María
A., se quedó sin casa hace dos meses y se alimenta en los comedores de
asistencia social que subsisten a los brutales recortes del gobierno. Su
vida ha dado un vuelco, de repente y dejándola, como ella dice, “sin un
soplo de esperanza en el mañana”. Esta española tiene 47 años, es
profesionista y madre soltera de un hijo. El pasado 25 de agosto, cuando
el calor superaba los 35 grados en Madrid, fue lanzada de su vivienda
por una comisión policiaco-judicial que no escuchó ni los alaridos de
rabia y de dolor ni las súplicas desesperadas por “un poco de piedad”.
Con su casa también le arrebataron la custodia de su hijo y así, de
pronto, se encontró sola, recorriendo albergues donde comer una sopa
caliente y buscando un trabajo, el que sea, para intentar recuperar la
vida robada por una crisis que ni siquiera entiende.
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España es un país que hasta hace sólo un lustro era considerado el
“mejor ejemplo” de la economía y el sistema productivo neoliberales, que
tenía, según aseguraban, consecuencias positivas en el bienestar de la
gente. Se habló y se repitió hasta la saciedad, tanto por los organismos
internacionales como por los académicos de turno, que lo sucedido en
este país era “un milagro”, el de las mieles del capitalismo más
salvaje, que había logrado llevar la modernidad y la riqueza a una
nación que hace sólo 40 años vivía en la oscuridad de una dictadura
fascista que levantó un inmenso muro ante cualquier expresión ajena a su
doctrina nacional-católica.
En la época de bonanza –o de “falsa bonanza” –, en la que en palabras
del escritor Juan Goytisolo España se convirtió en un país “de nuevos
ricos petulantes, incultos y soberbios”, la sociedad se metió en una
espiral ciega de créditos. Para comprar su primera, su segunda o su
tercera viviendas se pedía un préstamo y el banco, con el beneplácito de
las autoridades públicas y monetarias, alentaban esta dinámica que a la
postre se comprobó perversa.
De esa orgía de créditos bancarios –en los que las entidades financieras
ni siquiera pedían garantías y sus requisitos eran lo más laxos
posibles– se creó lo que los economistas llaman “la burbuja
inmobiliaria”. Y lo que María A. simplemente llama la “desgracia que me
trajo la crisis y el banco”. Pues en esos años –1995 a 2008– se gestó lo
que otros, los afectados por el sistema y, por tanto, más críticos,
llaman “el gran hurto del siglo”.
María A., y tantos como ella, no entiende ni las teorías ni los grandes
análisis que hacen desde la palestra pública. Pero ella es una de la
infinidad de familias lanzadas por el banco a vivir a la intemperie, a
la marginalidad, posiblemente el resto de su vida, en deuda con un banco
que no tiene piedad ni rostro ni voz, pero al que el sistema judicial
español resuelve la mayoría de las veces –97 por ciento– en su favor. Y
sólo así se explica que cada día se lleven a cabo 530 lanzamientos y que
desde 2007 se hayan realizado 400 mil ejecuciones hipotecarias –paso
previo al desalojo– y más de 170 mil lanzamientos.
Actualmente no hay ningún otro país en el mundo con una cifra tan alta
de actuaciones judiciales de desahucio, además de que el sistema español
tiene la particularidad de que una vez que el banco desalojó a la
familia o al ciudadano de su vivienda y pasa a tomar el control oficial
del inmueble, la deuda no desaparece. No sólo eso, sino que además crece
ostensiblemente por la acumulación de intereses y las sanciones por
incumplimiento.
La
mayoría de los ciudadanos y familias que dejan de pagar la hipoteca y se
ven a su pesar en un ir y venir a los juzgados civiles para resolver el
conflicto con el banco acreedor, son personas a las que la crisis ha
dejado sin empleo. O que el deterioro familiar ha llegado a tal punto
que los pocos ingresos que hay en casa se utilizan para lo básico: comer
y vestir. Y eso lleva a que empiecen los impagos al banco, las
citaciones judiciales, las amenazas y, finalmente, el desalojo de la
casa y la marginalidad. Pero el origen de todo ello es la falta de
empleo, la ausencia total de oportunidades en un país carcomido por la
desesperación y, al mismo tiempo, por el hartazgo ante una clase
política incapaz de resolver los problemas ni suscitar la mínima
ilusión.
De hecho, España ostenta la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea y
de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos, con 25.04 por ciento de la población activa.
Es decir, uno de cuatro españoles en edad de trabajo no labora.
Dramas interminables
Al igual que María A. quien vio un día cómo una comisión judicial le
arrebató, por orden del banco, su casa y junto al inmueble la custodia
de su hijo, a lo largo y ancho de la geografía española se repiten y se
acumulan los dramas y, últimamente, hasta los suicidios o intentos de
suicidios. Así ocurrió el pasado 25 de octubre, cuando Juan Miguel
Domingo decidió ahorcarse en el patio interior de su casa minutos antes
de que la policía acudiera a expulsarlo de su domicilio por el impago de
una deuda hipotecaria. Tenía 54 años y regentaba una papelería, pero de
pronto la crisis y la falta de clientes lo llevaron a no poder pagar la
mensualidad al banco. Y así, en pocos meses, se vio tan desesperado que
se quitó la vida.
O
el caso de un hombre de 53 años, de origen valenciano, que el pasado 26
de octubre, cuando la comitiva judicial lo iba a desalojar de su casa
se subió a la azotea de su edificio y desde ahí se lanzó al vacío.
Minutos antes se había despedido de su hijo, de 19 años, con un beso en
la frente, roto por el llanto y la desesperación. No murió en su intento
de suicidio, pero se destrozó los brazos y tiene fuertes lesiones en la
cadera. Su evolución médica es positiva, pero su situación sicológica
es devastadora.
También es el caso de Azucena P., con dos hijas de cuatro y dos años,
quien fue expulsada sin piedad de su vivienda y tuvo que volver a casa
de sus padres, a compartir techo y mantel con cinco personas más en un
departamento minúsculo.
Situación similar es en la que están Abdul, Nipa, Shimu y Akter, una
familia de origen árabe que vivía en un humilde departamento de 40
metros cuadrados, que por no cumplir con la hipoteca les fue arrebatado
después de rechazar sus ruegos para renegociar la deuda.
En el norte, en el País Vasco, vive María del Carmen Garmendia, una
mujer de 45 años que hasta hace poco más de un mes vivía con su esposo y
sus dos hijos, uno de ellos con una enfermedad crónica. La pareja se
quedó sin empleo y las escasas ayudas públicas a su situación sólo les
permitían alimentarse y poco más. Y así, poco a poco, fueron acumulando
la deuda con el banco que, de nuevo, fue implacable en la ejecución del lanzamiento.
Otra afectada, ésta de Valencia, explicó así su drama: “Somos una
familia de Alicante con una hija de cuatro años, no podemos afrontar los
pagos de la hipoteca a causa de la crisis. En 2008 empecé quedándome en
paro (desempleada) después de estar en una empresa trabajando durante
varios años seguidos. A principios de 2009 a mi marido lo echaron de la
empresa. A partir de ahí hemos ido tirando con las prestaciones que
hemos cobrado y algún otro trabajo que he podido conseguir. En octubre
se nos acabaron las prestaciones y desde noviembre dejamos de pagar la
hipoteca. Intentamos llegar a un acuerdo con el BBVA haciendo un escrito
de propuesta con lo que podíamos pagar al mes y nos lo rechazaron.
Posteriormente les propusimos hacer la dación en pago y nos la han
vuelto a rechazar, justificando que por haber pedido las ayudas cuando
nos compramos el piso se convierte en vivienda de protección oficial y
que no quieren más cargas a parte de la hipoteca. Ya hemos entrado en
situación de morosidad y el director del banco nos dijo que nos van a
meter ya por vía judicial, y que también perseguirán a mis padres por
haber sido nuestros avales, lo que supone que posiblemente también
perderán su casa. Ellos también tienen hipoteca, pero sólo les quedan
cuatro años por pagar. Así que el BBVA, se va a quedar con dos casas, la
nuestra y la de mis padres, que está prácticamente pagada, porque no
tenemos dinero y no quieren negociar”.
Y
remata la historia con un sentimiento compartido por miles de familias
españolas: “Ahora mismo el temor que tenemos es que cuando llegue el
desahucio nos quedaremos en la calle, seguramente con deuda de por vida y
arrastraremos a mis padres, así que se quedarán sin su casa, cosa que
no queremos y es lo que más miedo nos da. Por eso pedimos justicia para
todas las familias que nos vamos a quedar en la calle por culpa de esta
maldita crisis y los malditos bancos que no ponen nada de su parte e
intentan arruinarnos la vida”.
Movilización ciudadana
De forma simultánea a los lanzamientos masivos de centenares de miles de
familias, una parte de la sociedad ha reaccionado con un movimiento muy
activo y comprometido. El origen es de hace varios años, al menos en su
etapa primigenia, cuando se fundó la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, a principios del año 2000. Entonces los desalojos por impago
no eran tantos ni el sistema judicial en esta materia era un asunto de
primer interés público.
Pero la crisis se agudizó y los lanzamientos crecieron sin cesar. Así
que la plataforma asistió al nacimiento de un nuevo movimiento, que
surgió en parte por la fiebre de indignación que se vive en España desde
hace unos tres años y que se ha expresado en protestas y movimientos
masivos, como el de los indignados, el 15M o la spanish revolution. Una
de las grandes aportaciones de estas movilizaciones fue la propuesta de
centrar sus actividades en la creación de asambleas de barrio, pequeñas y
operativas, en las que la gente de un círculo más reducido y con
problemáticas en común compartieran sus experiencias e ideas.
De esas asambleas de barrio surgió y se extendió como la pólvora al
resto del país la propuesta de crear células ciudadanas para detener los
lanzamientos por impago de deuda bancaria. La organización, llamada
Stop Desahucios. funciona de una forma muy elemental, pero hasta el
momento ha logrado al menos suspender o paralizar decenas de órdenes
judiciales. Cuando una persona amenazada con ser desalojada acude a
ellos se lanza a través de las redes sociales –Twitter o Facebook– una
convocatoria abierta en la que se da la hora, el día de la ejecución
judicial y, obviamente, la dirección. Normalmente, cuando llega la
comisión judicial se encuentra con centenares de personas sentadas en la
puerta del inmueble, que le impiden llegar hasta la puerta del
domicilio al interventor judicial y a la policía. Se han dado casos en
que el juez civil ha llamado a la policía antidisturbios para desalojar
la zona y ejecutar la orden de lanzamiento.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy se ha negado a reformar la
legislación para proteger más al ciudadano frente a la deuda bancaria o,
al menos, aprobar la “dación en pago” para evitar que las familias y
los ciudadanos con préstamos impagados estén condenados a no superar el
bucle de la pobreza y la marginalidad. La única iniciativa pública ha
sido la aprobación de un “Código de Buenas Prácticas”, en el que le
piden –no obligan– a las instituciones financieras a crear un sistema
responsable que no otorgue créditos de difícil devolución.
De hecho, los jueces encargados de ejecutar las centenares de sentencias
de lanzamientos que se ejecutan a diario han advertido del rotundo
“fracaso” de la medida gubernamental, al tiempo que han alzado la voz
ante lo que califican como un “abuso del sistema” que no se detiene ante
el creciente y cada vez más devastador drama social. El asunto se puso
en manos de una comisión de siete magistrados del Consejo General del
Poder Judicial, que llamó la atención acerca de que el actual sistema
jurídico en materia de créditos hipotecarios se basa en un modelo creado
hace más de un siglo (en 1909). Y los jueces advierten, sobre todo, de
la “mala praxis de las entidades bancarias” y proponen proteger a las
familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de
partida debe ser extender al cliente sobrendeudado (obviamente siempre
que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la
banca recibe del Estado, pues en otro caso el deudor estará abocado a la
ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o
profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda
habitual”.
Los jueces advierten además de las más de 400 ejecuciones hipotecarias,
“no se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico
drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias
que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica
reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de
unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto,
no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria),
simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la
crisis no pueden pagar”.
Otros ciudadanos, como el grupo de 25 afectados por el impago de un
crédito con Banklia –precisamente el banco español rescatado con fondos
públicos y que ha recibido del Estado más de 20 mil millones de euros–,
decidieron protestar frente a una sede del banco en Madrid y quedarse
ahí de acampada hasta que los responsables accedieran a renegociar el
crédito y a suspender las acciones legales para su lanzamiento. Y, por
primera vez, lo lograron, al menos en el caso de Yudith, quien
permaneció apostada en la plaza de Celenque durante varios días, en los
que sufrió desde un ataque de ansiedad hasta desmayos y crisis
nerviosas.
Este caso es uno más del inmenso drama español de nuestros días, y se
inició cuando esta mujer llegó a Barcelona con sus dos hijos en 1989
procedente de la República Dominicana, encontró un empleo estable en el
sector de la hotelería. Tiempo después llegó a vivir a Madrid, donde
nació otra hija, y tras tener varios empleos firmó, en 2005, una
hipoteca con Bankia para adquirir una vivienda de 52 metros cuadrados.
Su sueldo apenas le permitía mantener a sus hijos y pagar una letra
mensual superior a los 700 euros, por lo que alquiló una habitación,
pero tampoco podía pagar el alquiler.
Bankia no tardó en iniciar el procedimiento de lanzamiento, un proceso
que la sumió en una profunda depresión. Pidió un abogado de oficio que
la dejó abandonada a su suerte. Y, de momento, gracias a su protesta y a
permanecer a la intemperie durante varios días, logró suspender la
orden judicial que la hubiera mandado a ella y a sus tres hijos a la
calle. Un caso excepcional entre los centenares de desalojos que se
siguen llevando a cabo a diario en todo el territorio español.
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