se encontraban en una espiral
alcista, que alcanzó su nivel máximo histórico en el primer semestre de
2008, cuando China infló el mercado marítimo mundial al comprar barcos
para apuntalar su (hasta entonces) imparable crecimiento económico
superior a dos dígitos.
Tras la debacle financiera desatada en Estados Unidos con la quiebra
de Lehman Brothers, en 2009, los precios de los buques se desplomaron
ante la escasa demanda de empresas petroleras. La desaceleración
económica y la resaca crediticia habían llegado y con ello se hizo
presente el riesgo sistémico que ronda desde entonces a economías
frágiles como la española, la portuguesa, la griega y la irlandesa.
Fue entonces que comenzó la crisis para los astilleros españoles que,
profundamente endeudados y sin órdenes de trabajo, tuvieron que
demandar ante los tribunales el concurso mercantil de sus pasivos. Ello
para garantizar su sobrevivencia y con ella la paz social, al poner en
riesgo los sueldos de miles de trabajadores de la industria del metal,
según los alegatos presentados ante los juzgados de España
especializados en procesos de cesación de pagos.
Ahora, esa crisis española podría ser historia con la ayuda del dinero público de México.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
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