Francisco Pérez Esteban, Secretario de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de IU manifestó "la más clara y contundente condena del golpe militar en Honduras y del intento ilegal de destitución y sustitución del presidente Zelaya por cualquier otro político, que no habrá sido elegido por el pueblo y que solo será un farsante y un pelele de los militares".
Protestas ante consulados y embajada
"IU", explicó Francisco Pérez, "hace una apelación a la solidaridad internacional de los españoles con América Latina, y realiza un llamamiento a la sociedad española para que se manifieste mañana a las siete de la tarde ante la embajada y los consulados de Honduras en toda España".
"Es preciso que urgentemente", ha dicho el Secretario de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida, "las fuerzas políticas y sociales se manifiesten contundentemente y movilicen masivamente por el restablecimiento de la legalidad democrática en Honduras, para parar cuanto antes la represión del golpe militar, represión que no podemos conocer apenas porque los medios de comunicación, la electricidad y las lineas telefónicas están cortadas en Honduras".
Incomunicación con Honduras
Izquierda Unida ha intentado comunicarse con amigos y dirigentes de Izquierda de ese país, comunicó Francisco Pérez, "y no es posible porque no hay linea telefónica de ningún tipo, estamos por lo tanto muy preocupados por la posible represión y detención en Honduras de dirigentes sociales y políticos democráticos, pues tal y como la prensa interternacional está informando, tanquetas militares han tomado las calles y se han verificado resistencia, manifestaciones y protestas populares a favor de Zelaya y de la democracia".
En este sentido, añadió Pérez, "Movistar-teléfonica, que tiene concesión de este servicio en Honduras, debería informar en Madrid a la comunidad internacional con trasparencia de lo que sabe respecto a lo que ha pasado, y si la compañía ha sido obligada a suspender las lineas por los militares golpistas debe decirlo con claridad, aunque nos parece evidente".
Respecto al secuestro del presidente y al golpe militar, Pérez expresó que "ya no estamos en la guerra fría, y los militares golpistas tendrán, más pronto que tarde, que enfrentarse a la justicia hondureña o a la internacional en su defecto, y responder no solo por el delito de rebelión militar contra el presidente democrático legalmente elegido por los hondureños, sino por el secuestro y agresión a los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que viola las normas diplomáticas mínimas y el derecho internacional".
Obama, la UE, el ALBA y la OEA
Francisco Pérez informó de que su grupo parlamentario en el Congreso y el Senado, a través de Gaspar Llamazares y Joan Josep Nuet, ha solicitado esta tarde al resto de los grupos un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Exteriores de condena del golpe en Honduras que está ahora mismo negociándose. Así mismo, Pérez informó de que Willy Meyer estaba realizando gestiones para un posicionamiento muy duro del Parlamento Europeo.
"Estamos convencidos además de que la intentona golpista está condenada al fracaso y al aislamiento internacional si Obama y EEUU, la UE y la OEA manifiestan su condena rotunda y no respalden esa insensatez, y en este sentido", añadió Francisco Pérez, "IU solicita y espera en las próximas horas del gobierno español y del norteamericano una condena más enérgica de lo que hemos escuchado hasta ahora y más explícita de repulsa absoluta al golpe".
Así mismo, ajuicio de IU, "Honduras quedará en un aislamiento comercial con Europa y quedará fuera automáticamente de los países centroamericanos que negocian acuerdos comerciales con la UE, actualmente en fase de ronda de negociación, pues la UE no puede violar su claúsula democrática y negociar con dictaduras o pseudodemocracias absolutamente nada".
Respecto al ALBA y la OEA, IU afirmó que "tienen la obligación de restaurar el orden constitucional y democrático en Honduras, y pueden tomar medidas contundentes de presión por los acuerdos que les vinculan, y por citar dos vías, pueden decidir un bloqueo comercial o aeroportuario que podrían aplicarse inmediatmente. En este sentido, el secuestro de los embajadores parece una provocación". La claúsula democrática de la OEA también dejaría fuera de este organismo a Honduras.
El presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D' Escoto condenó de manera clara y categórica, el golpe de Estado militar que se ha llevado a cabo este domingo en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya.
D' Escoto hace un llamado al Ejército hondureño para que desista de inmediato de sus intentos golpistas, y al mismo tiempo instó a todos los gobiernos del mundo a que se pronuncie y condenen el acto.
De igual manera mostró su solidaridad y apoyo al pueblo de Honduras y a su presidente constitucional, Manuel Zelaya.
A continuación teleSUR transmite de forma íntegra el comunicado
Comunicado de Prensa de la Oficina del Presidente de la Asamblea General Naciones Unidas, Nueva York, 28 de Junio 2009
El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel D´Escoto, condena de forma clara y categórica la acción criminal del Ejército golpista de la República de Honduras que ha quebrantado el orden constitucional al estar fraguando un golpe de estado contra el Presidente Manuel Zelaya.
D´Escoto hace un llamado al Ejército hondureño para que desista de inmediato de sus intentos golpistas al mismo tiempo que pide a todos los presidentes de Centroamérica, América Latina, el Caribe y el mundo que de inmediato se pronuncien en contra del intento de golpe y en solidaridad con el Presidente constitucional de Honduras.
D´Escoto hace "un llamado especial al Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, quien hace unos días en la cumbre de Puerto España, en Trinidad y Tobago, anunció una nueva política de su país para con América Latina y muchos se preguntan si acaso este intento de golpe es parte de esa nueva política ya que como bien es sabido el Ejército hondureño tiene un historial de entreguismo total a los Estados Unidos. Por eso es imprescindible que el Presidente Obama -para no dar lugar a estas dudas-de inmediato condene la acción golpista en contra del Presidente Zelaya. En todo caso que quede claramente establecido que ni Estados Unidos ni ningún otro país reconocerá como legítimo a otro jefe de estado".
El Presidente D´Escoto ha convocado de urgencia a su gabinete de crisis en su oficina de las Naciones Unidas en Nueva York para seguir de cerca los acontecimientos y tomar las medidas que estime más oportunas. D´Escoto ha señalado que la única solución a la actual crisis pasa por la restitución inmediata del Presidente Zelaya al cargo y las funciones que la soberanía popular han otorgado a éste a través de las urnas y que ninguna otra alternativa será aceptable por la comunidad internacional.
Miguel D´Escoto expresa asimismo su honda preocupación por la forma en que se está realizando la ruptura de la legalidad vigente con prácticas que deberían formar parte del pasado de la historia de América Latina y no del presente democrático del siglo XXI.
| Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Paloma Valverde y Manuel Talens |
Caracas (Venezuela).- El mensaje de texto que sonó en mi teléfono móvil esta mañana decía así: “Alerta, Zelaya ha sido secuestrado, golpe de Estado en marcha en Honduras. Difúndelo.” Ha sido un duro despertar en un domingo por la mañana, sobre todo para los millones de hondureños que se estaban preparando para ejercer por primera vez su sagrado derecho al voto en un referéndum consultivo sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Supuestamente, la disputa se centra en el referéndum convocado para hoy, que no es vinculante, sino sólo una encuesta de opinión para determinar si una mayoría de hondureños desean, o no, que se inicie un proceso para modificar su Constitución.
Una iniciativa de este tipo nunca había tenido lugar en esta nación centroamericana, cuya constitución es tan limitada que sólo permite una mínima participación del pueblo hondureño en sus procesos políticos. Dicha constitución, redactada en 1982, en el momento álgido de la guerra sucia del gobierno de Reagan en Centroamérica, fue diseñada para instituir que quienes detentaban el poder tanto económico como político pudiesen mantenerlo con las mínimas interferencias del pueblo. Zelaya, elegido en noviembre de 2005 por la plataforma del Partido Liberal de Honduras, había propuesto la encuesta de opinión para determinar si la mayoría de los ciudadanos estaban de acuerdo en que era necesaria una reforma constitucional. Su propuesta fue apoyada por la mayoría de los sindicatos y movimientos sociales del país. De haber tenido lugar, y dependiendo de los resultados, se habría organizado un referéndum durante las próximas elecciones de noviembre para votar sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero la encuesta prevista para hoy no era vinculante de acuerdo con la ley.
De hecho, varios días antes de que tuviera lugar, la Corte Suprema de Honduras la declaró ilegal a petición del Congreso. Es de señalar que ambos, Congreso y Corte Suprema, están controlados por mayorías contrarias a Zelaya y por miembros del ultraconservador Partido Nacional de Honduras (PNH). La ilegalización dio lugar a manifestaciones masivas favorables al presidente Zelaya. El 24 de junio, el presidente destituyó al jefe del alto mando militar, el general Romeo Vásquez, después de que éste se negase a permitir que los militares distribuyesen el material electoral para la consulta de hoy. El general Vásquez mantuvo el material bajo estricto control militar y se negó a distribuirlo, incluso a los seguidores del presidente, con la excusa de que la Corte Suprema había declarado ilegal la consulta prevista y, por lo tanto, no podía obedecer la orden presidencial. Al igual que sucede en Estados Unidos, el presidente de Honduras es el Comandante en Jefe y tiene la última palabra en cualquier acción militar, por lo que ordenó la destitución del general. Ángel Edmundo Orellana, ministro de Defensa, también dimitió como respuesta a esta situación cada vez más tensa.
Pero al día siguiente la Corte Suprema de Honduras restituyó en sus funciones al general Vásquez, tras declarar “inconstitucional” su destitución. Miles de hondureños se echaron a las calles de Tegucigalpa, la capital del país, en apoyo al presidente Zelaya, como muestra de su determinación de asegurar que la consulta no vinculante tuviera lugar. El viernes pasado, el presidente y un grupo de centenares de seguidores, marcharon a la cercana base aérea para recuperar el material electoral previamente secuestrado por los militares. Aquella noche, Zelaya celebró una conferencia de prensa nacional junto a un grupo de políticos de diferentes partidos y movimientos sociales, en la que hizo un llamamiento a la paz y a la unidad en el país.
Ayer sábado se informó que la situación en Honduras era tranquila. Sin embargo, en la madrugada de hoy domingo un grupo de aproximadamente sesenta militares armados asaltaron la residencia presidencial y tomaron como rehén a Zelaya. Tras varias horas de confusión, empezaron a filtrarse informaciones según las cuales el presidente había sido transportado a la cercana base aérea y llevado a la vecina Costa Rica. Hasta el momento no existen imágenes del presidente y se desconoce si su vida está en peligro.
Sobre las 10 de la mañana, hora de Caracas, Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del presidente, denunció en directo en TeleSur que en la madrugada del domingo los soldados irrumpieron en su residencia disparando, golpearon al presidente y lo secuestraron. “Fue un acto cobarde”, dijo la primera dama refiriéndose al secuestro, que tuvo lugar a una hora en la que nadie pudo reaccionar. Castro de Zelaya hizo también un llamamiento para que mantuvieran con vida a su marido e indicó que incluso ella desconoce su paradero. Añadió que sus vidas siguen estando en “grave peligro” y pidió que la comunidad internacional denunciase este golpe de Estado y actuase con rapidez para reinstaurar el orden constitucional del país, lo cual incluye el rescate y regreso del democráticamente elegido Zelaya.
Evo Morales y Hugo Chávez, presidentes de Bolivia y Venuela, han realizado declaraciones públicas la mañana de hoy domingo, en las cuales condenan el golpe de Estado en Honduras y han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que reaccione, se restaure la democracia y el presidente constitucional regrese a su puesto. El miércoles pasado, 24 de junio, tuvo lugar en Venezuela un encuentro extraordinario de los países miembros del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), de la que forma parte Honduras, con el fin de dar la bienvenida a la organización a Ecuador, Antigua, Barbados, San Vicente y las Granadinas. Durante el encuentro, al que asistió Patricia Rodas, ministra de Exteriores de Honduras, se leyó una declaración de apoyo al presidente Zelaya en la que se condenaba cualquier intento socavar su mandato y los procesos democráticos de Honduras.
Informes provenientes de Honduras establecen que el Canal 8 de la televisión pública ha sido tomado por las fuerzas golpistas. Hace pocos minutos TeleSur anunció que los militares hondureños están cortando la electricidad del país. Según ha informado la ministra Rodas en TeleSur: “Las comunicaciones telefónicas y la electricidad están cortadas. Las televisiones emiten dibujos animados y telenovelas y no informan al pueblo de Honduras de lo que está sucediendo.” La situación es muy parecida a la del golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez en Venezuela, cuando los medios jugaron un papel clave, en primer lugar manipulando la información como apoyo al golpe y, con posterioridad, eliminando cualquier información una vez que el pueblo empezó a manifestarse y terminó por derrotar a las fuerzas golpistas rescatando a Chávez, que también fue secuestrado por los militares, y restaurando el orden constitucional.
Honduras es una nación que ha sido víctima el siglo pasado de dictaduras y múltiples intervenciones de Estados Unidos, entre ellas varias invasiones militares. La última intervención importante del gobierno estadounidense en Honduras tuvo lugar durante los años ochenta, cuando el gobierno de Reagan financió escuadrones de la muerte y paramilitares con el fin de eliminar cualquier “amenaza comunista” en Centroamérica. En aquel momento, John Negroponte era el embajador estadounidense ante el gobierno de Honduras y fue el responsable directo de la financiación y entrenamiento de los escuadrones de la muerte hondureños que asesinaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos en la región.
El viernes pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión extraordinaria con el fin de discutir la situación en Honduras. Con posterioridad emitió un comunicado en el que condenó las amenazas a la democracia y autorizó el viaje a Honduras de un grupo de representantes de la OEA. No obstante, el viernes, Philip J. Crowley, secretario de Estado adjunto estadounidense, se negó a definir la posición del gobierno estadounidense con respecto al posible golpe de Estado contra el presidente Zelaya y, en su lugar, emitió una ambigua declaración de la que se desprendía que Washington apoyaba a la oposición al presidente Zelaya. Mientras que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos declararon sin ningún género de duda su más rotunda condena de los planes golpistas de Honduras y su inquebrantable apoyo al presidente constitucionalmente elegido, el portavoz estadounidense afirmó: “Nos preocupa la ruptura del diálogo político entre los políticos hondureños sobre la consulta constitucional del 28 de junio. Instamos a las partes a que busquen una solución democráticamente consensuada al actual callejón sin salida político, que sea conforme a la constitución y a las leyes hondureñas acordes con los principios de la Carta Democrática Interamericana.”
Hoy domingo, a las diez y media de la mañana, Washington todavía no ha emitido ninguna declaración relativa al golpe de Estado en Honduras. La nación centroamericana es muy dependiente de la economía estadounidense, que le asegura una de las principales fuentes de ingresos, las transferencias de dinero que envían los hondureños que trabajan en Estados Unidos bajo el programa de “estatuto temporal protegido”, instaurado durante la guerra sucia de Washington en la década de los ochenta a causa de la enorme inmigración a territorio estadounidense para escapar de la zona de guerra. Otra fuente importante de ingresos de Honduras es USAID, que aporta más de 50 millones de dólares anuales para programas de “promoción de la democracia”, los cuales habitualmente dan apoyo a las ONG y a los partidos políticos favorables a los intereses de Estados Unidos, como ha sido el caso en Venezuela, Bolivia y otras naciones de la región. El Pentágono también mantiene la base militar de Soto Cano en Honduras, con aproximadamente quinientos soldados y numerosos aviones y helicópteros de combate.
Patricia Rodas, ministra de Exteriores, ha dicho que ha intentado repetidamente ponerse en contacto con Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos en Honduras, el cual hasta el momento no ha respondido a ninguna de sus llamadas. El modus operandi del golpe de Estado deja bien claro que Washington está implicado. Ni el ejército hondureño, cuya mayoría ha sido entrenada por las fuerzas estadounidenses, ni las elites políticas y económicas del país derrocarían a un presidente democráticamente elegido sin el apoyo y respaldo de Washington. Las fuerzas conservadoras de Honduras han sometido al presidente Zelaya a ataques cada vez más frecuentes por su creciente relación con los países del ALBA, en particular con Venezuela y el presidente Chávez. Muchos están convencidos de que este golpe pretende asegurar que Honduras no seguirá acercándose a los países más izquierdistas y socialistas de América Latina.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario