Considera ONU como "flagrante y obsceno" el asesinato de jóvenes en Colombia
Se llaman "falsos positivos" a los homicidios de jóvenes de barrios marginales cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, que los reclutó y luego asesinó para hacerlos aparecer como guerrilleros caídos en combate.
Notimex
Publicado: 18/06/2009 20:52
Bogotá. El relator de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, calificó hoy de "flagrante y obsceno" el asesinato de jóvenes colombianos a manos de militares, que los hicieron aparecer como rebeldes muertos en combate.
"La preocupación más prepónderante es la incidencia de los llamados ‘falsos positivos’", y los ejemplos de estas prácticas que más publicidad han recibido son los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008, dijo Alston al concluir una visita de 10 días a Colombia.
En el país sudamericano se denominan "falsos positivos" a los homicidios de jóvenes de barrios marginales cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, que los reclutó y luego asesinó para hacerlos aparecer como guerrilleros caídos en combate.
"El fenómeno es muy conocido. Un reclutador engaña a la víctima con falsas pretensiones y las lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo", explicó Alston al presentar un informe preliminar sobre las ejecuciones extrajudiciales.
Agregó que "luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que (la víctima) sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano".
"Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla", aseveró. Para el relator de la ONU, la expresión "falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio".
En el caso de una veintena de jóvenes desaparecidos en Soacha, al sur de Bogotá, que luego aparecieron como muertos en combate, se dio la percepción de que "se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo", apuntó.
"Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg", advirtió Alston, cuyo informe será entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Sostuvo que entrevistó a "testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada". "Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello", enfatizó el delegado de las Naciones Unidas y añadió que algunos funcionarios "siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros".
Sin embargo, indicó que las pruebas -incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- muestran "firmemente que ese no es el caso".
Entre los "peligrosos guerrilleros que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de nueve años, un abnegado padre de familia, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia", dijo.
Por la tarde, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, pidió al Congreso rechazar la ley para reparar los daños causados a las familias de quienes han sido víctimas de agentes del Estado sin que exista un fallo judicial previo.
El mandatario consideró que la norma, aprobada la víspera por las comisiones del Senado y la Cámara, "crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado y haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas".
La norma será sometida a aprobación por parte del plenario del Congreso en las próximas horas, por lo que el gobernante solicitó que no se apruebe porque "constituye una grave amenaza a la Seguridad Democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado".
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